Las niñas y adolescentes deben enfrentar, además de la violencia sexual, el olvido de las autoridades.  

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 8 de marzo de 2019.- A pesar de que el embarazo en niñas y adolescentes es uno de los mayores retos que enfrentan los tres órdenes de gobierno para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en Yucatán el registro de la incidencia de los casos por parte de fuentes oficiales no existe o es insuficiente, por lo tanto, no se pueden implementar acciones o programas para combatir esta problemática. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la recolección de datos acerca de las gestaciones en mujeres entre 9 y 19 años debe derivar en políticas públicas que influyan en la disminución de este flagelo que afecta, sobre todo, a las yucatecas más vulnerables.

Sin embargo, el “Diagnóstico sobre embarazo en la niñez y adolescencia”, elaborado en 2018 por la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) en cumplimiento de la novena conclusión a la que llegó el Grupo de Trabajo conformado para responder a la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), revela que no se encontraron cifras actualizadas y, mucho menos, desagregadas por municipios.

El documento señala que el área de la salud es la encargada de llevar registros por rangos de edades, en cuanto a los procesos de embarazo, parto, morbilidad y mortalidad materna, así como el uso de metodología anticonceptiva, con la intención de dimensionar estos temas. No obstante, esto no sucede en Yucatán.

“No hay información bien documentada sobre los embarazos en niñas y adolescentes, ni sus causas, por lo tanto no hay una atención a la problemática”, recalcó Amelia Ojeda Sosa, directora Jurídica de Unasse, al ser entrevistada sobre la realización de este estudio, el cual está disponible en la página de internet del Gobierno del Estado.

La activista señaló que el objetivo al efectuar ese primer análisis fue plantear recomendaciones para echar andar políticas públicas en el rubro, pero con la llegada de la nueva administración estatal no se le ha dado seguimiento, “y todo quedó en un simple trámite”. 

Por cierto, en el sitio web del Consejo Estatal de Población (Coespo), están publicados el Perfil de Salud Reproductiva y el Panorama Sociodemográfico de la entidad, ambos realizados por instancias federales; no obstante, su información corresponde a 2010 y la mayor parte de sus estadísticas contempla a las jóvenes de más de 15 años, mientras que muy poca se ocupa de las que se encuentran entre los 12 y los 15. 

Es más, hay un vacío de datos en cuanto a las menores de nueve a 12 años. Es decir, las políticas públicas no contemplan a las niñas, pues éstas no están integradas en la preocupación y, por lo tanto, las normativas relativas a sus derechos reproductivos no existen en Yucatán, aunque fisiológicamente sí puedan gestar.

Niñas y adolescentes yucatecas, entre la violencia y el olvido

De acuerdo con el estudio “La pieza faltante. Justicia reproductiva” del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en Yucatán el porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que tuvieron una hija o hijo en 2015, cuando se puso en marcha la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), fue de 17.1, apenas por debajo de la media nacional que alcanzó el 17.8.

En dicho documento publicado en noviembre del año pasado, durante 2016 y 2017 los índices de embarazos que alcanzó la entidad para ese mismo grupo de edad fueron de 16.6 y 16.5, respectivamente, mientras que el promedio mexicano fue de 17.2 y 16.5, en ese orden.

Por su parte, el “Diagnóstico sobre embarazo en la niñez y adolescencia” de Unasse, efectuado con base en entrevistas a actores clave involucrados en la atención de esta problemática, indica que la situación es alarmante, pues la mayor parte de las gestaciones en este sector de la población está asociado a la violencia, principalmente con la de tipo sexual.

Con respecto al contexto, la organización subraya que este flagelo tiene alta incidencia en municipios que enfrentan rezago en rubros como acceso a los servicios de salud y educación. Mientras que las niñas y adolescente embarazadas deben luchar, además, contra el estigma y la discriminación en sus comunidades. 

Aunado a ello, según GIRE, Yucatán es el tercer estado de la República con mayor necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos entre las mujeres de 15 a 24 años. De acuerdo con el informe citado, el 31.6 por ciento de ellas no tuvo acceso a estos profilácticos y se ubican sólo detrás de las chiapanecas (34.3) y las oaxaqueñas (31.6), muy por encima de la media nacional (23.5).    

No le han dado seguimiento 

Ojeda Sosa criticó que el Gobierno que encabeza Mauricio Vila Dosal no le ha dado seguimiento al mencionado Diagnóstico que realizaron en 2018, por lo que pareciera que el documento se quedó en “un requisito” durante el proceso de solicitud de la AVGM.

“Presentamos las recomendaciones que consideramos para atender la problemática, pero fue todo, nunca nos han llamado para sentarnos a revisar cómo le van a hacer para implementarlas”, lamentó.

La abogada señaló que no saben si para el Ejecutivo este análisis fue suficiente o si se requiere algo más qué hacer, “no nos convocaron para hablar sobre qué se necesita,  quién se va a hacer cargo o quién le va a dar seguimiento”.

Enfatizó que para poder llevar a cabo políticas públicas para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes yucatecas, primero se tiene que conocer la situación actual a través de información y estudios serios.