Al menos 26 periodistas sufrieron ataques durante el año pasado, de acuerdo con Artículo 19.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 3 de mayo de 2021.- De acuerdo con el reporte “Distorsión: El discurso contra la realidad” de la organización Artículo 19, al menos 26 periodistas sufrieron agresiones en Yucatán durante 2020, es decir, más de dos cada mes del año pasado.

Esta asociación internacional que se dedica a la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, colocó a la entidad como la novena con más ataques contra quienes se dedican a este oficio, incluso por delante de sitios en los que se registran altos índices de violencia como Guanajuato, Chihuahua, Michoacán y Tamaulipas.

A nivel nacional, de 2000 a 2020, 137 personas fueron asesinadas ejerciendo esta labor, según el documento. Llama la atención que México, desde 1988, se suscribió a mecanismos de defensa como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin embargo, poco vale este compromiso, si la censura se practica en las filas del propio Estado.

Es importante señalar que las agresiones a las y los periodistas no se pueden limitar a las lesiones físicas, en el derecho internacional y los pactos suscritos por México, se considera que censurar o impedir el acceso a información es una falta y un atentado contra los derechos humanos.

La CIDH determinó en una jurisprudencia que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre. No se puede hablar de democracia sin libertad de expresión.

Este 3 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa, fecha calendarizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para reconocer el valor de aquellas mujeres y hombres que, pese a las nulas o ínfimas condiciones laborales, ejercen este noble oficio.

En México el ejercicio periodístico y la libertad de expresión está previsto en los artículos 6 y 7 de la Constitución, así como en el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los que se establece que nadie puede prohibir o limitarla.  Lamentablemente, en la práctica los gobiernos no respetan sus propias leyes.

Es importante resaltar que la CIDH destacó ciertos puntos como obligaciones de los Estados, tales como evitar juicios y criminalizar a los periodistas y a las personas que deciden hacer públicas sus historias.

“Las opiniones vertidas (por la víctima) no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. El Estado debe abstenerse de actuar de manera tal que propicie, estimule, favorezca o profundice esa vulnerabilidad y ha de adoptar, cuando sea pertinente, medidas necesarias y razonables para prevenir violaciones o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación” se lee en un fragmento de la jurisprudencia de la CIDH: de la Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia sobre el Caso Carvajal y otros, de 2018.

Al igual que los defensores de derechos humanos, las y los periodistas están contemplados en mecanismos de protección internacional y en caso de ser víctimas de un gobierno donde no se respeten los principios básicos de la libertad de expresión, o se intente ejercer presión para seguir una misma línea, se puede recurrir al juicio de amparo, incluso para solicitar al Estado cumplir sus obligaciones básicas como proporcionar información.

***En caso de sufrir amenazas de cualquier tipo por el ejercicio de la profesión puedes contactar algunas organizaciones como Artículo 19, la representación en México del Comité de Protección para Periodistas (@pressfreedom), La Red Nacional de Defensoras, Reporteros Sin Fronteras.