El 36.5 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia obstétrica, la sexta cifra más alta del país, mientras que el 49.1 por ciento de los nacimientos se da por cesárea, el número más alto de México. 

En julio del año pasado, este tipo de maltrato se tipificó en la entidad con penas que van de uno a 10 años de prisión; sin embargo, agrupaciones que defienden los derechos reproductivos señalan que las medidas punitivas no son efectivas para atender los problemas estructurales que lo causan.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 23 de mayo de 2020.- De acuerdo con la organización Elementa DDHH, al personal de salud que atiende a las mujeres de Yucatán durante el embarazo, parto y posparto le hace falta incorporar la perspectiva de género en el ejercicio de su profesión, pues el 36.5 por ciento de ellas indica haber sido víctima de violencia obstétrica.

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) define este tipo de agresión como los maltratos que sufren las mujeres al ser juzgadas, atemorizadas, humilladas o lastimadas física y psicológicamente en los lugares que prestan servicios médicos durante la gestación, el nacimiento de sus hijas e hijos, y el puerperio. 

Entre sus características se encuentran practicar una cesárea existiendo las condiciones para el parto natural y sin el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer; obligar a parir acostada y/o inmovilizada; negar u obstaculizar la posibilidad de cargar y amamantar inmediatamente después del nacimiento, así como no atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas.

Con esa cifra, la entidad se encuentra por encima de la media nacional de 33.4 por ciento y en el sexto lugar con mayor incidencia de esta problemática, después del Estado de México (39.5), la Ciudad de México con (39.2), Tlaxcala con (37.7), Morelos con (37.2) y Querétaro con (36.9), según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016.

En cuanto a la incidencia de partos por cesárea, Yucatán se sitúa en el primer lugar del país con 49.1 por ciento, mientras que Zacatecas es la entidad con menor índice en el rubro con 29.3, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) del gobierno federal. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda un máximo de 15 por ciento de procedimientos de este tipo.

Por su parte, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) sostiene que “los índices de cesáreas son el indicador más evidente de una cadena de prácticas negativas que se realizan en el marco de la atención del embarazo, el parto y el puerperio”.

También hay que recordar que apenas en marzo del año pasado, el gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso del Estado una iniciativa para “tipificar diversas conductas cometidas por el personal médico, paramédico, de enfermería y administrativo de las instituciones de salud, públicas o privadas, durante el embarazo, el parto, el puerperio o en emergencias obstétricas de las niñas, adolescentes o mujeres”.

De esta forma, desde julio de 2019, cuando la propuesta fue ratificada por el Legislativo local, el Código Penal de la entidad reconoce la violencia obstétrica como un delito que se castiga con uno a cinco años de prisión y, en caso de muerte de la madre o del producto o ambas, hasta diez.

Sin embargo, GIRE ha hecho hincapié en que “la criminalización de una conducta debe ser la última medida a utilizar para lograr el respeto y garantía de los derechos humanos y el orden social”. Esta asociación considera que esta clase de sanciones podría inhibir la actuación del personal de salud.

La vía penal “no promueve un cambio de mentalidad ni de políticas públicas para prevenir y erradi­car la violencia obstétrica, puesto que no atiende a los problemas estructurales que subyacen en su perpetuación”, se puede leer en su Informe 2015.

El Grupo invita reforzar el marco normativo y de derechos humanos, además de establecer sanciones administrativas o civiles para quienes incurran en esta práctica. “Para otro tipo de conductas, en lugar de fórmulas penales que podrían ‘engrosar’ el poder criminalizador del Estado más que poner fin a la problemática estructural, habría que buscar alternativas de solución”, concluye el estudio. (Fotografía de Isabel García)