En total,  se anunció la suspensión o remoción de 21 fedatarios en Yucatán, por irregularidades en perjuicio de la ciudadanía.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 17 de enero de 2019.- Aunque no se detallaron las razones, el consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Mauricio Tappan Silveira, anunció que dos notarios Públicos de Yucatán fueron suspendidos temporalmente, por cometer diversas irregularidades en perjuicio de la ciudadanía.

En rueda de prensa, agregó que fueron inhabilitados por 180 días Carlos Tomas Goff Rodríguez y Mario Enrique Montejo Pérez, titulares de las Notarías Número 97 y 74, respectivamente.

También fueron removidos de sus funciones de manera permanente 11 escribanos Públicos de Dzitás, Hunucmá, Maní, Progreso, Sacalum, Sotuta, Teabo, Ticul, Kanasín y Mérida. Están en proceso de destitución ocho más.

Por primera vez desde que se promulgó la Ley del Notariado de Yucatán, vigente desde 2011, se hicieron valer los artículos 126 y 148 fracción III inciso h, en el cual se detallan las causas y motivos para la suspensión: cuando incurren en algún delito, ejerza sus funciones indebidamente o no desempeñe personalmente sus funciones.

En total, explicó Tappan Silveira, son 21 los fedatarios públicos a los que hoy se anuncia su suspensión o remoción y que todos ellos ya han sido notificados.

Mientras tanto, la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, declaró que el mandatario Mauricio Vila Dosal se comprometió a encabezar una administración enemiga de la corrupción y la impunidad, por lo que las medidas legales del cese están encaminadas a refrendar ese objetivo.

El consejero, por su parte, sostuvo que la gestión que representa, con el apoyo del Consejo de Notarios local, verificará que los fedatarios suspendidos no continúen realizando sus funciones, tanto los que fueron sancionados de manera temporal como a los que se les revocó su nombramiento.

Añadió que quienes tengan trámites pendientes con dichas personas no sufrirán perjuicio alguno, por lo que pueden acudir al Archivo Notarial, a la Consejería Jurídica  o al Consejo de Notarios del Estado.