El 98,9 por ciento de las personas que denunciaron un delito no continúan el proceso porque perciben una actitud hostil o desinterés por parte de las autoridades.

En la entidad, sólo 12.2 por ciento de las carpetas se judicializan. Es decir, más del 80 por ciento de las denuncias son desechadas. 

Por Iuridae Escalante 

Mérida, Yucatán, 10 de octubre de 2022.- En Yucatán, las personas que son víctimas de un delito además de tener escasa relevancia para las autoridades también se enfrentan a la problemática de no recibir justicia a pesar de llevar a cabo el proceso penal que el sistema exige. 

Como mencionamos anteriormente, la organización no gubernamental México Evalúa reveló que en su informe Hallazgos 2021: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México que en la entidad en porcentaje de cifra negra respecto a los delitos cometidos es de 94.1, es decir, el panorama que se muestra en las cifras oficiales no refleja la realidad que viven los habitantes del estado. 

La investigación de la ONG señala que la mayoría de las personas víctimas de un delito decide no denunciar porque lo considera una pérdida de tiempo y un porcentaje de las personas que denuncian no continúan el proceso porque perciben una actitud hostil o desinterés por parte de las autoridades; de hecho, el 98.9 por ciento de las personas que no continúan con la integración de su carpeta de investigación argumentó esta razón. 

Y del escaso porcentaje que continúa el proceso carece de la asesoría jurídica que se presta a través de las Comisiones Ejecutivas Estatales de Atención a Víctimas

(CEEAV). Yucatán redujo 11.5 por ciento este tipo de atención. 

“La asesoría jurídica que se presta a través de las CEEAV resulta esencial para garantizar los derechos constitucionales de las víctimas, desde el inicio mismo de la investigación”, destaca México Evalúa. 

Falta de asesoría y culminación temprana de la investigación: sólo 12.2 por ciento de las carpetas se judicializan. Es decir, más del 80 por ciento de las denuncias son desechadas. 

Además, más de la mitad del total de víctimas tienen que llevar a cabo el proceso judicial admitiendo que las personas que señalan como responsables de un delito continuarán en libertad. 

La aplicación de medidas cautelares en libertad es de 55.3 por ciento, mientras que en prisión preventiva oficiosa es de 23.9 por ciento y en prisión preventiva justificada es 20.8. 

Y si pese a todas las adversidades, una víctima continúa su lucha por la justicia y acepta un acuerdo reparatorio, sólo 62 por ciento verá cumplido este acuerdo. Yucatán tiene una tasa de más de 22 puntos por debajo de la media nacional (88.4) respecto al cumplimiento de acuerdos reparatorios. 

Cabe destacar que el objetivo del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio es garantizar la solución de conflictos de una manera más pronta, eficiente, sin que el culpable quede impune y que los daños causados se reparen. 

Es decir, su fin más que encarcelar personas es ofrecer la reparación del daño y otro tipo de sanciones para los responsables. Siempre y cuando se trate de delitos no graves. 

Sin embargo, en el estado la mayoría de los procesos que culminan lo hacen a través de una sentencia condenatoria ya sea en juicio oral o en procedimiento abreviado, lo que significa que las víctimas no viven un proceso rápido. 

En un porcentaje sumamente bajo los delitos son sancionados tomando Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias como un acuerdo reparatorio, suspensión condicional del proceso o un criterio de oportunidad.