La autoridad judicial le recordó a la universidad que no puede usar su autonomía para transgredir derechos humanos de los estudiantes.

Se confirmó la sentencia de amparo a favor del joven Osvaldo, pues se violó su derecho a la educación, al debido proceso y a la audiencia, debido a diversas irregularidades cometidas por la casa de estudios durante el proceso de inscripción.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 18 de marzo de 2022.- El joven Osvaldo de Jesús Burgos Tzuc luchó por sus derechos humanos y la justicia le dio la razón, por lo que podrá seguir estudiando en la Facultad de Veterinaria. Un Tribunal Colegiado ratificó la sentencia en la que se le otorgó un amparo, pues quedó demostrado que la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) violó sus derechos durante el proceso de inscripción a la licenciatura en el año 2020.

Los asesores jurídicos que lo acompañaron, René Ramírez Benítez y Arturo Becerra Bazán, de Lexfor Abogados, recordaron que la casa de estudios vulneró de forma unilateral su derecho a la educación, al debido proceso y a la garantía de audiencia. Con las pruebas y los alegatos que presentaron, las autoridades judiciales protegieron al alumno.

Como se recordará, el joven originario de la comunidad maya de Euán en el municipio de Tixkokob, aprobó el examen de admisión a la Facultad Veterinaria, pero cuanto intentó subir a la plataforma de internet de la UADY sus documentos para la inscripción, éstos no se pudieron cargar, al parecer por problemas de conectividad.

A pesar de que por diversos medios intentó dialogar con las autoridades universitarias para explicar que dicho sistema digital no le permitía enviar la documentación y que no tenía accesibilidad a internet en la comisaría en donde vive, éstas no lo recibieron ni aceptaron una audiencia. Simplemente no permitieron que se inscriba e intentaron que quedara fuera de la universidad, a pesar de que trató de entregar sus documentos de forma física.

Tras esta irregularidad, Osvaldo presentó una demanda de amparo y el Juzgado Segundo de Distrito dictó medidas cautelares para que la UADY le permita tomar clases en cuanto se resuelva el caso. A mediados del año pasado ganó el amparo, pero la universidad presentó un recurso de revisión.

El asunto llegó al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativo del Decimocuarto Circuito de Mérida, y entre las exposiciones de la impugnación llamó la atención que la UADY señaló que con la sentencia se estaba vulnerando su autonomía.

“Finalmente el Tribunal resolvió que hubo un correcto análisis de fondo de los hechos ocurridos y confirmó la sentencia del Juez de Distrito. Al alegato de la universidad, le respondió que la autonomía universitaria no puede usarse como excusa para transgredir derechos de los estudiantes”, explicó el abogado René Ramírez.

Además, el Tribunal Colegiado le recordó a la UADY que como autoridades administrativas -en esto caso, académicas- debió respetar el debido proceso, ya que Osvaldo acreditó en el juicio que en múltiples ocasiones intentó aclarar qué había pasado con sus documentos durante el proceso de inscripción.

“Cabe mencionar que el Tribunal hizo énfasis en que no estuvo a discusión si el alumno era regular o no, o si se subió la documentación o no a la plataforma. La controversia fue si hubo irregularidades en el proceso de admisión,  ya que la UADY, como autoridad administrativa, debió de hacerle de conocimiento al alumno de la situación para que tenga derecho a audiencia y aclarar lo que estaba sucediendo”, abundó.

De igual forma hizo un señalamiento de que las autoridades académicas tienen que salvaguardar el derecho a la educación de los estudiantes. Por tal razón, sus actos deben realizarse, en todo momento, conforme a lo que establece la Constitución y la ley, para no vulnerar ese derecho fundamental.

Además, tanto el Juez de Distrito como el Tribunal recalcaron que el mecanismo que empleó la UADY para el proceso de inscripción resultó desproporcional y desigual, por lo que vulneró el principio de no discriminación, ya que no todos los estudiantes tienen acceso a los medios digitales.

“La brecha digital es un fenómeno que existe en el país, sobre todo en los municipios del interior del estado. De hecho el quejoso es originario de una comunidad alejada y vive en una situación de extrema vulnerabilidad, por lo que la universidad debió contemplar otros mecanismos para recibir su documentación”, señaló René Ramírez.  

El Tribunal también sentenció que todos los procedimientos administrativos de la universidad tienen que ajustarse en este tipo de situaciones para que se garanticen los derechos humanos de los alumnos.

El abogado insistió que se confirmó que se violó el derecho humano a la educación, al debido proceso y a la audiencia, por lo que ya es cosa juzgada. Eso sí, destacó que la casa de estudios actuó de forma diligente para cumplir con la sentencia, por lo que está sentando un buen precedente.

Sin duda, recalcó, se está generando una ventana de oportunidad para que en escenarios tan complejos, como en la actual pandemia de Covid-19, se refuercen los procesos administrativos y se respeten los derechos humanos.

“Osvaldo está muy contento con esta resolución. Es el primer integrante su familia en tener formación universitaria, el primero en estudiar una carrera, por lo que todos están felices de que está cumpliendo su sueño”, destacó el abogado.

Dañaron su imagen, pero no va a denunciar a la UADY.

Cabe mencionar que como parte de la resolución del Tribunal Colegiado, quedaron salvaguardados los derechos de Osvaldo en caso de que decida proceder legalmente en contra de la UADY, ya que se evidenció que hubo un daño grave a su imagen.

Se constató que se utilizó a la institución y a los medios de comunicación institucionales para desvirtuar este caso e impactar negativamente la imagen del alumno, lo que pudo ocasionar afectaciones a su salud mental.

Como se recordará, cuando el joven pidió ayuda a los medios de comunicación para dar a conocer su caso, la UADY respondió con un comunicado de prensa oficial para recalcar que él “no cumplió con los requisitos complementarios para inscribirse”. Además, sostuvo que al finalizar el proceso, el sistema institucional no registró que el aspirante haya accedido en los días establecidos para el proceso de entrega de documentos.

Este comunicado se replicó en diversos medios de comunicación de Yucatán, lo que generó burlas, criticas y expresiones racistas y clasistas en contra de Osvaldo. Incluso fue tachado de “mentiroso” y “flojo”.

A pesar de que el Tribunal constató esta vulneración y de que hubo una estrategia de comunicación muy agresiva, el joven ha decidido no proceder en contra de la UADY, pues su único interés fue que se le protegiera su derecho a estudiar.