De acuerdo con CartoCrítica, el 87 por ciento de las hectáreas deforestadas para la construcción de este megaproyecto no cuenta con autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales.

Por Itzel Chan

Mérida, Yucatán, 2 de agosto de 2023.-Tanto el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recaen en delitos ambientales porque han sido taladas sin autorización 5 mil 739 hectáreas de selva para la construcción del Tren Maya.

Así lo dio a conocer el equipo de CartoCrítica, que realizó un análisis sobre la deforestación que conlleva la construcción de este megaproyecto en el sureste del país.

De manera general, las construcciones de este proyecto tienen una superficie de 10 mil 831 hectáreas, pero se registró que en total son hasta ahora 6 mil 659 hectáreas de selva deforestadas.

De dicha cantidad, 87 por ciento, es decir  5 mil 739 hectáreas no cuentan con autorizaciones de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) por parte de las autoridades ambientales de México.

En medio de toda la polémica que ha desatado la construcción del Tren Maya, tanto académicos, investigadores y los mismos habitantes de las zonas aledañas a las construcciones han denunciado afectaciones en cuanto a la biodiversidad, en el acuífero y la red de cuevas y cenotes.

Ahora se unen las observaciones hechas por el equipo de CartoCrítica y debido a su trabajo, fue identificado que los tramos donde ha ocurrido mayor desmonte sin autorización son el Tramo 4 (Izamal – Cancún) con mil 316 hectáreas, el tramo 6 (Tulum – Chetumal) con mil 308 y el tramo 5 (Cancún – Tulum) con 851 hectáreas.

Al respecto, Manuel Llano, en representación de CartoCrítica, hizo hincapié en que la deforestación detectada va más allá de los permisos que ha otorgado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

«Hasta en el tramo 5 sur, existen autorizaciones, pocas, mal, incompletas, tardías, pero dentro del tramo 6 y 7 no tenemos una sola autorización, pero sí deforestación», indicó.

Específicamente en esos tramos son dos mil 89 hectáreas de selva taladas sin autorización alguna.

Detalló que de las 10 mil 831 hectáreas que abarca el proyecto, algunas eran de uso humano, pero el 61 por ciento  eran de vegetación natural en donde se identificaba selva baja y mediana.

«Es alarmante que el 87 por ciento de la superficie deforestada no cuente con autorización, entonces este es un llamado hasta para la Sedena porque es encargada de la construcción», añadió.

En rueda de prensa, las y los ponentes aseguraron que pese a no tener permisos, el Fonatur ha deforestado también en algunos tramos en donde debería haber una suspensión como consecuencia de amparos.

«Por ejemplo, en el municipio de Othón P. Blanco no hay autorización alguna, pero sí deforestación», puntualizó.

Con la herramienta que presentaron (https://cartocritica.org.mx/2023/tren-maya-analisis-de-la-deforestacion-y-gestion-forestal/) aseguraron que es posible identificar en donde hay deforestación legal e ilegal. 

Tan sólo en el mes de junio fueron deforestadas 104 hectáreas, de las cuales sólo una cuenta con autorización de cambio de uso de suelo.

«Invitamos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a los Juzgados, que son los responsables de vigilar que hagan cumplir las leyes porque no son opiniones, son datos duros e imágenes satelitales», aseguró.

Sergio Madrid, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), compartió que el Tren Maya viene a sumarse a otros proyectos que ya promueven la deforestación a gran escala en la Península de Yucatán y además potenciará otros de tipo energéticos, turísticos, inmobiliarios y agroindustriales que han sido responsables de la deforestación de entre 40 mil y 90 mil hectáreas de selva por año en esta zona del país.

Viridiana Maldonado, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), expuso que los desmontes detectados han sido en contra de las leyes y además son violatorias a los derechos humanos de comunidades indígenas.

Además, recordó que hay una suspensión definitiva, otorgada por el Juzgado Primero de Distrito de Yucatán y Fonatur debería suspender las actividades de tala en los tramos  3, 4, 5 Norte y 6 y de lo contrario, recae en desacato, pero también en un delito federal. 

En un panorama en el que el Fonatur considerara solicitar los permisos, dijo que le tendrían que ser negados porque se tiene que esperar un periodo de 20 años para que los ecosistemas se regeneren. Así, exigió una inspección precisa por parte de la Profepa.

«Vemos que Profepa ha sido pasiva; sabemos que se han presentado un sinfín de denuncias populares y les hemos pedido se manifiesten ante los posibles delitos, pero se han mantenido pasivos en su actuar», recalcó.

De acuerdo con el Código Penal, las penas por delitos ambientales pueden causar penas hasta por nueve años de prisión para quienes realizan desmonte sin autorización para cambio de uso de suelo.

«Esto también es un llamado al Poder Judicial para que se amplíe la suspensión», agregó.

Para la deforestación de las 6 mil 559 hectáreas de selva sólo se registraron 18 autorizaciones de cambio de uso de suelo y ocho Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). Dentro de la selva deforestada se registra también la tala de 70 hectáreas de manglar y petén.