Aseguran que los sistemas geohidrológicos kársticos están en riesgo, debido a que la región se caracteriza por su fragilidad y por el compromiso de su manto freático con graves problemas de sobreexplotación y contaminación en la zona metropolitana. Además, el proyecto ferroviario amenaza a Cuxtal.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 7 de abril de 2021.-La agrupación Articulación Yucatán, conformado por académicos e investigadores, envió una carta a las autoridades federales y estatales en la que manifiesta su preocupación sobre los impactos del proyecto del Tren Maya al acuífero de Yucatán y en particular a la ciudad de Mérida, sobre todo porque hasta el momento no está tomado en cuenta la deficiencia en el tratamiento de aguas residuales.

Indicó que durante diversos eventos públicos en 2019 y 2020, este colectivo y varios expertos de distintas áreas señalaron su preocupación por la deficiencia en el análisis de los impactos sociales y ambientales de esta obra en la Península de Yucatán. Estas denuncias incluyen el riesgo que corren los sistemas geohidrológicos kársticos de una región caracterizada por su fragilidad y por el compromiso de su acuífero subterráneo, con graves problemas de sobreexplotación y contaminación en la zona metropolitana más poblada, que comprende los municipios de Mérida, Umán, Kanasín y Conkal, con más de un millón de habitantes.

En la carta mencionó que, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Yucatán adolece de insuficiente alcantarillado y de capacidad para tratar sus aguas residuales, lo que se traduce en un estado de continua contaminación del manto freático peninsular.

“Esto ha sido señalado durante el 2020, tanto a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), durante el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental para la Fase 1 del Tren Maya, así como en los foros organizados por el Instituto Municipal de Planificación de Mérida (IMPLAN). En estos foros se identificaron y denunciaron serias incongruencias sobre los datos de la capacidad municipal de procesamiento de agua residual y la continuación de las actividades de planificación municipal con diferentes escenarios del proyecto”, recalcó Articulación Yucatán.

Agregó que esta inconsistencia en los datos no ha sido identificada ni abordada por IDOM Urbanística -empresa encargada de la obra-, ni por ONU-Habitat, ni por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ni por el IMPLAN. 

“Esta cadena de responsabilidades ilustra perfectamente la falta de participación efectiva de las autoridades locales, municipales y estatales, en el proceso de toma de decisiones sobre un proyecto que impacta profundamente a la región. Asimismo, se evidencia la ausencia de expertos sobre el karst y el acuífero de Yucatán, lo que denota un problema grave en el proceso de planeación y ejecución de este importante proyecto federal”, sostuvo.

En otro punto, Articulación Yucatán recordó que la Reserva Municipal “Cuxtal”, declarada como una zona sujeta a conservación ecológica, fundamental para la recarga del acuífero y diversos servicios ambientales de Mérida, está amenazada por el Tren Maya.

Explicó que sin contar con el derecho de vía, esta zona corre el riesgo de ser fragmentada no sólo por la construcción de las instalaciones ferroviarias, sino también por el paso continuo de trenes durante los próximos 50 años. 

Además, este territorio es habitado por población maya que no ejerció su derecho a la libre determinación, de acuerdo con compromisos internacionales del Estado Mexicano.

La asociación enfatizó que pesar de las numerosas denuncias que se han hecho de manera pública y continua sobre esta problemática, las autoridades corresponsables no han dado respuestas concretas y, al contrario, se han encargado de evadir sus responsabilidades y de minimizar o desprestigiar a los denunciantes, avanzando en sus planes y obras alrededor del Tren Maya. 

Es en este sentido, las y los firmantes de la carta solicitan una audiencia pública en la que  se construya el futuro de la región a través del debate público, garantizando el acceso a la información, a la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, ratificado por el gobierno de México en enero de 2021.