El diputado del PRI, Gaspar Quintal, explicó que el dictamen fortalece las instituciones públicas para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 6 de abril de 2022.- Luego del lamentable caso de la detención y posterior deceso del joven José Eduardo Ravelo Echavarría, el Congreso del Estado aprobó reformas para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Yucatán, que fueron presentadas por el diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra.

Desde la Tribuna del Pleno, explicó que este proyecto de decreto tuvo como antecedentes los lamentables hechos acontecidos el año pasado en los que el joven veracruzano, de acuerdo con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), fue víctima de una retención ilegal y uso excesivo de la fuerza policiaca que derivó en tortura y, presumiblemente, tuvo como consecuencia su fallecimiento.

El coordinador de la bancada del PRI precisó que organismos internacionales y nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitieron diversas observaciones para que las instituciones procuren salvaguardar la dignidad humana.

Por tal razón, señaló, se reformará el sistema jurídico estatal con un enfoque en la prevención, atención, investigación y en su caso, sanciónde los actos que constituyan tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes en Yucatán, ampliando los esquemas que fortalezcan el funcionamiento de las instituciones públicas. 

El decreto  plantea reforzar  las atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como garantizar la reparación integral a las víctimas de tortura; y se actualiza el contenido del Programa Especial de Atención a Víctimas, incluyendo un apartado de atención a víctimas de tortura, con especial atención a las que se encuentran privadas de su libertad.

Además, se amplían las atribuciones del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) para implementar programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos relacioandos con la tortura.

De igual forma se adicionan facultades a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) para que puedan acceder en forma inmediata a lugares en donde se encuentren personas privadas de la libertad, para la realización de tareas de supervisión y dar cuenta de posibles violaciones a derechos humanos.

Asimismo se establece la obligación de prestar servicios de peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y psicológica, con perspectiva de derechos humanos y experiencia en casos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, bajo los estándares previstos en el Protocolo de Estambul.

Gaspar Quintal sostuvo que también se creará la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos Crueles, Inhumanos y Degradantes en la Fiscalía General del Estado (FGE);  y se dota de competencias a la Secretaria de Salud (SSY) para la realización de actos preventivos e identificación de posibles casos de los mencionados delitos a través de un programa encaminado a su prevención.

Por último, el dictamen recalca que las instituciones policiacas contarán con obligaciones específicas establecidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes                                                                                                                            

“La seguridad de la que gozamos en Yucatán es un bien que es responsabilidad de todos preservar. Exigimos toda la fuerza del Estado a quienes realizan actos delictivos que amenazan nuestra seguridad; y de igual manera, con el mismo énfasis, exigimos el respeto a los derechos de los ciudadanos que cumplen con la ley y todos los días trabajan por sacar adelante a sus familias; lo primero no justifica la ausencia de lo segundo”, declaró el legislador.

Recalcó que es imprescindible que desde el Congreso del Estado se actúe con decisión para garantizar la no repetición de actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes; garantizar la investigación en su caso, y garantizar su sanción, con todo el peso de la ley, a quien la realice, a fin de lograr su erradicación en Yucatán.