El diputado del PRI, Gaspar Quintal, planteó la creación del tipo penal del delito de tortura y la de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Código Penal de Yucatán, así como la creación de una Vicefiscalía Especializada para investigar estos casos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 29 de septiembre de 2021.- El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso del Estado, Gaspar Quintal Parra, presentó una iniciativa para reformar diversas normativas para erradicar y sancionar los casos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes en Yucatán. Recalcó que es necesario adoptar estas medidas para evitar que se repitan crímenes como el de José Eduardo Ravelo Echavarría.

En su intervención en la Tribuna del Pleno, recordó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey) informó que en el 2019 atendió 63 casos de este tipo, y que en el 2020 se registró el fallecimiento de cinco personas en situaciones en las que se involucraron elementos policiacos estatales y municipales

Además, recordó el crimen de José Eduardo, recalcando que murió a causa de actos susceptibles de constituir tortura, abuso sexual y lesiones, por lo que es imprescindible procurar la no repetición, adoptando las medidas legislativas que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades de todas las personas en Yucatán.

El priísta explicó que si bien es cierto que a nivel local se realizó una armonización con la Ley General al modificar distintos ordenamientos y se abrogó la antigua Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del Estado de Yucatán, se ha detectado rubros que deben ser reformados debido a que no hay una adecuada distribución de competencias entre las autoridades.

Por tal razón, propuso reformar siete normativas, desde el ámbito administrativo y penal, y que se genere un plan estatal que considere la capacitación del personal de seguridad pública, políticas de prevención, programas de atención a víctimas y  medidas de protección eficaces en estos casos.

En ese sentido, planteó modificar la Ley de Víctimas del Estado para facultar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, así como para garantizar la reparación integral a las víctimas del delito de tortura.

También que se cree el tipo penal del delito de tortura y la de tratos crueles, inhumanos y degradantes en el Código Penal de Yucatán, así como un catálogo de supuestos agravantes para la persona que cometa el ilícito, imprescindible para adoptar una competencia local, sobre todo cuando los actos sean cometidos por servidores públicos locales y municipales.

De igual forma facultar a la Codhey para que pueda acceder en forma inmediata a lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad, con el fin de supervisar y dar cuenta de posibles violaciones a derechos humanos y cumplan con la prestación del servicio de peritaje cuando así se lo requiera la víctima.  En este apartado, señaló que se deberá constituir un grupo de peritos en las especialidades de la medicina y psicología con perspectiva de derechos humanos y experiencia en estos casos.

Asimismo, reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas para considerar como faltas administrativas graves cuando servidores públicos, vinculados con actos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes, abstengan una denuncia y nieguen acceso a autoridades a que realicen acciones de inspección en lugares donde se encuentren personas privadas de la libertad.

En cuanto a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, planteó dotar de la atribución del Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (Cepredey) de implementar  programas y acciones para prevenir y fortalecer el combate de los delitos de tortura.

Gaspar Quintal también propuso la creación de la Vicefiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Actos crueles inhumanos y degradantes, atendiendo el mandato de la Ley General en la materia

Por último, cambiar  la Ley de Salud para dotar de competencia de la Secretaría de Salud de realizar actos preventivos e identificación de posibles casos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes; y cuatro artículos transitorios donde se reconoce la necesidad de prever partidas presupuestarias para el cumplimiento del decreto.