Un Tribunal Colegiado declaró inconstitucional parte del Reglamento de la Policía que las discrimina y estigmatiza.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 4 de septiembre de 2021.- Un grupo de mujeres transgénero que se dedica al trabajo sexual en diversas zonas de la ciudad, obtuvo un amparo en contra del Reglamento de Policía y Buen Gobierno de Mérida, debido a que éste las discrimina y estigmatiza, y no debería impedirles que trabajen en la vía pública.

Al resolver el amparo en revisión 100/2020, el pasado 2 de septiembre de 2021, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito con sede en Mérida, determinó declarar inconstitucional la fracción VI del artículo 15 del mencionado Reglamento.

Como se recordará, el 14 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Mérida, que preside Renán Barrera Concha, aprobó dicha norma que estableció la prohibición y sanción del trabajo sexual en la vía pública. Frente a ello, en octubre de ese mismo año, un grupo de mujeres transgénero que se dedica al trabajo sexual, presentó un amparo, mismo que se radicó en el Juzgado Segundo de Distrito, que el 20 de enero de 2020 emitió una sentencia desfavorable en perjuicio de las trabajadoras, bajo el argumento de que no habían acreditado la afectación que ese reglamento les causaba, ni su calidad de trabajadoras sexuales. 

Frente a ello, las demandantes presentaron un recurso de revisión mismo que le tocó resolver al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, que el pasado jueves determinó revocar la sentencia del Juez Segundo de Distrito y amparar a las trabajadoras sexuales, decretando la inconstitucionalidad de la fracción VI del citado artículo 15 del Reglamento municipal.

Al resolver el recurso de revisión, el Tribunal Colegiado señaló que el Reglamento produce una afectación directa para las trabajadoras sexuales, pues como tercero que se dedica a la prestación de servicios sexuales remunerados y siendo una persona transgénero, “se ve afectado  debido a la estigmatización por discriminación que la norma  impone, al catalogar su labor como una que atenta contra la  dignidad de las personas y por ende se prohíbe sobre la base de  una valoración negativa del oficio lícito que desempeña”.

Además, explicó que exigir a las trabajadoras que acrediten que se dedican al trabajo sexual implica una doble discriminación, dado que se está en presencia de un grupo vulnerable y que la norma impugnada  revela indiciariamente una afectación de estigmatización por discriminación, por lo que se debe reconocer el interés legítimo  para impugnarla.

De igual forma que la prohibición de ejercer o promover el trabajo sexual en la vía pública, a fin de preservar “la dignidad de las  personas”, perpetúa concepciones y prácticas discriminatorias en contra de las personas que se dedican al trabajo sexual remunerado por cuestiones de moralidad. Situación que es inaceptable desde el derecho a la igualdad de trabajo, el cual está reconocido en el artículo 5 de la Constitución y  artículo 6 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Tribunal aclaró que si no se incurre en alguno de los supuestos prohibidos por la ley, el trabajo sexual debe considerarse lícito, en el entendido de que quienes lo ejercen lo hacen libre y voluntariamente, en ejercicio del derecho humano a la libertad de  trabajo, reconocido en el artículo 5o. de la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos

También sostuvo que la prohibición del trabajo sexual basada en una subjetiva calificación de daño a la dignidad de las personas, como se establece en el Reglamento, no puede servir de medida  para la restricción del derecho a la libertad de trabajo, basado en la determinación de un estereotipo por la naturaleza sexual del trabajo que se  desempeña; pues ello constituye una discriminación evidente  basada en una condición social, cuestión prohibida por el artículo  1º de la Constitución.

Y por último, señaló que limitar la prostitución a que es un trabajo deshonesto y señalarla como falta administrativa   implica hacer nugatorio en su amplitud el  derecho al trabajo, ya que esa infracción sin justificación no puede basarse en el argumento del ataque a la moral y buenas costumbres de  los ciudadanos del municipio, dado que el trabajo sexual que se practica en la vía  pública, únicamente implica el acuerdo entre la sexoservidora o  sexoservidor con el cliente, ya que su consumación se lleva a  cabo en privado.

A partir de los argumentos anteriores, el Tribunal Colegiado determina que el citado artículo en su fracción VI es inconstitucional por atentar, sin justificación alguna y con argumentos estigmatizantes, en contra del derecho al trabajo que les asiste a las trabajadoras sexuales, pasando por alto la obligación de la autoridad municipal de  progresividad de los derechos humanos tutelada en el artículo 1º  constitucional y que le impone la obligación de realizar todos los  cambios y transformaciones necesarias en la estructura  económica, social, política y cultural del país, de manera que se  garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus  derechos humanos.

La resolución del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, se suma a la que en mayo del presente año emitió el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa al resolver el amparo en revisión 216/2020, y que, con argumentos similares confirmó el amparo otorgado por la Jueza Tercero de Distrito a 16 trabajadoras sexuales que estaban siendo hostigadas por la Policía Municipal en aplicación de esa normatividad.

“Estas dos declaratorias de inconstitucionalidad exhiben que la normatividad emitida desde el Ayuntamiento meridano sigue siendo excluyente y estigmatizante en perjuicio de determinados colectivos y personas, sin que hasta la fecha exista voluntad política de la autoridad municipal para modificarla y generar, como ya se le ha solicitado en diversas ocasiones,  políticas públicas que respeten el derecho al trabajo de quienes ejerzan el trabajo sexual y fomenten alternativas para quienes decidan dejarlo”, señalaron las agrupaciones Indignación y Unasse, que acompañaron jurídicamente a las afectadas. (Foto de Lorenzo Hernández)