Sólo tres diputadas y diputados han dicho abiertamente que votarán a favor de la iniciativa; otros dicen que aún no tienen una postura, se excusan o evitan el tema.

Por Herbeth Escalante.

Mérida, Yucatán, 25 de febrero de 2019.- A pocos días de que en el Congreso del Estado se aborde una iniciativa de ley que busca que se legalicen los matrimonios igualitarios en Yucatán, no quedan claras las posturas de las bancadas sobre este tema. La mayoría de las y los diputados no han querido manifestar si votarán a favor o en contra.

Hasta el momento, únicamente las dos legisladoras de Movimiento Ciudadano, Milagros Romero Bastarrachea y Silvia López Escoffié, así como el perredista Alejandro Cuevas Mena, han declarado abiertamente que respaldarán que se modifique el Código de Familia para que las parejas del mismo sexo se puedan casar.

“Así votaré porque considero que los derechos humanos son para todos por igual, independientemente de las preferencias, razas o religiones. Todas las personas, todos los derechos”, indicó López Escoffié, líder de la fracción parlamentaria naranja.

Por su parte, Romero Bastarrachea sostuvo que como diputada debe de hacer valer los derechos humanos y la igualdad de la ley para toda la ciudadanía de Yucatán, para que exista piso parejo.

“Votaré a favor del cambio del Código de Familia porque el matrimonio de facto ya existe en el estado, sólo que unos tienen que pagar un amparo –las parejas homosexuales- y otros no –las heterosexuales-. Y bueno, la ley debe ser igual para todas y todos”, agregó.

Por su parte, Cuevas Mena señaló que la posición de su partido, el de la Revolución Democrática, es apoyar este tipo de iniciativas, sobre todo porque se trata de reconocer los derechos humanos.

En el caso del Verde Ecologista, Harry Gerardo Rodríguez Botello Fierro, no dijo abiertamente que su voto será a favor, pero enfatizó que el instituto que representa siempre se ha manifestado por la igualdad, el respeto a las garantías individuales y la no discriminación.

Sobre este mismo tema se le preguntó al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso y líder de la bancada del PRI, Felipe Cervera Hernández, quien afirmó que no conoce la voluntad de los otros grupos parlamentarios y que tampoco ha discutido este punto con sus compañeras y compañeros del tricolor.

“Pero tenemos la decisión clara de no seguir posponiendo esa discusión, tomaremos una determinación, cualquiera que sea, lo que la mayoría decida… es algo que lleva mucho tiempo en diferentes legislaturas, que la pospusieron por diferentes razones, todas muy válidas. Pero ahora sí, de una vez, definiremos una postura”, recalcó.

-¿Se analizará desde una postura de derechos humanos?- se le preguntó durante una entrevista.

“Tiene que ser desde una óptica jurídica, legal y por supuesto desde la representatividad que tenemos cada diputado. Responderemos a los electores que nos permitieron estar en el Congreso, tenemos que saber qué quieren nuestros electores y la mayoría ciudadana… en función de eso tomaremos una decisión”, detalló, a pesar de que los derechos humanos no se consultan.

Según Cervera Hernández, las y los diputados no están siendo presionados por grupos conservadores para votar en contra.

«Se siente presionado quien se quiera dejar presionar y en este caso entendemos que hay inquietudes a favor y en contra, pero eso no es dejarse presionar, escuchar al ciudadano no tiene que ser presión”, especificó.

Mientras tanto, la dirigente de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, no ha dicho que votará en contra de la iniciativa, pero sí declaró abiertamente que “el 99 por ciento de las voces que ha escuchado se opone a esa figura”.

Llamó la atención que la exsenadora sostuvo que “hay que pensar en las consecuencias que pueda traer legalizar o legitimar el matrimonio igualitario”.

Otro panista, Víctor Merari Sánchez Roca, indicó que no tiene una postura personal y recalcó que su bancada todavía no se posiciona. “El tema no debe ser tomado por el criterio personal de un diputado, hay que hacer un análisis de lo que quieren los ciudadanos”, se justificó.

Para este reportaje, también se les preguntó a las legisladoras Kathia Bolio Pinelo, del PAN, así como Karla Franco Blanco y Janice Escobedo, del PRI; sin embargo, no contestaron.

Por su parte, el legislador de Nueva Alianza (Panal), Luis María Aguilar Castillo, señaló que no tiene una postura individual, por lo que se reuniría con la dirigencia de su partido para definir y fijar “la ruta que tomará”.

Mientras tanto, el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Candila Noh, se limitó a decir que hay que esperar que la iniciativa aterrice en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que la pueda analizar “y tenga un punto de vista más amplio y concreto”.

“La verdad yo no sé qué se está solicitando en esa iniciativa, por eso no te puedo responder con certeza; nosotros, como legisladores, no podemos estar comentando nada hasta que tengamos la iniciativa en las manos”, intentó justificarse.

La propuesta llegó al Congreso de Yucatán de manera oficial en agosto de 2018, enviado por el entonces gobernador Rolando Zapata Bello; no obstante, la legislatura anterior no la abordó. Ahora tendrá que analizarse a más tardar a principios del próximo mes, según informó el propio Cervera Hernández.

Lo que preocupa a las asociaciones defensoras de derechos humanos es que hasta el momento se desconoce cuál será la posición de las bancadas en este tema. Eso sí, diversas instancias han recalcado que oponerse a ese cambio constitucional es discriminatorio.

Tal es el caso de la Recomendación General 23/2015 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a los Ejecutivos y Congresos de todo el país, para que adecúen su marco normativo en materia civil o familiar a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Este organismo enfatizó que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al casamiento.

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en jurisprudencia que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales. (Foto de Hugo Borges)