Se realizó un ajuste para aumentar los recursos al Poder Judicial, que ahora recibirá 590 millones de pesos

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 30 de diciembre de 2018.- Después de tres días de sesiones ríspidas entre las y los diputados locales, en la madrugada se  aprobó en Comisiones el Presupuesto de Egresos 2019, con un ajuste al Poder Judicial de Yucatán que ahora recibirá  590 millones 944 mil 856 pesos para ejercer.

La jornada en la Comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal se caracterizó por las tensas discusiones entre los integrantes de diferentes bancadas y porque las negociaciones en reuniones privadas se demoraron varias horas.

Además se vivieron momentos incómodos cuando la diputada del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama y el del PRD, Alejandro Cuevas Mena, se enfrentaron a gritos porque éste último exigió se explicara los fundamentos legales para realizar los cambios al Presupuesto de Egresos, como el de incrementar los recursos al Poder Judicial.

Fue hasta altas horas de la madrugada cuando con seis votos a favor y dos en contra que se aprobó el dictamen de Egresos 2019 del Estado, el cual se discutirá este domingo en la sesión del Pleno del Congreso.

Cabe mencionar que para efectuar el cambio para incrementar el presupuesto del Poder Judicial hubo un acercamiento entre el todavía magistrado presidente Marcos Celis Quintal y el Gobierno del Estado, con la intención de llegar a un acuerdo encaminado a la política de austeridad.

Como hemos informado, el Ejecutivo había propuesto en un principio otorgarle 521 millones 121 mil 77 pesos, pero al final quedó en 590 mil 944 mil 856. Adicionalmente a ello se informó que existe la voluntad política de las partes para que durante la presente administración estatal, el Poder Judicial alcance el 2 por ciento del total del presupuesto para Yucatán.

Por cierto, en la maratónica jornada que inició ayer sábado, el diputado del PRI, Marco Rodríguez Ruz, presentó una propuesta para redirigir 209 millones 959 mil 719 pesos del gasto corriente del Ejecutivo a 10 instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (Codhey) y el Instituto de Acceso a la Información Pública y Transparencia (Inaip), pero fue desechada por mayoría.