En su informe de actividades, el presidente de la Codhey, Óscar Sabido Santana, indicó que de las 30 Recomendaciones que emitió el año pasado, 13 fueron para la Policía de Yucatán.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 25 de febrero de 2021.-De las 30 Recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) emitió en el 2020, 13 fueron para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por violar diversos derechos de la población, declaró el ombudsman Miguel Óscar Sabido Santana durante su informe de actividades.

En la Tribuna del Congreso del Estado, indicó que las 10 autoridades más señalados por la ciudadanía por violar  derechos humanos fueron la Policía Estatal, el Ayuntamiento de Kanasín, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), la Secretaría de Salud, y los ayuntamientos de Celestún, Mérida, Progreso y Valladolid.

En sus quejas interpuestas, las y los ciudadanos expusieron que los principales hechos violatorios fueron: prestación indebida de servicio público, detención arbitraria, lesiones, robo, amenazas, allanamiento de morada, violación a los derechos del niño, al derecho de los menores a que protejan su integridad, al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, y al derecho a la libertad de tránsito y residencia.

Tras las investigaciones realizadas por la Codhey, se emitieron 30 Recomendaciones, de las cuales 13 fueron para la SSP, tres al ayuntamiento de Umán; dos al Cabildo de Izamal; y dos a la Fiscalía. 

Además, 54 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados por violaciones a derechos a través de amonestaciones, suspensiones temporales sin goce de sueldo o bajas definitivas del cargo, dependiendo de la gravedad de los hechos.

En su intervención, Sabido Santana señaló que durante el año de la pandemia recibieron 2 mil 679 solicitudes de atención, es decir, casi ocho  al día. De las que fueron competencia de la Comisión, 341 se registraron como Expedientes de Quejas al ser calificados como presuntas violaciones a derechos humanos.

De igual formase abrieron 44 expedientes de oficio sobre casos que se conocieron  a través  de notas periodísticas; se dictaron 202 medidas cautelares; y se interpusieron 12 denuncias penales en contra de funcionarios públicos por hechos que además constituyeron actos  delictivos.

Se violaron derechos en la pandemia

En su discurso, el ombudsman hizo énfasis en que durante la suspensión obligatoria de las actividades no esenciales y la restricción de la movilidad decretada por las autoridades en la pandemia, se observó que impactaron principalmente los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, libertad, trabajo, igualdad y los relativos a los grupos en situación de vulnerabilidad y discriminación, que paradójicamente tenían como propósito garantizar una mayor protección del derecho humano a la salud. 

De igual forma,  dijo que la Codhey constató la prevalencia de prácticas preexistentes a la contingencia, como los abusos de autoridad y prácticas administrativas irregulares al interior de las instituciones públicas estatales y municipales.

También aprovechó para manifestarse a favor de que las autoridades le garanticen las necesidades básicas de seguridad, protección personal y vacunación a las y los trabajadores del sector salud que están en la primera línea luchando en contra del Covid-19. 

En ese mismo punto, señaló que tras realizar visitas de supervisión a 40 centros de salud encontraron diversas necesidades,  por lo que hizo un llamado a las autoridades  a proveer a dichos sitios de los recursos humanos y presupuestales suficientes para poder brindar un trato digno y adecuado a sus usuarios y a sus propios trabajadores.

Asimismo, Sabido Santana habló sobre la violencia doméstica en contra de las mujeres, asegurando que se ha acrecentado en estos tiempos de pandemia. “Muchas de ellas han quedado atrapadas con sus agresores en sus propios hogares. Un número importante de niñas, niños y adolescentes han presenciado o han sido víctimas de maltrato por la sobrecarga de estrés, la falta de recursos económicos o por las dificultades propias que enfrentan los padres y madres en su crianza”, lamentó.

En su mensaje final ante las y los legisladores, declaró que los derechos humanos son clave para configurar la respuesta a la pandemia en lo que respecta tanto a la emergencia de salud pública, como a las repercusiones más amplias en la vida y en los medios de subsistencia de las personas.