“Nos estamos bañando, lavando heridas y cocinando con agua sucia, y tristemente no tenemos dinero para comprar agua purificada todos los días”, comentaron los pobladores, quienes por la vía legal buscan expulsar esa fábrica de cochinos de su comunidad.

Por Herbeth Escalante

Fotografías de Lorenzo Hernández

Izamal, Yucatán, 3 de agosto de 2022.- La pestilencia despierta a las pobladoras y a los pobladores de la comunidad maya de Sitilpech aproximadamente a las 3 de la madrugada. Aún no sale el sol, pero tienen que levantarse a esa hora a cerrar las ventanas para tratar de evitar que el olor a excremento de cerdo se apodere de sus viviendas.

Su vida cambió hace ocho años, cuando a las afueras del pueblo se instaló la megagranja Kancabchén II, cuya producción anual es de 48 mil cochinos. Al principio no sabían de dónde provenía la fetidez, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de que dicho sitio estaba contaminando su medio ambiente y el agua que consumen.

“Vino el mal olor y la mosca verde, luego incrementó la presencia de mosquitos y después llegaron las diarreas, todos en el pueblo se han enfermado”, comentó Verónica Pech Moo, quien junto con sus vecinos inició una lucha social y jurídica al que llamaron La Esperanza de Sitilpech, para expulsar a esa fábrica de cerdos de su comunidad.

En las puertas del comisariado municipal, a pocos metros del busto del presidente agrarista Lázaro Cárdenas que sobresale en el parque principal, Verónica se reunió con otros habitantes para ponerse de acuerdo de las próximas acciones a implementar para proteger su salud y la de sus hijos.

Están enojados y hartos. No quieren seguir viviendo con ese mal olor ni estar padeciendo enfermedades gastrointestinales constantemente. Saben que esa megagranja está contaminando con heces fecales y orín de cerdo el agua que beben y utilizan para preparar sus alimentos.

 “Aquí la gente todavía usa los pozos para tomar agua, para bañarse, para cocinar y regar las plantas. La gente es muy pobre, no se puede dar el lujo de comprar agua purificada todos los días”, explicó Verónica, mientras más pobladores se acercaban a la reunión.

Sitilpech es una pequeña comunidad maya de aproximadamente mil 900 habitantes que pertenece a Izamal, uno de los municipios más importantes de Yucatán por su vocación turística. La cabecera colonial, catalogada por las autoridades como Pueblo Mágico, contrasta drásticamente con la crisis ambiental que enfrenta dicha comisaría.

La granja de Kancabchén II, operada por la empresa “Productos Pecuarios para Consumo S. de R.L. de C.V.”, se encuentra a tan solo 900 metros de la última casa del pueblo y funciona como aparcera de la empresa multinacional Kekén. Es decir, les dota de los cerdos que engorda para contribuir en las millones de toneladas de carne que exporta al extranjero, principalmente a países de Asia. 

En los portones de la fábrica tienen un letrero que dice “Zona de alta sanidad”, como si de esa manera intentaran desmentir los reclamos del pueblo al que llegaron sin permiso.

La industria porcícola de Yucatán no sólo contamina el manto freático, los cenotes y el agua, sino que también vulnera los derechos humanos de los pueblos mayas en donde instala sus megagranjas, poniendo en riesgo la salud de sus habitantes y violando la autodeterminación en sus territorios.

Cocinar con agua sucia

La mayoría de las familias de Sitilpech no cuenta con estufas, por lo que tienen que cocinar en sus patios utilizando fogón al aire libre. Ahí mismo se reúnen para comer, debajo de los árboles, porque dentro de las casas hay mucho calor. Sin embargo, con la llegada de la fábrica de cerdos ya no pueden disfrutar de sus alimentos en paz.

El mal olor les quita el apetito y las moscas verdes se han convertido en un dolor de cabeza, pues temen que les transmita parásitos. Las y los pobladores aseguran que dichos insectos vienen de la granja, pues años atrás no existían.

“Aquí en el pueblo, para cocinar y comer, no cerramos la puerta, cocinamos afuera con leña, pero ahora  todo está lleno de moscas en donde comen los niños”, se quejó Verónica, quien insistió que hay muchos casos de diarrea en su comunidad.

Contó que para cocinar frijol con puerco o puchero, platillos tradicionales de Yucatán, la gente utiliza agua potable –o de la llave, como coloquialmente le dicen- y constantemente, con los apagones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fallan las bombas de bombeo, por lo que tienen que extraer el vital líquido del pozo. 

Pero toda el agua está contaminada con los desechos de los cerdos y no tienen otras opciones, pues debido a su complicada situación económica no siempre pueden comprar agua purificada embotellada para usar en sus actividades cotidianas del hogar.

“Nos estamos bañando, lavando heridas y cocinando con agua sucia, y tristemente no tenemos dinero para comprar agua cristalina de manantial”, exclamó la lideresa de La Esperanza de Sitilpech.

Otra de las pobladoras, Maribel Pichón Pérez, está preocupada de que su suegra, de 79 años de edad, se enferme, pues sigue tomando agua de la llave. Dice que es muy terca y que no cree que el agua esté contaminada.

Como cientos de familias del pueblo, no tienen la posibilidad económica para comprar agua purificada para cocinar, por lo que se arriesga a utilizar la potable. Ella y sus hijos han padecido enfermedades gastrointestinales. 

“Es horrible que, cuando estamos cenando, viene el mal olor y ya no podemos seguir comiendo. Pasa al amanecer y al atardecer, y cuando llueve es peor, el olor es insoportable, se siente en todo el pueblo”, recalcó Maribel.

En el encuentro, la señora Ana María Chalé Pacheco lamentó que por culpa de la megagranja tiene que cerrar las puertas de su casa hasta para desayunar, porque nadie soporta la pestilencia. Además, sostiene que “echó a perder” el agua que consumen.

“No es justo que venga un cabrón a quitarnos el agua buena. ¿Por qué no se llevaron los cochinos a sus casas para sentir el olor ¿Qué clase de cristianos son? Si quieren tener cerdos, que se los lleven a sus casas”, exclamó enojada. 

Otra vecina, Guadalupe Ek Moo, aseguró que casi todos los días, entre las 2 y las 3 de la madrugada, la despierta “un olor a sumidero” que nadie resiste. Su mayor preocupación es que tiene que cocinarle a su familia con “agua podrida”.

Una lucha en tribunales

Acompañados de la organización civil Kanan Derechos Humanos, las y los pobladores de Sitilpech promovieron un juicio de amparo para frenar la operación de la granja porcícola Kancabchén II, argumentando serios daños ambientales.

En mayo pasado, como parte de un juicio incidental de este proceso legal, el Juez Primero de Distrito en Yucatán concedió la suspensión definitiva en contra de dicha fábrica, pues la población reclamó contaminación, descarga de aguas con heces fecales y mal olor, situación que causa que se enferme la vegetación, así como la deforestación y contaminación del agua y los mantos freáticos. 

En la suspensión, el juzgador sostuvo que “en caso de que la granja no cuente con las licencias y permisos exigidos por la normatividad aplicable o no cumpla con los requisitos exigidos para su funcionamiento, se ordene continuar con la paralización de sus operaciones”. 

Como parte del desarrollo del juicio, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó inspecciones a la megagranja en las que detectó que no contaba con título concesionario para la carga y descarga de aguas, además de que excedía los límites permitidos de coliformes fecales, grasas y aceites, violando la NOM-001-SEMARNAT-1996, ahora sustituida por la NOM-001-SEMARNAT-2021 con límites más restrictivos. 

Al respecto, la abogada de Kanan, Janet Medina Puy, explicó que si bien ya se resolvió la parte incidental de este proceso, el juicio principal está en pausa, ya que la empresa “Productos Pecuarios para Consumo” presentó una queja ante un Tribunal Colegiado en el que sostiene que nunca se debió admitir la demanda de amparo.

Por tal razón, la lucha jurídica va muy lenta. Eso sí, destacó que lograron que la Conagua clausure la extracción del agua en ese sitio, al constatar una alta presencia de contaminantes.

“A estas alturas es imposible negar que esa granja está contaminando Sitilpech. No existen industrias con cero contaminación, lo único que se puede hacer es que haya un control aceptable y soportable por la naturaleza, pero cuando no existe ese control, ni verificación e inspección continua, los niveles de contaminación pueden ser letales y nocivos para salud de la gente”, explicó Janet.

Pero mientras la Conagua realizó la diligencias a tiempo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Yucatán ha permanecido inmóvil en el juicio, una actitud que es considerada tanto por Kanan como por el pueblo de ser cómplice de la contaminación que provoca la granja.

“Hay mucho silencio por parte de la SDS y es claro que es la instancia principal que autoriza la operación de estos megaproyectos. Está estática, no quiere hacer nada y lo que hace, lo hace muy lento”, criticó la abogada.

Otro problema grave en el caso de Sitilpech es que nunca se realizó una consulta indígena previa, libre e informada, es decir, jamás se le preguntó a la población maya si estaban de acuerdo o no de que se instalara dicha fábrica de 48 mil cerdos.  

Janet Medina lamentó que exista un desconocimiento profundo de las obligaciones del Estado sobre las consultas previas, porque no se cuenta con un marco regulatorio para que las autoridades se vean obligadas a ejercer determinadas acciones que permitan su materialización.

Como no hay una autoridad expresamente autorizada para las consultas, las instancias gubernamentales “se pelotean” sobre quién tiene la competencia, lo que es aprovechado por este tipo de empresas para imponer sus granjas.

“Se debe definir quién tiene la competencia entre la autoridades, porque lamentablemente los tribunales tienen cero conocimiento de este tema y terminan resolviendo de manera contraria a derecho”, recalcó. 

Piden la intervención de la Suprema Corte

Recientemente, representantes de Sitilpech acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la  Ciudad de México para entregar un documento con más de 700 firmas de respaldo, en el que solicitaron que atraiga el recurso de queja promovida por la megagranja porcícola para que la resuelva con imparcialidad y sin sesgos.

En las puertas del máximo tribunal del país, explicaron que en su queja, la compañía “Productos Pecuarios para Consumo” cuestionó la admisión de la demanda de amparo y, entre sus argumentos principales, indicó que fue promovida de forma extemporánea, pues aun cuando se reclaman “omisiones” de las autoridades, según lleva varios años operando sin que haya recibido reclamo alguno.

Las asociaciones Kanan y Greenpeace, las cuales acompañan a los pobladores en su lucha jurídica, señalaron que si la Suprema Corte atrae el caso, se podría generar un precedente positivo sobre la admisión de juicios de amparo sobre derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

En ese sentido, explicaron que el argumento de la empresa es contrario a la protección ambiental, pues no se puede aplicar el mismo criterio de plazos específicos para demandar el deterioro ambiental para la protección de los recursos naturales, pues es imposible estar “conforme” con omisiones de las autoridades al ser obligaciones de carácter inmediato y prioritario por el bien común, la salud, ambiente y agua.

Recalcaron que solicitaron la atracción del caso porque, lamentablemente, existe un precedente negativo en el Tribunal Colegiado Penal y Administrativa con sede en Yucatán, en el cual el magistrado Jorge Eden Wynter ha declarado que sí existe un plazo fijo para demandar daños ambientales por omisiones de las autoridades ante la operación de megafábricas porcícolas.

Es decir, a criterio del Tribunal, aun cuando se demanden omisiones de las autoridades de realizar inspecciones, verificaciones y sanciones, la demanda se debe hacer valer dentro del plazo que la Ley de Amparo, y no en cualquier tiempo cuando esto suscite.

Kanan sostuvo que con esta decisión,  el magistrado y el Tribunal ignoraron por completo los estándares sobre acceso a la justicia en materia ambiental y de pueblos originarios, estableciendo criterios que no se ajustan en lo absoluto a las lógicas de empresas contaminantes, así como de afectaciones ambientales.

Al entregar las 700 firmas en la Suprema Corte, las asociaciones y los habitantes de Sitilpech hicieron énfasis en que las autoridades judiciales tienen la responsabilidad de proteger el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, a un medio ambiente sano, a la salud y al agua.

Insistieron en que es importante que atraiga el caso para resolver, con imparcialidad y sin sesgos, la admisión de la demanda de amparo promovida por dicha comunidad para expulsar la megagranja de cerdos.

Impacto a la economía del pueblo

Desde que la Conagua clausuró la extracción y descarga en Kancabchén II, todos los días atraviesa el pueblo un camión pipa que le lleva agua para la producción de cerdos. A la gente le parece extraño que no le chorrea ni una sola gota al pasar, por lo que sospechan que se trata de una simulación y que tiene más pozos adentro. 

También todos los días sale de la megagranja un camión repleto de cochinos que envuelve a la comunidad con un hedor terrible, y que luego toma la carretera a Mérida, rumbo alguna fábrica procesadora de Kekén.

Entre risas, la señora Mariana Ku Chin, de 81 años de edad,  reveló a sus vecinas que tiene que ponerse Vick VapoRub (pomada para el resfriado) en la nariz para no sentir el apeste.

“Desde que abro la puerta de la casa me estoy vomitando, apesta mucho y no lo aguanto”, señaló la mujer mayahablante, quien durante mucho tiempo trabajó cuidando ganado en el rancho en donde se construyó la fábrica de puercos. 

Mariana contó que desde que la granja empezó a operar en Sitilpech ya no puede cosechar sus hortalizas porque todas se mueren. Dijo que el pepino, la sandía, la calabaza y el chile habanero “quedan negros” porque el agua que usa para regar está contaminada.

“Ya no puedo ni sembrar tomate, no se puede, esto no pasaba antes, né”, declaró con cierta tristeza. 

Al respecto, Verónica Pech, de La Esperanza de Sitilpech, explicó que la fábrica de Kancabchén II está impactando severamente a la economía local, no sólo porque la gente tiene que ver la manera de comprar agua embotellada, sino porque ni siquiera pueden cultivar productos de traspatio para vender en Izamal.

Como ejemplo, dijo que hay familias que prefieren no gastar su dinero en comprar una caja de leche para ahorrar un poco más para un garrafón. Antes no tenían la preocupación de utilizar el agua potable para cocinar.

Agregó que había personas que acostumbraban sembrar calabaza para posteriormente venderla, pero ahora que no tienen cosechas por la mala calidad del agua no hay nada qué ofrecer, lo que merma su economía familiar.

“Aunque para algunos pareciera que no es gran cosa, para quienes viven al día era un ingreso que les servía y que hoy día no tienen por culpa de la contaminación del agua y el suelo”, enfatizó Verónica.

Y como la vegetación se está enfermando, los limones y las naranjas están prácticamente secas, por lo que la gente tiene que ir a las fruterías a comprar esos productos cuando antes sólo los tenían que bajar de los árboles de sus patios

Los apicultores también se han visto afectados, pues la contaminación ha golpeado al monte y no hay floración adecuada, por lo que las abejas se alejan y no hay producción suficiente de miel.

“El problema con la megagranja es mucho más amplio, porque no sólo contamina, sino que impacta a la economía local. Ni siquiera trae derrama económica porque sólo cinco pobladores de Sitilpech laboran ahí, los demás seguimos sufriendo estragos”, recalcó. 

La esperanza.

Verónica hizo énfasis en que la población nunca autorizó que la empresa se instalara en Sitilpech, por lo que considera que las autoridades no deberían permitir que siga operando.

Se quejó de que nunca hubo consultas ni asambleas con los habitantes, ni mucho menos les informaron de las graves consecuencias que traería esa fábrica de cerdos. En pocas palabras, no tiene la aprobación del pueblo.

“¿Quién va a querer que venga gente a contaminar los cultivos, los cenotes y los pozos? Nadie, por eso no es justo que vengan a lucrar con nuestra salud”, puntualizó

Verónica tiene la esperanza de que en poco tiempo logren frenar esa megagranja y sacar a los cerdos de su comunidad. Cada vez más pobladores se están uniendo a su movimiento y la sociedad yucateca está pendiente de su lucha, sobre todo porque hace unas semanas protestaron en una Expo Ambiental organizada por la Cámara Nacional de Comercio de Mérida (Canaco), evento patrocinado por Kekén. 

Ahí encararon a funcionarios del Gobierno estatal, como la titular de la SDS, Sayda Rodríguez Gómez, y a empresarios relacionados con la industria porcicola, a quienes les ofrecieron de beber agua extraída directamente de los pozos de sus casas. Obviamente no aceptaron y prácticamente huyeron, mientras los pobladores de Sitilpech exigían un alto a la contaminación.

“Nunca nos pidieron permiso y si hubieran hecho la consulta indígena, de todos modos les hubiéramos negado que se instalen”, declaró Verónica al finalizar el encuentro con los vecinos. 

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