La empresa que no terminó de construirlo presiona para que el Gobierno de Yucatán le pague más de 700 millones de pesos; nadie sabe si el nosocomio operara algún día.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 16 de enero de 2019.- Todo parece indicar que los procesos legales en torno al hospital inconcluso de Ticul van para largo, ya que la compañía constructora que no cumplió con el contrato sigue recurriendo a instancias jurídicas para exigir al Gobierno de Yucatán una indemnización superior a los 723 millones de pesos.

“Es una cantidad impagable, casi lo que costó el Materno Infantil”, señaló el consejero Jurídico del Ejecutivo estatal, Mauricio Tappan Silveira, al recalcar que la actual administración continuará defendiéndose para no erogar esos recursos.

Como se sabe, este nosocomio de segundo nivel planeado con 90 camas y que debería estar ofreciendo servicios de salud a cerca de 75 mil personas del sur de la entidad, nunca se terminó de edificar. La compañía Infraestructura Hospitalaria de la Península S.A.P.I. de C.V, subsidiaria de Grupo Marhnos, únicamente levantó el 50 por ciento y no cumplió con entregarlo en la fecha pactada, el 15 de enero de 2015.

El proyecto arrancó en el último año de la gestión de la priista Ivonne Ortega Pacheco, bajo la modalidad Proyecto de Prestación de Servicios (PPS); es decir, que la empresa privada se encargaría de su construcción y operación durante 25 años. Al final, el Gobierno de Yucatán le estaría pagando cinco mil 865 millones de pesos, aproximadamente.

Sin embargo, en mayo de 2015, durante la administración de Rolando Zapata Bello, se rescindió el contrato con la firma de Grupo Marhnos por no haber cumplido con la entrega y el inicio de la prestación de los servicios en los plazos establecidos en el propio documento, así como en el convenio modificatorio.

Desde entonces, el consorcio ha recurrido a diversas instancias judiciales exigiendo una indemnización superior a los 700 millones de pesos y hasta consiguió un laudo a su favor por parte de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, Francia.

La gestión del panista Mauricio Vila Dosal continuó con la defensa del gobierno anterior para evitar pagar la exorbitante cantidad; pero, independientemente del proceso jurídico, hasta el momento se desconoce cuál será el destino del nosocomio, que se mantiene como obra negra, en el abandono.

Por lo pronto, un Tribunal Unitario de Yucatán dictaminó que este caso debe ser conocido por un juez local y que tiene que aplicarse el Código Civil en su resolución, informó el consejero Tappan Silveira. Es decir, que no se defina la situación desde el área comercial, como reclama la parte demandante.

“Ellos buscaban que lo resolviera un juez federal con base en el Código de Comercio, pero nosotros alegamos que de acuerdo con el contrato firmado lo debe solucionar un juez local, es decir, desde el fuero común de Yucatán”, agregó el funcionario.

El abogado abundó que, tras el fallo, la empresa impugnó ante un Tribunal Colegiado de Campeche, por lo que están en la espera de cuál será la resolución final, o sea, si el caso siempre sí será competencia de un juez local.

Además, el Gobierno del Estado fundamentó que no puede proceder la acción jurídica promovida en la Corte Internacional de Arbitraje, pues no debió resolver con base en el Código de Comercio cuando el contrato de Prestación de Servicios está regulado en el ámbito civil.

La Consejería Jurídica calcula que estos asuntos legales finalizarán en el año 2020, pero se desconoce qué sucederá con el Hospital de Ticul, que se ha convertido en un “elefante blanco” y que podría costarle mucho dinero a las y los yucatecos en caso de que el juez falle a favor de Grupo Marhnos.

Nadie sabe si en algún momento se terminará de construir o si será equipado. Lo que sí es una realidad, es que nunca se cumplió el objetivo de proporcionar servicios médicos a quienes habitan en los municipios del sur de la entidad, en donde tanta falta hace.