Tanto a Lizbeth Yazmín como a Sami, les hicieron firmar documentos para renunciar a las asesorías legales de la dependencia. Lo irónico es que nunca les ofrecieron esa ayuda cuando lo solicitaron.

 Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 13 de noviembre del 2020.- El pasado martes, a Lizbeth Yazmín Constantino Torres la visitaron a su domicilio unas trabajadoras sociales de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) para pedirle que firmara una hoja en la que renunciaba a los servicios de asesoría legal y psicología de esa dependencia. Acudieron siete meses después de que fue a pedir ayuda a sus oficinas.

Haz Ruido publicó el 21 de octubre el calvario que vivió buscando apoyo de las instituciones para recuperar a su hija Camila, quien le fue arrebatada de sus brazos por su expareja Adrián. En ese momento, las autoridades prefirieron guardar silencio.

“Me dijeron que vinieron a verme porque no regresé por un apoyo y les contesté que no volví porque una secretaria me dijo que estaban en pandemia, además, ni me pasaron con un abogado. Tres veces acudí y todas me dijeron lo mismo”, relató Yazmín.

Las trabajadoras sociales dijeron que intentaron localizarla vía telefónica, sin embargo, ella cambió su número telefónico porque era acosada por su expareja. En julio, la joven fue por última vez a la Semujeres, ocasión que aprovechó para dejar su nuevo número.

Supuestamente desde el 6 de mayo estaba abierto el expediente de Yazmín y necesitaban cerrarlo, por lo que le llevaron los documentos para renunciar a las asesorías de la Secretaría.

“Me pidieron llenar un papelito en el que afirme que tengo abogada y que informe a través de quién lo conseguí; supuestamente era necesario porque había un expediente abierto y era un requisito para cerrarlo”, abundó.

Cabe mencionar que, ante la falta de empatía y la nula ayuda por parte de las instituciones, la joven se vio obligada a contratar a una abogada, no podía dejar pasar más tiempo. Ya lleva más de seis meses sin poder ver y abrazar a su hija. 

Pero este no es el único caso, a Sami Trujillo Franco “Anahí” -la joven que denunció que fue explotada sexualmente cuando era una niña- le hicieron firmar una hoja en la que deslindaba de sus responsabilidades a la Secretaría de las Mujeres. 

Se trató de dos documentos, uno para renunciar al servicio de asesoría legal. Sami lo firmó porque ya contaba con abogados de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav). Pero, cabe aclarar, ella presentó su denuncia desde agosto y fue hasta el 30 de septiembre que le ofrecieron ayuda. 

Y en el otro documento que le hicieron firmar, especificó que no ingresaría a un refugio de protección, pues eso implicaba alejarse de su familia. De todos modos, aclaró que pensaría hacerlo en un futuro.

Aunque teme por su vida, la joven se atrevió a dar la cara porque quiere justicia y también solicitó medidas de protección para poder llevar el procedimiento judicial sin necesidad de dejar su casa. En reiteradas ocasiones señaló que sus tratantes y violadores son los que deberían tener miedo y no ella.