Greenpeace e Indignación recordaron que las granjas porcícolas son de las que más consumen agua en la región y producen aguas residuales en exceso, además de que no han demostrado que su sistema de tratamiento no causará impactos adicionales al suelo o al manto freático.

En total, el gobierno federal ha echado atrás el permiso para seis granjas en Tixméhuac y Maní. 

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 25 de septiembre de 2020.-La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó, por medio de un resolutivo, la construcción de otra granja en Tixméhuac, de la empresa Kekén, debido al riesgo ambiental que representaba.

En total, dicha dependencia ha impedido que esta empresa construya seis granjas en territorio yucateco, tanto en el mencionado municipio como en Maní. 

Al respecto, las asociaciones civiles Greenpeace México e Indignación recordaron que recientemente denunciaron actos de ilegalidad de la industria porcícola en la Península de Yucatán, por lo que consideran que gracias a la defensa del territorio que realiza el pueblo maya y al poder de la ciudadanía, el gobierno federal ha echado atrás el permiso para esas seis granjas.

El reporte La carne que está consumiendo al Planeta, que presentaron estas agrupaciones en mayo pasado, evidenció que de las 257 granjas porcícolas con registro en alguna base de datos oficial en la Península, 122 (47%) están establecidas en regiones consideradas sitios de atención prioritaria para la conservación de la biodiversidad. 

En concreto, se señaló como responsable al Grupo Porcícola Mexicano, mejor conocida localmente como Kekén, y se advirtió que pretendía duplicar su producción de carne de cerdo este 2020.

Tiempo después, en agosto, la Semarnat rechazó cinco proyectos de granjas porcícolas impulsadas por esa compañía y, en un nuevo paso a favor del pueblo maya y los derechos medioambientales, el 2 de septiembre impidió la construcción de otra granja en Tixméhuac.

“Inferimos que la información que elaboraron y dieron difusión las organizaciones civiles sirvieron como insumos para que Semarnat negara las autorizaciones ambientales a estas granjas, ya que el resolutivo emitido por esta autoridad siguió las recomendaciones y retomó algunos de los argumentos centrales que hemos aportado desde Greenpeace e Indignación”, declararon.

En ese sentido, recordaron que las granjas porcícolas son de las actividades que más consumen agua en la región y producen aguas residuales en exceso; y las empresas que solicitaron los permisos no han demostrado que el sistema de tratamiento de aguas residuales que proponen no causará impactos adicionales al suelo o al manto freático.

Además, la Semarnat en Yucatán consultó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien le indicó que el territorio, la localidad y el sitio donde se ejecutaría la nueve granja se cataloga como “asentamiento indígena”. Ante ello, la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia de la Secretaría específico que para obtener la autorización del cambio de uso de suelo en terrenos forestales “es estrictamente necesario aplicar el procedimiento de consulta indígena prevista en el artículo 61 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable”, pero no se hizo.

Tampoco se consideraron los impactos acumulativos y sinérgicos de las granjas cercanas en la evaluación de los impactos, en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). (Foto de Oscar Rivero)