A un mes de las detenciones de las jóvenes, la secretaria General de Gobierno aseguró que las y los policías actuaron con legalidad y evitaron “que la expresión de ideas se convierta en un delito”.

Por su parte, activistas criticaron el silencio de las autoridades y que se haya criminalizado la protesta de las mujeres.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 26 de diciembre de 2019.- A un mes de las detenciones de jóvenes que no habían cometido ningún delito, previo a la marcha del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en Mérida, la secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, declaró que no se cometió ninguna arbitrariedad, ya que, según dijo, el informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) determinó que las y los policías actuaron con legalidad.

 “Allá verdaderamente es un tema en el que no se ha determinado ninguna arbitrariedad; si hablamos estrictamente de lo que sucedió, hay un informe que se rinde por la SSP y ninguna autoridad ha determinado que se haya cometido alguna arbitrariedad”, enfatizó en entrevista.

En cambio, la sociedad civil cuestionó que mientras el discurso del Estado es de políticas públicas a favor de la igualdad y perspectiva de género, en los hechos ocurrieron estas detenciones irregulares de jóvenes en una protesta pacífica.

“Tanto el gobernador Mauricio Vila Dosal como la secretaria Fritz se han mostrado positivos en el discurso de la cuestión de  derechos, pero en estos casos el silencio hace mucho ruido porque uno espera el posicionamiento de las autoridades, pues esta situación fue desproporcionada, la criminalización de la protesta”, comentó la activista de derechos humanos, Nancy Walker Olvera.

Sin embargo, Fritz Sierra reiteró que las y los elementos policíacos cumplían con su trabajo y evitaron que la expresión de ideas se convierta en un delito.

“Es una de las normas que tiene el gobernador de garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier acto de expresar las ideas, pero también de respetar que no se convierta en una situación que pueda generar algún delito en contra de los ciudadanos”, enfatizó.

Al respecto, activistas consideraron que existe un hartazgo de las mujeres ante la violencia cotidiana en una entidad en donde el discurso es de paz. En ese sentido, precisaron que continúan esperando que, a un mes de los hechos, exista un pronunciamiento por parte de las autoridades.

“No había elementos legales para detenerlas y proceder a lo que se hizo, llama la atención esta respuesta desproporcionada a esta situación y el silencio que parece ser cómplice y nosotros como sociedad esperamos un posicionamiento”, declaró Nancy Walker.

Y exhortaron a no perder la vista lo que hay detrás de esta lucha. “Las mujeres están cansadas de vivir violencia dentro y fuera de sus hogares, también se enfrentan a violencia institucional. Las protestas y marchas son una respuesta a las elevadas cifras de feminicidios y delitos como abuso sexual de los que son víctimas a diario cientos de niñas y mujeres”, sostuvo por su parte la representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Adelaida Salas.  

Actualmente, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) tiene abierto un expediente con ocho quejas, que fueron interpuestas por las jóvenes agredidas por los elementos policíacos previo a la marcha del 25N. De manera extraoficial, trascendió que las afectadas han sido llamadas para declarar.