Se inscribieron 159, incluido el magistrado acusado de violencia

Entre las personas que se inscribieron para participar en la elección judicial de Yucatán están los seis magistrados ligados al PAN que se irían este mismo año del Tribunal Superior, quienes tienen pase directo para estar en las boletas.
Por Herbeth Escalante
Mérida, Yucatán, 20 de marzo de 2025.- Al cerrar el plazo este día, se inscribieron 159 personas al proceso de la elección judicial de Yucatán para ocupar las 14 magistraturas locales que estarán en juego el próximo 1 de junio. Entre los registrados están los seis actuales magistrados del Tribunal Superior de Justicia ligados al PAN que se irían este año, quienes tienen «pase directo» a las boletas, incluido el polémico Luis Armando Mendoza Casanova, acusado de ser agresor de mujeres.
Precisamente los cargos de dichos juzgadores, quienes llegaron al Poder Judicial a propuesta del entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, son los que estarán en disputa en esta elección, tras la Reforma Judicial aprobada hace unos días en el Congreso del Estado.
Se trata de Sary Eugenia Ávila Novelo (hija del exmagistrado presidente Ricardo Ávila Heredia), Graciela Torres Garma, José Pablo Abreu Sacramento, Adolfo González Martínez, Mario Israel Correa Ríos y Luis Armando Mendoza Casanova.
Este último llegó al Tribunal Superior de Justicia en medio de controversias en diciembre del 2023, ya que fue denunciado penalmente por sus exparejas por cometer violencia familiar, además de que activistas feministas lo acusaron de no tener la capacidad de juzgar con perspectiva de género, pues cuando fue juez de control dejó libre a un hombre que violó a una niña.
Su cargo y el de otros cinco magistrados estarán en juego el 1 de junio, pero la reforma señala que de manera directa pueden estar en la boleta, por lo que no tendrán que someterse al escrutinio del Comité Estatal de Evaluación ni a la insaculación.
De acuerdo con fuentes consultadas tanto en el Congreso local como en el Poder Judicial, también se registraron dos integrantes del Consejo de la Judicatura: Niger Desiderio Pool Cab y Claudia Pedrero Irabien.
De manera extraoficial, se averiguó que se inscribieron ante el Comité Estatal de Evaluación del proceso extraordinario de la elección judicial 92 personas para las magistraturas del Tribunal Superior y 67 para el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Entre las personas que se registraron están los actuales jueces Antonio Bonilla Castañeda, José Enrique Sáenz Dzul, Santos Alfredo May Tinal, Kenny Martins Burgos Salazar, Suemy Lizama Sánchez, Silvia Carolina Estrada Gamboa y Diana Yadira Garrido Colonia.
El siguiente paso en este proceso es que el Comité de Evaluación elija a las 10 personas con los mejores perfiles para cada magistratura. Posteriormente, a través de una insaculación, se definirán a tres por cada posición en disputa, quienes serán los que estarán en la boleta del 1 de junio para que la ciudadanía pueda votar por ellos.
Como se sabe, en la elección judicial la ciudadanía podrá elegir a nueve magistrados del Tribunal Superior y a cinco del Tribunal de Disciplina.
Además, como hemos informado, otros seis magistrados vinculados al PAN permanecerán en sus cargos hasta el año 2036, ya que el artículo 8 transitorio de la Reforma Judicial establece que quienes ejercen las Presidencias de las Salas y del Pleno del Tribunal Superior de Justicia “serán prorrogados en sus encargos con el objeto de garantizar que la ciudadanía cuente con servidores públicos idóneos y en aras de la inmovilidad de éstos”
Ellos son Mario Alberto Castro Alcocer, quien preside Sala Colegiada Penal y Civil; Lizette Mimenza Herrera, de la Segunda Sala Penal y Civil; Alberto Salum Ventre, de la Sala Colegiada Civil y Familiar, Mauricio Tappan Silveira, de la Sala Mercantil de Extensión de Dominio y Laboral; Patricia Gamboa Wong, de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes; y María Carolina Silvestre Canto Valdés, quien es la presidenta del Tribunal.
Los otros magistrados que permanecerán hasta febrero de 2026, fecha en el que termina su gestión, son Ingrid Priego Cárdenas, Leticia Cobá Magaña y José Rubén Ruiz Ramírez, quienes fueron los que ganaron el juicio de amparo en contra del Decreto 496/ 2022 de la reforma de Vila. Estos juzgadores no se inscribieron a la elección judicial, ya que hubieran perdido su pensión vitalicia.