El senador priísta se reunió con el gobernador de Yucatán, a quien le solicitó que respalde una propuesta para acceder a recursos de excedentes federales. También dijo que los mandatarios deben ponerse las pilas y no sólo aplaudir al presidente.

Por cierto, en el encuentro, ambos políticos evitaron profundizar sobre el impuesto de seguridad que se pretende cobrar a través de los recibos de la CFE. 

Con información de Claudia Arriaga y Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 10 de enero de 2020.- El senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín se reunió durante hora y media con el gobernador panista Mauricio Vila Dosal, a quien le manifestó que se requiere un frente común para evitar la centralización de funciones y recursos por parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La reunión se realizó a puerta cerrada en el despacho del mandatario en el Palacio de Gobierno, aunque también estuvo presente Víctor Hugo Lozano Poveda, uno de los operadores políticos de Vila y quien es subsecretario de Desarrollo Social.

Al terminar el encuentro, Ramírez dijo en entrevista que decidió visitar al gobernador para “darle un saludo de año nuevo” y para ver los pendientes del estado. Pero sobre todo, precisó, le presentó la propuesta de los senadores priístas  que busca que los gobiernos estatales puedan acceder al 35 por ciento del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Explicó que ante el recorte del presupuesto 2020 de la federación, puede usarse parte de esa  bolsa para suplir la ausencia de recursos. Recordó que ésta se forma de los excedentes de la recaudación fiscal o de los ingresos petroleros.

“Hoy ese Fondo tiene más de 90 mil millones de pesos, lo que estamos proponiendo es que la Secretaría de Hacienda distribuya una tercera parte entre los estados para suplir las deficiencias de ingresos que tienen”, abundó Ramírez Marín, quien sostuvo que en Yucatán ese dinero podría servir para infraestructura de salud y educación en sus municipios. 

En especifico, el senador solicitó a Mauricio Vila que respalde esta propuesta que el PRI presentará en la Comisión Permanente del Senado y, también le pidió que haga partícipes de esta iniciativa a sus homólogos.

En ese sentido, sostuvo que ante el panorama actual de recortes presupuestales,  los gobernadores tienen que ponerse las pilas “porque no se trata nada más de aplaudir al presidente, se trata de pedirle y, en algunos casos, de exigirle”.

Ramírez Marín indicó que se necesita que legisladores y mandatarios hagan un frente común por el federalismo, pues están ante un intento real de volver a la centralización de funciones y recursos.

Reconoció que sí era importante que el presidente recupere funciones “para controlar algunas cosas que estaban muy sueltas en los estados”, pero hay otras que no debe quitarle a los gobiernos locales. 

“Moderar eso sería un acto de sensatez y  creo sí puede pasar eso, veo que el presidente quiere que la República avance y que avancemos igual… pero el problema de la centralización es que propicia la desigualdad”, agregó.

No profundizaron sobre el impuesto de seguridad.

Otro de los temas que platicaron durante la reunión fue el impuesto de mantenimiento a la infraestructura tecnológica de seguridad que propuso Vila para este 2020, pero, reveló Ramírez Marín, no profundizaron al respecto. 

Como se sabe, el legislador ha manifestado públicamente que está en contra de ese impuesto al considerarlo inconstitucional y, de hecho, realizó gestiones ante la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para impedir que se cobre a través de los recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 “Es un tema inevitable, pero no profundizamos… el gobernador conoce mi postura, no es un tema de debate, es de combate judicial”, señaló.

Dijo que en caso de que la CFE aceptara cobrar el impuesto de Vila, vendrá una respuesta judicial y que lo más probable es que sea declarado inconstitucional porque no tiene ninguna base jurídica firme.

Ramírez señaló que otra opción es cobrar el impuesto de seguridad a través de los recibos del servicio de agua potable de la JAPAY, “lo que sería tremendamente desproporcional” porque el gobierno del Estado sólo lo cobra a los usuarios de Mérida, no a los municipios del interior.