Las y los pobladores indígenas saben que serán discriminados si van a interponer su denuncia, que deberán esperar varias horas para ser atendidos, que no habrá intérpretes y, al final, no recibirán asesoría legal.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 9 de agosto de 2020.-José Anastasio Euán Romero fue juez de paz entre 1995 y 1998 en Chablekal, comisaría maya de tres mil habitantes al norte de Mérida, cerca de la zona arqueológica de Dzibilichaltún. En 2010, las autoridades municipales dejaron de organizar los procesos de selección de estos representantes elegidos por la comunidad, una vez que el Poder Judicial contrató a sus propios jueces de paz.

Desde entonces, para solucionar cualquier conflicto los pobladores tienen que trasladarse al Ministerio Público “más cercano”, en el fraccionamiento Cordemex, pero en ocasiones pueden demorarse hasta una hora en llegar en transporte público.

“Los jueces de paz eran la primera instancia a la que los vecinos acudían. A sus juzgados llegaban los casos de pleitos, robo de bicicletas o del pavo, hasta las difamaciones. Entre las partes involucradas lo resolvíamos, no teníamos que ir al ministerio”, precisa el hombre de 50 años.

El pueblo confiaba y respetaba a esta autoridad comunitaria, pero actualmente saben que serán discriminados si van a la capital a interponer su denuncia, que deberán esperar varias horas para ser atendidos y, al final, no recibirán asesoría legal, expresa.

“En los años 90 levantábamos las actas con los acuerdos firmados por los involucrados en los conflictos en presencia de testigos, era una resolución que tenía validez en la comunidad y la intención no era perjudicar a quien cometiera un error, más bien que reparara el daño”, detalla.

Los jueces de paz no buscaban aplicar “todo el peso de la ley”, ni sanciones corporales, más bien aconsejar a quienes cometieron un agravio. “En la conciliación hacíamos el tsolxikin, que en maya significa ‘dar el buen consejo’. En tono de regaño se le hacía ver lo malo que está haciendo para que corrija el buen camino, meditara y no repitiera una mala acción”.

De acuerdo con la Fiscalía General, el estado cuenta con 32 peritos intérpretes, 28 hablan maya, número insuficiente para atender a una población de 575 mil 763 indígenas en Yucatán. Por ejemplo, en el Ministerio Público de Cordemex no hay intérprete.

“No es suficiente que los intérpretes sepan la lengua maya, pues el certificado lo pueden obtener en cualquier academia, lo que verdaderamente importa es que sean personas culturalmente adecuadas, que conozcan las tradiciones de los pueblos y sean un verdadero puente para que las personas indígenas accedan a la justicia”, comenta la abogada de la asociación Indignación, Lourdes Medina Carrillo, que se dedica a la defensa de los derechos humanos.

La especialista aseguró que las leyes estatales, como  la de Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la de Justicia Maya,son ajenas a las comunidades indígenas,  porque fueron creadas desde el escritorio, no se hacen consultas para informarles o pedirles su opinión. Además, no buscan preservar la justicia tradicional ni respeta los sistemas normativos basados en usos y costumbres. (Foto principal de Lorenzo Hernández)

Reportaje elaborado en colaboración con el colectivo Ojos de Perro VS la Impunidad. Para leerlo completo, ingresa a este enlace de World Justice Project.