Uno de los desaparecidos en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes, ha asesorado legalmente a ejidos de comunidades mayas en la defensa de sus territorios. Exigen a las autoridades una búsqueda más intensa.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 27 de enero de 2023.-Integrantes de comunidades mayas y de organizaciones sociales protestaron este viernes ante la sede del Tribunal Unitario Agrario en Mérida, demandando una búsqueda más intensa y diligente del abogado Ricardo Lagunes Gasca y del líder comunitario Antonio Díaz Valencia, secuestrados el 15 de enero en Aquila, Michoacán. 

Además, demandaron una reforma en profundidad de la Ley Agraria y el sistema de justicia agraria, que actualmente benefician a intereses privados en lugar de a las comunidades. 

El excomisario ejidal de Ixil, Luis David Quijano Pool, manifestó que el abogado Ricardo Lagunes apoyó a su ejido en el juicio en el que lograron detener el despojo de más de 5 mil 300 hectáreas de tierras de uso común. 

“Es importante que el gobierno proteja a defensores como él y el profesor Antonio Díaz, y que los busque hasta encontrarlos. También es importante que se limpie el Tribunal Unitario Agrario de funcionarios corruptos. En nuestro caso, el Tribunal ha favorecido a los despojadores con maniobras para trabar el juicio y evitar que se llegue a sentencia. Esto no resuelve los conflictos, sino que los agrava. Queremos que la justicia agraria sea eficiente y proteja a los campesinos, no a los despojadores”, sostuvo.

Por su parte, Berta Correa Córdova, vecina de Ixil, hizo un llamado a las fuerzas de seguridad para que hagan bien su trabajo y que lo busquen donde los tienen secuestrados. 

“Las familias y los comuneros de Aquila han denunciado que la búsqueda está siendo muy lenta y muy débil. Exigimos que las fuerzas de seguridad se apliquen en profundidad hasta hallarlos con vida”, apuntó.

De igual manera, Aurelio Mugarte Xool, ejidatario de San José Tibceh, declaró que el abogado Ricardo los representó en un juicio agrario con el que frenaron un megaproyecto que hubiera destruido cientos de hectáreas de selva. 

“Pero tuvimos que pelear duro con el Tribunal Unitario Agrario de Mérida, pues el magistrado no quería reconocer que somos una comunidad maya y que nos amparan derechos colectivos. Hay que reformar en profundidad los Tribunales Agrarios para sacar a los jueces corruptos y asegurar la protección de nuestros derechos”, enfatizó. 

Carlos Yamá, posesionario de Kinchil, añadió que la falta de una justicia agraria en todo el país provoca situaciones como las que atraviesa el abogado Ricardo y el profesor Antonio.

“Pocos magistrados se atreven a estudiar a fondo los asuntos de despojo, casi siempre buscan un pretexto para no analizar los casos. En Kinchil iniciamos un juicio contra Kekén en el año 2013, pero recién ahora se va a llevar a cabo la primera audiencia. Ricardo debería representarnos en esta audiencia, y su secuestro nos deja en una situación de indefensión y de zozobra””, apuntó

Marco Rodríguez, ejidatario de Celestún, agregó que Ricardo asesora a un grupo de ejidatarios de esa localidad a los que despojaron ilegalmente de sus derechos y tierras, en un juicio que sigue sin resolverse. 

“Es urgente que se reforme la Ley Agraria y los tribunales agrarios para poner freno a estos abusos. El sistema ahora está al servicio de intereses privados y funcionarios corruptos, no podemos tolerar más esta situación”, agregó. 

La protesta fue acompañada por miembros de diversas organizaciones sociales, tales como Fundación Yansa, Kanan Derechos Humanos AC, Red de Género y Medio Ambiente, y Colectivo Sinergia.