Activistas recalcan que las pandemias no se pueden combatir con medidas represivas, por lo que se tiene que garantizar que esos puestos no impidan el derecho al libre tránsito.

Señalaron que esta disposición también genera alarma, pues se le está dando más poder a una institución que se caracteriza por tener varias denuncias por violaciones a los derechos humanos.

Por Abraham Bote

Mérida, Yucatán, 5 de abril de 2020.- Activistas y personas defensoras de derechos humanos externaron  su preocupación por las medidas que está aplicando el Gobierno del Estado al instalar retenes en algunos puntos de la ciudad con el fin de «invitar» a la población a no salir de sus casas, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, las cuales, advirtieron, pueden ser no constitucionales al limitar o restringir el derecho al libre tránsito. 

Además, agregaron, esto también genera alarma, pues se le está dando más poder a una institución policíaca que se caracteriza por tener varias denuncias por violaciones a los derechos humanos. Por tal razón, hicieron un llamado a que el Estado garantice las garantías como marcan la ley y la Constitución. 

Como se ha informado, la Secretaría de Seguridad  Pública (SSP) colocó diversos retenes en varios puntos de Mérida, como en Ciudad Caucel, Las  Américas y en la avenida García Lavín. Al respecto, hubo personas que expresaron su miedo y preocupación en redes sociales, pues hay quienes deben salir a trabajar, comprar comida o visitar a un familiar enfermo, entre otras.

«¿Qué pasa si tengo que salir mañana con mi esposo porque solo yo puedo salir a hacerle compras a mis padres y él tiene que ir al aeropuerto?», preguntó una usuaria de Twitter. 

«Puedes hacerlo, al súper seguramente si vas acompañada no te dejarán entrar, lo idea es que vaya solo una persona, es momento de cuidarnos entre todos. Saludos», respondió el gobernador Mauricio Vila Dosal en su cuenta personal. 

“Los retenes son para invitar a la gente a quedarse en casa, si trabajas en un hospital, no tendrás problema en llegar. Saludos» y «Para invitar a la gente a quedarse en sus casas y así cuidarnos entre todos, no tengas miedo, unidos vamos a salir adelante. Saludos», son otros de los comentarios del mandatario estatal. 

Sobre estas acciones, Jorge Fernández Mendiburu, abogado de Grupo Indignación, opinó que no se puede decretar el Estado de Excepción o Estado de Sitio porque no estamos en una situación de guerra. Dijo que si se quiere establecer algo parecido se tiene que recurrir al procedimiento constitucional respectivo, es decir tiene que haber una justificación y tiene que pasar por todos los Poderes para que tomen ese tipo de medidas, de otra manera es un arbitrariedad.

«Es una decisión que toman los tres Poderes de la nación, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no puede ser unilateral de ninguna administración pública», precisó. Entonces, si estas medidas, colocar retenes, están restringiendo derechos humanos, son evidentemente violatorias, agregó. 

El abogado insistió en que no puede haber una limitación a los derechos humanos, a su vez, el gobierno  tiene  que tomar en consideración que hay gente que tiene que moverse para ir trabajar, para ganarse la vida. «No puede ser que con medidas represivas se enfrente la pandemia, pues este tipo de medidas no han resultado en ninguna parte del mundo, en ningún contexto», sostuvo.

Por otro lado, dijo que es preocupante que haya un sector de la población que aplauda este tipo de acciones que tienen tintes autoritarios y consideró que es importante que se informe sobre los procesos históricos en los que se han aplicado y sus resultados. «Si empezamos a justificar este tipo de medias en el futuro vamos a justificar cualquier otra que sea restrictiva de los derechos humanos», advirtió. 

Para Carlos Escoffié Duarte, abogado y activista,  en momentos de crisis las personas tienden en  apoyarse en el Estado y sus instituciones  policíacas, pues son aquellas donde se suelen refugiar en momentos de peligro, a pesar de que no sean idóneas para atender una pandemia. 

Más poder a la Policía

Por su parte, el abogado Fernández Mendiburu reflexionó sobre lo preocupante que es darle más poder un cuerpo policíaco que tiene muchas denuncias de violaciones a derechos humanos en casos de tortura, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y denigrantes. «Estamos creando un estado policíaco en lugar de tomar otras medidas sanitarias desde las ciencias sociales, el análisis y la reflexión, pareciera que no hay más que la restricción y es grave, sobre todo en un estado que en teoría es democrático», manifestó. 

Escoffié Duarte, por su parte, dijo que no necesariamente es negativo que la Policía invite a las personas a quedarse en sus casas o no salir por la contingencia, pero preocupa que esta medida se realice en el marco de las declaraciones previas en las que Vila Dosal indicó que se iba hacer uso del derecho penal para garantizar que las personas cumplan con el aislamiento. 

«Vemos como en otro lugares como en Perú, donde ahora son más la personas detenidas por no cumplir con las medidas de aislamiento que los  casos confirmados», comparó. 

Lo único que se genera con estas acciones punitivas son focos de contagio en los lugares de detención. Por lo tanto, opinó que habría que confirmar si estos retenes solo están invitando a la gente a quedarse en sus viviendas o están autorizados para detener a personas. 

De todos modos, recalcó, hasta el momento no se puede restringir el libre tránsito porque no hay declaratoria de suspensión de derechos conforme al artículo 29 de la Constitución al federal. 

Si bien, reconoció que se trata de una situación excepcional, que requiere medidas excepcionales,   éstas deben respetar los derechos humanos, el Estado debe funcionar como un Estado de Derecho, que se apegue a las garantías que están reconocidas en la Constitución. 

Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Miguel Óscar Sabido Santana, hizo un llamado a las autoridades municipales a no extralimitarse en las medidas implementadas por la contingencia de salud, causada por el Covid-19, ni violentar el artículo 11 constitucional que protege el derecho al libre tránsito.

“Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes”, apuntó.