Elementa DDHH documentó que los agentes policiacos cometen ilícitos como la siembra de drogas, extorsión, intimidación, estigmatización, represalias, amenazas,  malos tratos y privación ilegal de la libertad.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 6 de junio de 2022.- La asociación  Elementa Derechos Humanos documentó que en Yucatán las detenciones arbitrarias dan paso a la comisión de otros delitos y abusos policiales como la siembra de drogas, extorsión, intimidación, estigmatización, represalias, amenazas, malos tratos e incluso tortura, acciones que tiene como base la discriminación.

En su más reciente informe “Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán”, recabó que el 29 por ciento de las personas encuestadas reportó haber sido víctima de malos tratos y violencia física, golpes y uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

Además, el 16 por ciento sufrió amenazas e intimidación y el 16.7 extorsión. De 24 personas encuestadas, 21, es decir el 87.5 por ciento, reportó haber sido víctima de otras violencias: física, verbal, amenazas, forcejeos.

Elementa DDHH recalcó que de este total, el 62.5 por ciento de las personas indicó que estas ilegalidades cometidas por los policías ocurrieron al momento de la detención.

Otro de los abusos policiales identificados en el informe  fue la privación de la libertad de personas en centros penitenciarios o en el momento de la detención y los traslados realizados a un lugar de privación de libertad, donde también se presenta la extorsión, arbitrariedad, hostigamiento y amenazas.

 “No me dejaron libre, me estaban pidiendo 5 mil pesos por cada policía que me detuvo. ‘Ten en cuenta que somos tres’, me dijo el uniformado para dejarme ir. Como me negué, me dobló el brazo y me quitó las llaves de mi casa para que entrara y me robara mis cosas”, se lee en uno de los testimonios recabados en la investigación.

La asociación abundó que dentro de los testimonios destacan menciones de violencia sexual por parte de la Policía, actos que incluso se recrudecieron en los meses de restricciones en la contingencia de Covid-19.

“Me pararon en operativo de retén, me bajaron a la fuerza, me quitaron mi celular y me obligaron a darles la clave de acceso, me implantaron un cigarrillo de mariguana, y al mostrármelo, me golpearon, hasta reventarme mis dos tímpanos. Me golpearon en todo el cuerpo, mientras uno de ellos me vejaba agarrándome mi sexo, luego me llevaron a los separos y me encerraron sin darme agua ni llamada por derecho”, señaló otra de las personas entrevistadas.

Como parte de las conclusiones de su estudio, Elementa DDHH explicó que la prevención del delito es el centro de la estrategia de seguridad en la entidad  y la justificación para perseguir y castigar delitos menores y faltas cívicas sin que ocurra lo mismo con delitos graves.

“Ésta ha sido el motor de un estado más policial que ofrece seguridad a costa de violentar derechos humanos. Los programas y acciones de prevención no están basados en buenas prácticas, evidencia e investigación. No atienden las causas de la violencia estructural en el estado y no se implementan como una política integral con un enfoque de derechos humanos, estos se entiende como el fortalecimiento a los cuerpos de seguridad”, recalcó. (Foto de Lorenzo Hernández)