Con el pretexto de que las playas estaban cerradas, el agente de Hunucmá exigía a los visitantes que le depositaran mil 200 pesos a su cuenta bancaria personal, como si fuera una multa.

Por Claudia Arriaga

Hunucmá, Yucatán, 16 de julio del 2021.- En los meses de abril y mayo de este año, aprovechando la pandemia del Covid-19 y el presunto cierre de algunas playas al turismo, un policía municipal de Hunucmá exigió a dos personas que caminaban en Sisal pagar una “multa”, depositando mil 200 pesos a su cuenta personal de Banco Azteca.

Las víctimas señalaron que fueron más de siete casos los reportados en este periodo y en todos, este oficial se ostentó como titular de la Policía del Municipio. Lamentablemente, sólo ellos dos denunciaron el hecho en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Sobre este caso, el Poder Judicial de Yucatán informó que el oficial fue imputado por el delito de concusión, pues se comprobó que obligó a los denunciantes a entregar su tarjeta de circulación y licencia de conducir, y que para recuperarlos, debían de pagar una cantidad de dinero que no contempla la ley.

Sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso que se realizó el 13 de julio en el Centro de Justicia Oral de Umán, el Juez de Control, José Enrique Sáenz Dzul, accedió a la Suspensión Condicional del Proceso Penal a cambio de que el imputado pague la reparación del daño.

Para esto, el juez estableció una serie de requisitos legales previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), tales como un plan de pago de reparación del daño, con el cual las víctimas se dijeron satisfechas.

En este mismo sentido, se fijaron determinadas condiciones para el imputado por un plazo de seis meses, entre éstas, no acercarse a las víctimas; no abusar de bebidas alcohólicas; estar sujeto a vigilancia a cargo del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión del Proceso; así como presentarse a firmar en los primeros cinco días de cada mes en la Agencia de Hunucmá.

Al respecto, el asesor jurídico de las víctimas, René Ramírez Benítez, mencionó que estos actos de corrupción aumentaron exponencialmente debido a las acciones que empezaron a tomar diversos Ayuntamientos con el supuesto objetivo de evitar contagios del Covid-19.

Expuso que muchas de estas medidas no estaban sustentadas en Derecho e infringieron su esfera de competencia, configurando una forma de populismo punitivo que no atendía a una lógica o razonamiento fundado y motivado, sino a motivaciones políticas.