Levantan quejas ante la Codhey para que se apliquen medidas cautelares, pues es necesario cuidar la seguridad de las jóvenes, quienes temen represalias.

Por Claudia Arriaga

 Mérida, Yucatán, 6 de diciembre de 2019.-Las asociaciones defensoras de derechos humanos Grupo Indignación y Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) exhortaron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) solicitar la separación temporal del cargo de las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) involucrados en las detenciones arbitrarias previas a la marcha del 25 de noviembre.

En rueda de prensa realizada a las puertas de la Codhey, ambas organizaciones indicaron que las medidas cautelares son necesarias durante el periodo de investigación, para cuidar de la seguridad de las seis mujeres arrestadas y de las otras que estuvieron en riesgo.

 “Hay un temor fundado de las compañeras de que puedan recibir un tipo de represalias por la forma que fueron tratadas, por las amenazas. Por tanto, no sólo solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos realizar una investigación contundente, sino también el tema de las medidas cautelares”, comentó Jorge Fernández Mendiburu, miembro de Indignación.

 Martha Capetillo, también integrante de Indignación, recordó que en la fecha en que ocurrieron los hechos acudieron a verificar que se tratara de aprehensiones injustificadas. “Esa noche, posteriormente, la SSP envío un comunicado justificando las detenciones, no tenía motivo, es una violación de derechos humanos que quisieron manejar como una acción preventiva”, afirmó.

 Una de las jóvenes, en representación de sus compañeras afectadas, leyó un desplegado en el que describió los abusos de autoridad, vejaciones y tortura psicológica de las que fueron víctimas. “Los malos tratos, jaloneos y golpes durante el arresto y el traslado provocaron una amenaza de aborto en una compañera embarazada”, sostuvo.

“Una mujer policía me apretó el pezón, sentí que estaba sangrando. En el hospital me confirmaron la amenaza de aborto”, señaló la mujer, quien por seguridad pidió omitir su nombre.

Durante la entrega de las quejas, también se solicitó una reunión con el ombudsman Miguel Sabido Santana, quien no se encontraba en la oficina, sin embargo, fueron recibidos por el secretario Ejecutivo, Gustavo Arjona.

Otra de las solicitudes a la Codhey es que, además de las emitir las recomendaciones e investigaciones correspondientes, realice las denuncias penales pertinentes en contra de quienes cometieron estas irregularidades.

Este viernes se interpusieron cinco denuncias, de las cuales cuatro corresponden a detenciones injustificadas y uno a intento de arresto. Fueron ante el órgano de Control de la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando inicie de oficio un procedimiento; y la otra al Gobierno del Estado, exigiendo una explicación pública, medidas de no repetición e instruir al titular de la Policía Estatal, Luis Felipe Saidén Ojeda, para que inicie desde asuntos internos, el procedimiento disciplinario respectivo ante la Comisión de Honor.