Lamentaron que los proyectos de infraestructura pública más importantes del país se están otorgando a las grandes empresas, dejando sin contratos a las Mipymes.

Además, precisaron que adaptarse a las medidas sanitarias representa costos extraordinarios para la construcción. También hicieron un llamado a aprobar los empréstitos de los ayuntamientos y que el recurso llegue a todos.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 11 de junio de 2020.- Constructores del sureste del país coincidieron que tras la pandemia del Covid-19, las Micro, pequeña y medianas empresa (Mipymes)  del ramo están llegando a la “nueva normalidad” muy dañados económicamente y sin trabajo, por lo que se requiere que los gobiernos les den contratos para obras públicas que permitan la reactivación económica.

En un conversatorio digital llamado “Retos de la construcción hacia la llamada nueva normalidad”, consideraron como positivo que este sector se haya incluido como una actividad esencial, pero lamentablemente, recalcaron,  los proyectos de infraestructura más importantes del país se están otorgando a las grandes empresas, dejando sin oportunidades a las Mipymes.  

“Ya veníamos mal desde antes de la pandemia, por la falta de obra y dinero, porque la federación dejó de invertir en infraestructura. Luego empezó la contingencia y tuvimos que adaptarnos a no trabajar y no salir, por eso en el escenario actual llegamos muy dañados y sin trabajo”, declaró Jorge Villalobos Herrera, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC) en Yucatán.

Agregó que megaproyectos como el Tren Maya serán reactivadores de la economía de la región y darán empleo a pobladores de las comunidades, pero en los hechos, sólo beneficiará a las grandes empresas y no favorecerá a las pequeñas constructoras. 

Por su parte, el dirigente nacional de la AMIC, Ricardo García de León Coría, sostuvo que para realmente reactivar la economía y echar andar la “máquina” de la construcción, se requiere de la “gasolina” de las Mipymes, que representan entre el 70 y 80 por ciento de la industria.

Por tal razón, indicó que la solución sería que la Federación otorgue 200 mil pequeños contratos de infraestructura y de servicios a este tipo de constructoras, que no rebasen los 3 millones de pesos por cada una.

“Y que se cuide que no se acapare, que no se le dé 10 de estos contratos al compadre o al sobrino, y que sea una manera de dispersar el recurso para que llegue a todos los elementos de la economía”, agregó.

García de León Coría dijo que ha presentado este propuesta a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), para que las Mipymes puedan construir pequeñas obras de infraestructura, salud y educación. Explicó que generarían 2 millones de empleos directos, por lo que confía que se tome en cuenta.

Que los políticos se pongan de acuerdo.

En el conversatorio, se enfatizó que es necesario que las y los diputados del Congreso de Yucatán se pongan de acuerdo para autorizarle a los ayuntamientos las solicitudes de empréstitos para obras públicas, las cuales permitirían la reactivación económica tras los impactos de la pandemia.

El líder local de la AMIC,  Jorge Villalobos Herrera, dijo que espera que el Legislativo no lo rechace, como hizo con el crédito de mil 728 millones de pesos que pidió el Gobierno del Estado.

“Es una tristeza que los políticos no se pongan de acuerdo, tienen que analizar bien las necesidades del estado y recordar que la industria de la construcción permea en 40 ramas de la economía”, añadió.

Eso sí, declaró que de autorizarse los créditos, el dinero debe pulverizarse entre diversas constructoras y que la mayor parte sea para las Mipymes.

La nueva normalidad, con costos extraordinarios. 

Por su parte, el empresario constructor y organizador del conversatorio, Alfonso González Fernández,precisó que el regreso a la “nueva normalidad” está representando un costo extraordinario para el sector, pues se está teniendo que comprar equipos y hacer adaptaciones que exigen las autoridades sanitarias estatales y federales. 

Agregó que hay un impacto a los gastos administrativos para cumplir con los protocolos de higiene y seguridad, que dificultan su arranque económico y que las instancias de gobierno no están tomando en cuenta.

“Estamos de acuerdo de que se tengan que cumplir, pero no se pueden unificar los negocios, no todos los giros son iguales. Hay ciertas disposiciones que afectan el rendimiento del sector de la construcción”, recalcó. 

Sobre los gastos extraordinarios,  puso como ejemplo la adquisición de las caretas y demás equipamiento de higiene que deben portar los alarifes, su transportación especial para respetar la sana distancia, la adaptación de sus áreas de comida, entre otras. 

González Fernández explicó que los ajustes para evitar contagios de Covid-19 están generando sobrecostos que se tienen que pagar y que no se pueden cobrar a los clientes, “porque por un peso de más, no te dan la chamba”.