Estos megaproyectos se levantan a pesar de que no se realizó una evaluación regional de las afectaciones ambientales y conflictos sociales que provocan en la Península de Yucatán. 

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 9 de septiembre de 2019.- Investigadores de la asociación Articulación Yucatán insisten en que la instalación de más de 20 megaproyectos eólicos y solares en el territorio representa un riesgo regional, porque hasta el momento no se ha realizado una evaluación de los impactos ambientales y sociales que provocarían en su conjunto.

La ingeniera ambiental Jazmín Sánchez Arceo explicó que ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) se han identificado 29 de estos megaproyectos, de los cuales, nueve eólicos y 12 solares ya cuentan con autorización para levantarse en la entidad.

Sin embargo, recalcó que el modelo de desarrollo y de implementación de éstos representan una amenaza, debido a las características típicas de su infraestructura y porque se pretenden instalar en zonas de alta biodiversidad.

Por ejemplo, dijo, el parque eólico de Tizimín se construyó a tres kilómetros de la Reserva Ecológica de Río Lagartos, violando el Programa de Ordenamiento Ecológico Costero, que indica que en esa área no está permitido el uso de maquinaria de extracción de piedra, situación que sí ocurrió para colocar los inmensos aerogeneradores.

“Está prohibido como una medida de protección del acuífero y aún así ya está operando”, lamentó la investigadora, quien precisó que este tipo de megaproyectos se están levantando en el litoral yucateco por las condiciones de viento que ahí imperan, sin que les importen las afectaciones ambientales.

“Además, se estima que para cada cimentación de los aerogeneradores se utilizaron mil 500 toneladas de concreto, pero los Manifiestos de Impacto Ambiental no dicen cuál es su peso exacto ni cómo impactan al suelo; pese a ello han obtenido las autorizaciones ambientales”, señaló.

En ese mismo tenor, el investigador Rodrigo Patiño Díaz recordó que el suelo de la costa es kárstico y por lo tanto, más frágil y delgado, por lo que al desconocerse el peso de esas estructuras tampoco se sabe si provocan la introducción de agua salina a los acuíferos, si se caerían en caso de que lleguen huracanes a la Península o cómo influyen en la erosión. 

Además, recalcó el académico del Cinvestav, los aerogeneradores podrían provocar la muerte de población de aves migratorias provenientes de Norteamérica que cada año vuelan por la costa yucateca. 

“Los principales riesgos tienen que ver con esos cimientos y sus excavaciones, como no hay un estudio regional de la capacidad de carga en el territorio no se puede determinar cuántos parques se pueden construir en la Península”, agregó. 

En cuanto a los solares, Jazmín Sánchez puntualizó que muchos se pretenden implantar en zonas de selva en buen estado de conservación, por lo que se tendrían que deforestar cientos de hectáreas cercanas a las localidades indígenas. Esta lógica, señaló, no contempla la vulnerabilidad y capacidades del territorio.

 “Además, como la característica de estos proyectos es la opacidad de la información, la especulación ha generado problemas sociales y transgredido el tejido de las comunidades, pues éstas son las últimas en enterarse de lo que ahí se va a construir… se enteran de estos parques hasta que ya están en construcción y funcionando en sus poblaciones”, criticó. 

Señaló que no hay un estudio sobre los impactos acumulativos y sinérgicos de todos los parques, pues no hay que verlo como la tala de 100 ó 500 hectáreas por cada proyecto individual, sino evaluar la afectación que significaría la deforestación que se hará en conjunto en el territorio.  

Patiño y Sánchez de Articulación Yucatán, explicaron que la Ley de Transición Energética establece en su artículo 19 que es obligación de la Semarnat hacer una Evaluación Ambiental Estratégica Regional en las zonas donde hay un alto potencial energético, pero hasta la fecha no se ha realizado en la Península, a pesar de que se está autorizando una importante cantidad de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos.

En ese sentido, las evaluaciones de impacto ambiental, los estudios sociales y las consultas indígenas se han desarrollado de manera separada, a partir de cada uno de los parques, por lo que no se han estimado los riesgos de forma regional

“Debieron mirar el territorio en conjunto, conocer la capacidad de carga para instalar los megaproyectos, de qué tipo serían y buscar el aval de la población de forma informada. Eso se debió hacer antes de que llegaran y hasta hoy día no se ha dado”, criticó Patiño Díaz. (Fotografía de Cuauhtémoc Moreno)