Estudio de Elementa DDHH arrojó que las estrategias y acciones para combatir la emergencia sanitaria en Yucatán fueron ineficientes, sobre todo el delegar responsabilidades de prevención a los cuerpos policiacos.

Por Abraham Bote  

Mérida, Yucatán, 12 de mayo de 2021.-La pandemia del Covid-19 detonó también el virus de la arbitrariedad y violaciones a los derechos humanos: Entre marzo y agosto de 2020, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey)  reportó 84 quejas en contra de cuerpos policiales de 18 municipios, así como contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 52 procedimientos de queja por violaciones al derecho de libertad personal, es decir detenciones presuntamente arbitrarias y 59 por prestación indebida del servicio público. 

Así lo reveló el estudio El virus de la arbitrariedad:  Violaciones a derechos humanos en el marco de la pandemia por COVID 19 en Jalisco, Guanajuato y Yucatán, que realizó la asociación Elementa DDHH,  el cual se dio a conocer el 30 de abril.  

Estos datos demuestran que las estrategias y acciones que implementó el Gobierno de Yucatán para combatir la emergencia sanitaria fueron ineficientes, sobre todo el delegar responsabilidades de prevención a los cuerpos policiacos, quienes son los que más vulneran los derechos humanos, opinó Enrique Gallegos Madrigal, autor de la investigación, junto a Carlos Camargo Pinzón.  

Para este análisis, los investigadores realizaron un total de 18 solicitudes de acceso a la información dirigidas a las secretarías de Seguridad Pública y Salud, así como a los gobiernos estatales y municipales (dos por estado) y a las Comisiones de Derechos Humanos. Específicamente, se solicitó información sobre las medidas, cómo han sido implementadas y si éstas han resultado en violaciones a derechos humanos. 

De los tres estados, Yucatán fue el que más violaciones a los derechos humanos presentó.  De las 84 quejas ante la Codhey, 30 fueron en contra de la SSP; 20 quejas contra la policía municipal de Kanasín, cinco contra la de Celestún, tres contra las Policías de Mérida, Cenotillo, Chacsinkín, Dzizantún y Progreso; dos  contra las de Hoctún, Tixpehual y Kantunil y una contra las corporaciones de Tecoh, Halachó, Ucú, Yaxkukul, Hunucmá, Homún, Yaxcabá y Xocchel 

Existen, además, siete quejas contra la Fiscalía General del Estado, mismas que reportan 10 violaciones a derechos humanos. La más común fue la dilación o negligencia administrativa en el proceso jurisdiccional. A su vez, el estado reporta 40 procedimientos de queja por violaciones al derecho de integridad física y 59 procedimientos de queja por “ejercicio indebido de la función pública”. Kanasín fue el municipio con más procedimientos de queja por violaciones a derechos humanos.  

Gallegos Madrigal explicó que se seleccionó a Yucatán para esta investigación pues tiene antecedentes de violaciones a los derechos humanos ejercidos por las Policías estatales o municipales. Las arbitrariedades existen desde antes de la pandemia, pero el caso de una persona que murió asfixiado en Progreso, en noviembre del 2020, prendió el foco de alerta para que el estado sea parte de este estudio.  

 “Es contradictorio que por un lado se diga que Yucatán es el mejor lugar para vivir, el estado más seguro, y por otro lado hayan muerto por lo menos 10 personas en custodia de la policial o violencia”, expuso.  

En Yucatán, el Gobierno del Estado suspendió actividades no esenciales, hizo obligatorio el uso de cubrebocas, activó una restricción de la movilidad vehicular entre las 22:30 y las 5:00 horas, e implementó un operativo a cargo de la Policía Estatal para velar por el cumplimiento de estas disposiciones (SSY 01/2020). Autoridades municipales, además, recurrieron a detenciones, “toques de queda” e inclusive amenazas de destierro como parte de sus acciones para contener la pandemia.  

Para el abogado, los datos del análisis evidencian que antes y durante la pandemia han existido estas prácticas violatorias a los derechos humanos y que estas acciones del gobierno no fueron eficientes ni bien focalizadas.  “Descansar gran parte de la estrategia para la prevención de casos del Covid-19 en las Policías estatales y municipales no fue la mejor decisión, porque ya existe un contexto de que estas corporaciones suelen cometer este tipo de violaciones a los derechos humanos”, manifestó.  

Estas tareas, precisó, debieron delegarse al personal de la Secretaría de Salud, y sanitaria para verificar que se cumpla el reglamento, pero al destinar esta labor a las policías propició estas detenciones arbitrarias y casos de violencia.  

A su vez, el especialista indicó que muchas decisiones municipales fueron “abiertamente inconstitucionales”, como cerrar o bloquear los accesos, y amenazar a la gente para que no salga de sus casas luego de determinado horario.  

Lo peor, de acuerdo con el experto, estas medidas arbitrarias no han demostrado su eficacia, no hay datos precisos que señalen que haber tomado estas decisiones haya garantizado la disminución de contagios y muertes, pues Yucatán, a pesar de estas acciones, estuvo en los primeros ligares de casos positivos, pero sí perjudicó a la población. “No hubo un protocolo ordenado y claro, un análisis bien pensado, que permitiera que las personas pudieran conocer a detalle estas medidas”, detalló.  

La Secretaría de Gobernación, dijo, recomendó que este tipo de acciones deberían estar enfocadas a los establecimientos públicos y privados, no hacia las personas, ya que al enfocarla a la ciudadanía se propicia la persecución.  

Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido una supervisión, ninguna institución del Estado ha rendido cuentas, ni la Codhey ha rendido un informe detallado especial a los derechos humanos vulnerados durante la pandemia.  

En conclusión, opinó que este reporte, además de servir para que la ciudadanía conozca, debe ser un llamado a que las autoridades rindan cuentas de todo lo que realizaron el año pasado y lo que podrían hacer este 2021, y la Codhey debe vigilar y exigir el cumplimiento de los derechos humanos.  

“Utilizar a las fuerzas de seguridad para hacer cumplir medidas sanitarias propició violaciones a los derechos humanos en los tres Estados. No por efecto directo de la pandemia, sino porque estas prácticas ya estaban arraigadas en las actuaciones de las policías municipales y estatales. De modo que las medidas sirvieron para legitimar sus intervenciones arbitrarias. Es importante tener en cuenta que algunas de las medidas que legitiman la violencia policial con el pretexto de la pandemia que fueron mencionadas en el documento continúan vigentes. La pandemia parece no tener una fecha para terminar, lo mismo con la arbitrariedad policial y la opacidad institucional”, concluye la investigación.  

Aquí puedes leer el documento completo  

https://elementaddhh.org/wp-content/uploads/2021/04/El-virus-de-la-arbitrariedad.pdf