Article 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) llaman al Congreso del Estado a que elimine el delito de difamación del Código Penal, dados sus efectos dañinos a la libertad de expresión.

Por Redacción

Ciudad de México, a 17 de febrero 2022.- Las organizaciones internacionales Article 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) respaldaron la petición del gremio periodístico de Yucatán y  solicitaron  a la LXIII Legislatura del Congreso del Estado la eliminación del delito de difamación del Código Penal estatal, dados sus efectos dañinos a la libertad de expresión.

A través de un posicionamiento, dichos organismos recordaron que el pasado  16 de febrero las y los periodistas de Yucatán entregaron una carta para solicitar de manera formal al Congreso del estado de Yucatán que promueva reformas que eliminen el delito de difamación y, de esta manera, evitar actos que inhiban su trabajo y violen el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Las organizaciones firmantes recordaron al Congreso de Yucatán que el delito de difamación, uno de los llamados “delitos contra el honor”, contraviene estándares internacionales de libertad de expresión, dado que puede ser utilizado para criminalizar particularmente a periodistas quienes hacen públicas informaciones de  interés público a la ciudadanía.

En México, los “delitos contra el honor” forman parte de un sistema legal que es utilizado arbitrariamente por autoridades y otras personas con proyección pública quienes buscan silenciar a la prensa vía procesos judiciales. Según la documentación de Article 19, los hostigamientos judiciales van en aumento pues, en 2015 se documentó sólo un caso, luego 13 en 2016, para el 2019 ya eran 21 casos, y en 2020 escalaron a 39.

Uno de los más recientes ejemplos es el caso de la comunicadora yucateca Esther Beatriz May Vera, quien fue vinculada a proceso en noviembre del año pasado por la acusación de difamación del Oficial Mayor del Ayuntamiento de Motul, como represalia a las notas que publicó sobre las agresiones e intimidaciones que ha vivido por parte de integrantes de dicho Municipio.

Al respecto de estos delitos, las organizaciones explicaron que los relatores de libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su Informe conjunto derivado de su última visita a México del 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017, exhortaron al Estado mexicano a reformar los Códigos  Penales de las entidades federativas a fin de eliminar delitos que se apliquen para criminalizar la libertad de expresión, y abstenerse de usar otras disposiciones del derecho penal para castigar el ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

Asimismo, recordaron que el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano, en la que determinó que es necesaria la derogación en todo el país de los delitos contra el honor [difamación y calumnias], puesto que la pena de prisión no resulta ni adecuada ni proporcional.

“La derogación del delito de difamación sería un avance en la generación de condiciones más favorables para las libertades de expresión e información en Yucatán, ya que los mismos han sido utilizados de manera arbitraria por parte de actores con poder político o económico, para acallar voces críticas que les resultan molestas o incómodas”, sostuvieron en un comunicado conjunto.

En vista de lo anterior, Article 19, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unieron a  la petición del gremio periodístico en Yucatán y llaman a la LXIII Legislatura del Congreso de Yucatán a derogar, de manera efectiva y diligente, el delito de difamación en el Código Penal de la entidad.