La víctima de violencia lamentó que el juez Bonilla declaró procedente la suspensión condicional del proceso, así como la falta de compromiso de los fiscales en la investigación.

Por Claudia Arriaga.

Mérida, Yucatán, 16 de marzo del 2021.- A Greta Martínez Corona hoy la abandonó la justicia. Los 14 años de violencia física, psicológica, sexual y económica que vivió a manos de su expareja sentimental Hugo C.V.. no fueron argumentos suficientes. El juez Rómulo Bonilla Castañeda declaró procedente la suspensión condicional del proceso, por lo que el agresor seguirá libre.

A solicitud del imputado, este martes se definió que podrá seguir con su vida y que únicamente cumpla con pagar 20 mil pesos por la reparación del daño

“Se canceló, otorgó la suspensión del proceso, el señor no tiene ninguna penalización, solo pagará 20 mil pesos por daños, así es, me guste o no me guste. El juez dice que no está bien fundamentado mi caso ¿Se le puede poner una cantidad económica a todo lo que me hizo?”, cuestionó.

Cabe recordar que el caso de Greta se hizo de conocimiento público en el 2018, cuando en redes sociales se difundió un video en el que se observa que fue atacada a golpes por su expareja. Detrás de esta grabación se destaparon situaciones tales como el encierro que vivió durante seis meses en un cuarto oculto de la casa, donde la mantuvo amarrada y en la oscuridad. 

“Y cuando el juez dijo que no seguiría el proceso y me levanté, él se atrevió a decirme que le estoy faltando al respeto. Yo no quería estar sentada escuchando que basados en los artículos tal y tal se suspendía. ¡No me pueden decir que lo que yo viví es mentira o que no está fundamentado!”, declaró.

Atribuye este revés a la falta de compromiso de los fiscales encargados de su caso, a quienes en reiteradas ocasiones les rogó por estudiar la carpeta de investigación.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que Greta vive esta situación, ya que llevó más de un año vincular a proceso a Hugo C.V.. En el 2019, no fue posible presuntamente por fallas y errores de la cadena de evidencia. 

La violencia también es institucional, en el 2017 intentó denunciar, las autoridades le dijeron que no procedería y un año después regresó con pruebas y golpes, incluso con un video. Sumado a esto, en abril del 2020, ella fue parte de las mujeres a las que les retiraron la protección policíaca con motivo de la pandemia del Covid-19.

Ahora ella deberá de nueva cuenta tocar puertas para acceder a la justicia y, por fortuna, no está sola, siendo apenas un niño, su hijo la acompaña en esta lucha. Y de manera simultánea se desarrolla el proceso de divorcio.