La abogada de CEJUDI, María Paula Balam, declaró que se tienen que aplicar medidas de reeducación para evitar que dichos alumnos vuelvan a cometer violencias de género en otros espacios educativos.

De igual forma subrayó que este caso es una fotografía de la situación de violencia que se viven en las universidades, por lo que cada una tiene la obligación de tomar acciones de investigación, prevención y erradicación.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 19 de enero de 2022.-La abogada María Paula Balam Aguilar, codirectora del Centro por la Justicia, Democracia e Igualdad (CEJUDI), declaró que no basta con expulsar de las universidades a los alumnos involucrados en la red de violencia digital en contra de mujeres estudiantes, más bien las autoridades educativas tendrían que aplicar medidas de reeducación para evitar que vuelvan a cometer violencias de género en otros espacios.

Como hemos informado, las colectivas Sororidad Anáhuac y UADY Sin Acoso han denunciado públicamente la existencia de un grupo de chat en Telegram en el que mil 280 miembros compartían fotografías, videos, información personal y contenido sexual de estudiantes de la Universidad Anáhuac Mayab, sin su consentimiento. 

En este caso de violencia digital también están involucrados alumnos de las Universidades Autónoma de Yucatán (UADY) y Marista de Mérida, instituciones que han condenado los hechos.

Al respecto, Balam Aguilar recalcó que dichas universidades tendrían que realizar investigaciones sobre este caso por iniciativa propia, ya que es públicamente conocido que alumnos suyos están involucrados.

Además, deberían realizar acciones para identificar los patrones de violencia en sus espacios educativos, debido a que un importante porcentaje de su alumnado está relacionado con el chat.

“Si ya saben que hay un foco rojo, debería actuar con medidas de prevención, con campañas, capacitaciones de sensibilización e iniciar trabajos para erradicar acciones de violencia contra las estudiantes y las mujeres en general”, señaló.

La abogada de CEJUDI dijo que no se trata de un hecho aislado, sino que se tiene que atender como un problema colectivo. Subrayó que es una fotografía de la situación de violencia que se vive en las universidades, por lo que cada una tiene la obligación de tomar medidas de investigación, de prevención y erradicación de estas acciones.

Sobre las sanciones, indicó que no necesariamente tienen que ser expulsiones o suspensiones de los estudiantes, pero en caso de que así suceda, deben venir acompañadas de medidas que garanticen la reeducación de dichos jóvenes agresores.

“No basta con separarlos del espacio estudiantil, se debe dar seguimiento, verificar que ese alumno al introducirse a un nuevo espacio no vuelva a repetir esos hechos. Si sólo lo dejan en una expulsión, va a ir a otra universidad en donde acosará a otras compañeras, creará un nuevo grupo y violentará de la misma manera”, abundó.

Insistió en que la expulsión debe estar acompañada con procesos de reeducación para hombres, obligarlos a que tomen terapia e inicien un camino de deconstrucción para que no vuelvan a violentar a más mujeres.

La abogada añadió que este lamentable caso también exhibió, una vez más, manifestaciones misóginas, clasistas y racistas que prevalecen en los espacios universitarios. 

Por cierto, en un comunicado, el CEJUDI señaló que las universidades involucradas están obligadas a actuar y no condicionarse a protocolos específicos o a procedimientos penales.