Su abuelo fue el agresor sexual y a pesar de las pruebas y la denuncia en su contra, la Fiscalía no investigó adecuadamente; él siguió viviendo impunemente en Chablekal durante ocho años y abusó de otros niños.

Yesenia aseguró que, junto a su hija, sufrió discriminación por parte de las autoridades ministeriales, debido a su condición de indígena, por el color de su piel, por no poder expresarse con desenvoltura en español y por el contexto de pobreza en la que viven.

Por Herbeth Escalante Ojeda

Mérida, Yucatán, 2 de marzo de 2020.– Todos los días,  Yesenia  atravesaba el pueblo de Chablekal para llegar a casa de sus padres en donde recogía a su hija, quien al salir de la escuela únicamente tenía que cruzar la calle para esperarla ahí. Esa fue la rutina durante cinco años, pues la mujer consideraba que la niña estaba en un lugar seguro, en la vivienda de sus abuelos.

Sin embargo, ese día, el 5 de febrero de 2012, no la encontró al llegar. Revisó por todos lados y preguntó en la primaria, pero nadie la había visto desde que sonó la campana de salida. Vivió minutos de angustia por la situación vulnerable de la menor, pues tiene discapacidad auditiva, ceguera parcial y no puede hablar.

El único sitio en donde no había examinado era el baño, que en ese momento estaba ocupado por su padre, Arsenio Dávalos, un hombre mayor que se resistía a salir. “Aquí no está tu hija”, exclamó del otro lado de la puerta.

Yesenia no le creyó, una voz en su interior le decía que estaba ocurriendo algo malo, por lo que empezó a golpear la puerta de madera con toda su fuerza exigiendo que le abra, quería derrumbarla a golpes y gritos.

Tras la presión, al señor no le quedó otra opción que abrir y fue entonces que la afligida madre encontró a su hija, Y. M. T. D. de once años de edad, escondida en un rincón del cuarto, llorando, con el uniforme de la escuela ultrajado y con sangre en su ropa interior. Había sido víctima de violación sexual por parte de su abuelo.

La niña, quien en ese entonces aún no había aprendido el lenguaje de señas, intentó comunicar por medio de gestos que el sujeto la había tocado. La mujer, de origen indígena maya, no lo dudó ni un segundo, la tomó en sus brazos y se trasladó a las instalaciones de la Fiscalía General de Yucatán ubicada en la zona conurbada del poniente de Mérida.

Fue un viaje de más de hora y media desde la comisaría de Chablekal, ubicada a 21 kilómetros al norte de la ciudad en la carretera a puerto Progreso, pues al tratarse de un delito sexual tenía que ir hasta el edificio de esa dependencia para interponer la denuncia correspondiente. 

Luego de 10 horas de espera en la Agencia Investigadora Especial en Delitos Sexuales, por fin le tomaron la denuncia y la menor fue sometida a una revisión ginecológica, en la que se corroboró que sufrió penetración vaginal y anal. 

“La valoraron esa misma noche y vieron que sí salió positivo, por eso pensé que al día siguiente las autoridades iban a detener a mi padre por lo que hizo, pero no pasó nada. Pasaron las semanas y no hacían las investigaciones y cómo no tenía dinero para contratar a un abogado, no tenía manera de presionarlos”, relató la mujer de 45 años de edad, quien no comprende por qué tuvieron que pasar casi ocho años sin justicia.

A pesar de las pruebas en su contra, el agresor no fue detenido. Por el contrario, se mudó al lado de la casa de Yesenia, en donde estuvo viviendo todo este tiempo. Tampoco hubo reparación del daño ni medidas de protección para la menor y su familia.

Yesenia aseguró que junto a su hija sufrieron discriminación por parte de las autoridades ministeriales, debido a su condición de indígena, por el color de su piel, por no poder expresarse con desenvoltura en español y por el contexto de pobreza en la que viven.  

La abogada del Equipo Indignación, Lourdes Guadalupe Medina Carrillo, asociación que durante 25 años se ha dedicado a acompañar al pueblo maya de la Península de Yucatán en procesos jurídicos, sostuvo que el caso de Yesenia es un claro ejemplo de que las leyes yucatecas establecidas para proteger a las y los pobladores indígenas no se aplican y por lo tanto, no pueden acceder a la justicia.

Recordó que existen dos legislaciones estatales, la de Protección de los Derechos de la Comunidad Maya y la de Justicia Maya, que en realidad son letra muerta porque no están adecuadas culturalmente para garantizar que las y los habitantes originarios puedan denunciar  y llegar a juicios, en un estado donde el 26 por ciento de la población es mayahablante y el 68 por ciento se considera completamente o parcialmente indígena. 

“Las leyes estatales son ajenas a las comunidades mayas porque fueron creadas desde el escritorio, no se hacen consultas para informarles o pedirles su opinión. Además, no buscan preservar la justicia tradicional ni respeta los sistemas normativos basados en usos y costumbres”, sostuvo Medina Carrillo.

De acuerdo con el diagnóstico del Plan Estatal de Desarrollo,del total de la población ocupada con menos de un salario mínimo en la entidad, 69.5% correspondió́ a indígenas. Esta situación los limita directamente en su acceso a alimentación, vivienda digna, educación, salud y por supuesto, a la justicia. 

“Las leyes y la justicia se olvidan de la gente pobre. Cuando la parte que acusa tiene para pagar un licenciado o para hacer corrupción, entonces sí les hacen caso, pero como yo no tengo dinero, me ignoraron”, sostuvo Yesenia.

La mujer y la abogada coinciden en que sigue latente la discriminación en el sistema de impartición de justicia en Yucatán. Por eso la gente ya no cree ni en las leyes ni en sus autoridades, no acuden a denunciar porque saben que serán ignorados, consideran que es inútil exigir sus derechos, que gastarán mucho dinero en los juicios y que pasará mucho tiempo para recibir la justicia que esperan.

No se va a quedar callada.

“En el 2015, nos enteramos que mi padre abusó sexualmente de mi sobrina de cuatro años y de un niño de dos. Si lo hubieran detenido desde que puse mi demanda no hubiera ocurrido eso, no habría más víctimas”, indicó la señora Yesenia con cierta rabia.

Cuando regresó la Fiscalía ese año para acompañar a su hermana para interponer otra denuncia por violación de su sobrino, las autoridades la recibieron con un balde de agua fría: “¿sabe qué, señora? su padre ya está grande, tiene 75 años, su caso no va a proceder”. 

Pese a ese muro, no iba a permitir que el agresor continuara libre y sin castigo, por lo que desesperada pidió apoyo a los abogados de Equipo Indignación, quienes al detectar todas estas inconsistencias interpusieron un juicio de amparo por la demora en las investigaciones. 

“Y en un mes, sólo por una orden de juez federal, la dependencia se aceleró e hizo las diligencias que no realizó en ocho años;  con una interprete de señas y un psicólogo le tomaron la declaración a su hija, quien para ese entonces ya era mayor de edad, y refirió todo lo que la madre había denunciado en este tiempo”, informó la abogada.

A finales de julio pasado de 2019, se notificó que las autoridades encontraron responsable al hombre de los delitos de violación equiparada,  abuso sexual y corrupción de menores incapaces y, por lo tanto, se giró su orden de aprehensión.

Al enterarse que ahora sí las autoridades lo estaban buscando, el sujeto huyó del pueblo.  Estuvo prófugo hasta octubre y finalmente, luego de casi ochos años de impunidad, fue detenido y actualmente está preso en el Cereso de Mérida.

“Durante cinco años abusó de mi hija, ella no podía acusarlo porque no puede hablar. Gracias a Dios descubrí lo que estaba pasando, por eso no me voy a quedar callada hasta que haya justicia”, sostuvo la mujer con voz firme.

Asegura que no le importa que se trate de su padre ni que “sean la vergüenza del pueblo”, más bien le enoja que el Estado no le proporcionó ayuda y que la menospreciaron. Ella lo sabe, fue víctima de discriminación.  

A la distancia reflexiona sobre todo el proceso que ha tenido que enfrentar, por eso hace un llamado a los servidores públicos de la Fiscalía: no discriminen a la gente por ser indígena, sí hay las pruebas suficientes que hagan algo, que arresten y castiguen a quienes nos dañan, pero sobre todo, no abandonen a sus hijos cuando ocurran estas injusticias, hay que hacerles caso, escucharlos y enfrentar a quienes pretenden ignorarnos.

Yucatán es la entidad mejor calificada del país en el Índice de Estado de Derecho en México 2019 del World Justice Project (WJP). Al igual que en la edición 2018 del Índice, ocupó el primer lugar nacional con 0.47 de puntaje, en una escala de 0 a 1, donde 1 significa la máxima adhesión al Estado de Derecho.

Sin embargo, en el indicador que mide si el sistema de procuración de justicia es efectivo para resolver delitos, su puntuación fue de apenas 0.22, revelando la percepción de los ciudadanos sobre el acceso a la justicia cuando se comete un delito penal en su contra. 

También, en el indicador que mide la ausencia de discriminación, el puntaje de Yucatán cayó de 0.45 en 2018 a 0.37 en 2019-2020, con lo que la entidad pasó de la posición 14 a la 29 de los 32 estados del país. (Fotografía y video de Cuauhtémoc Moreno)

Para leer el reportaje completo, ingresa a este enlace de World Justice Project.

Reportaje elaborado en colaboración con el colectivo Ojos de Perro VS la Impunidad.