En nueve años, 65 mujeres han sido denunciadas por aborto y aborto culposo en Yucatán. Por lo general, quienes las atienden en los hospitales interponen las demandas. 

Por Lilia Balam y Katia Rejón.

Fotografía de Valentina Álvarez

Mérida, Yucatán, 9 de abril de 2019.- Nadia tenía 30 años de edad, era madre soltera de una adolescente de 15 y trabajaba en un molino del mercado Lucas de Gálvez cuando tuvo un retraso. Se enteró de que estaba en su tercer mes de embarazo y decidió abortar porque no podía mantener a dos hijos. 

Le recomendaron unas pastillas para realizar el procedimiento, pero ganaba solamente 600 pesos semanales y el padre biológico se encontraba en prisión. Pagar los dos mil 500 pesos que costaba el medicamento de marca original era algo inalcanzable para ella, por lo que compró la versión genérica. 

Cuando llegó con dolores al Hospital General “Doctor Agustín O’Horán”, el 20 de enero de 2014, una asistente la denunció; posteriormente, un juez le impuso seis meses de prisión, los cuales fueron sustituidos por un tratamiento médico provisto por las instituciones de salud y una multa de 11 mil pesos. Su caso fue documentado por el Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE) en su informe “Maternidad o castigo”. 

Desde 2009, en Yucatán se protege la vida desde la concepción. La aprobación de esa reforma al Código Penal generó confusión en la comunidad médica y en la ciudadanía en general pues se cree que el aborto está totalmente penalizado en el estado. 

Paradójicamente, la ley local es una de las que incluye más casos bajo los cuales no se sanciona la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. No obstante, el desconocimiento de las normas obstaculiza el acceso de las mujeres a este derecho si fue violada, su vida o la del producto corren peligro, o vive en la pobreza. 

La Secretaría de Salud de la entidad (SSY) sólo registró 11 interrupciones legales del embarazo entre 2009 y 2018; por el contrario, hay casos de encarceladas por abortos espontáneos, siendo el mismo personal médico quien las denuncia. En ese mismo periodo, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), proporcionada a través de una solicitud de transparencia, 65 han sido denunciadas por aborto y aborto culposo. 

Estas demandas han procedido a pesar de que en el Código Penal se establecen excepciones para no castigarlas: si el aborto es culposo; cuando la gestación es resultado de una violación; cuando, de no provocarlo, corre peligro de muerte; cuando es por causas económicas graves y justificadas, y siempre y cuando ella tenga al menos tres hijos; y cuando el producto padezca alteraciones genéticas o congénitas.

Los casos han ido en aumento desde 2013. Sin embargo, en los últimos dos años no se ha reportado el inicio de ninguna investigación de este tipo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En el país, de 2007 a 2016 fueron procesadas penalmente cuatro mil 246 mujeres por abortar: 53 de ellas se encuentran actualmente en prisión definitiva. Todos los días se denuncia a una por abortar en México, de acuerdo con el informe de GIRE.

El personal médico denuncia los abortos

De acuerdo con la activista Lorena Aguilar Aguilar, de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, a raíz de la reforma de 2009, aumentaron las denuncias contra mujeres por aborto y la mayoría de éstas eran interpuestas “por el personal de salud”. 

Además, existe desinformación de profesionales de la medicina y enfermería sobre los aspectos jurídicos y legales, explicó la investigadora de la Universidad Autonóma de Yucatán (UADY), Ligia Vera Gamboa. “Realizar el procedimiento no les va a quitar la licencia, [pero] no conocen el marco legal y por eso denuncian, o por opiniones personales”, declaró. 

Las y los médicos involucrados en la interrupción de un embarazo por la vía quirúrgica pueden ampararse en la “objeción de conciencia”, un argumento de carácter ético para rechazar cumplir una norma por motivos de religión. No obstante, por ley, se debe garantizar la presencia de al menos una o un galeno que no se ampare en esta figura. 

“En la práctica tenemos médicos que llevan a sacerdotes para que convenzan a la víctima [de no abortar]. Esto es una tortura psicológica. Las instituciones de salud no pueden ser objetoras, sólo las personas, y si la vida de la mujer corre peligro, la objeción se invalida. La vida de las mujeres no está por encima de las creencias del personal de salud”, agregó la vocera de Católicas por Derecho a Decidir. 

En caso de que estas medidas no se cumplan, se puede interponer un recurso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado (Codhey) y demandar a las y los trabajadores de la salud. 

Al preguntarle su opinión al respecto, el doctor Víctor Pinto Brito, líder del grupo conservador Frente Nacional por la Familia (FNF) en Yucatán, contestó que “habría que ver las circunstancias para decir si es ético o no es ético” que el personal denuncie a quienes abortan. 

Afirmó que la mayoría de los ginecólogos que conoce no harían abortos y si se los exigieran por ley, “algunos amigos se acogerían a la objeción de conciencia, porque me han hablado para preguntarme. La inmensa mayoría de los que están en el Colegio de Médicos se niegan a hacerlo, ¿por qué? porque se sabe que se pierde el prestigio (sic.)”, expresó. 

Fragmento del reportaje “Maternidad forzada. El mito del aborto legal en Yucatán”, que puede consultarse en www.abortoyucatan.com