La población insiste en los impactos ambientales, contratos amañados y amenazas para la instalación de los parques solares Ticul A y Ticul B.

Por su parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) corroboró irregularidades en las consultas indígenas.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 5 de noviembre de 2019.- Las poblaciones de Muna y Sacalum denunciaron nuevamente los riesgos ambientales y sociales, así como las irregularidades que están ocurriendo en la instalación del megaproyecto denominado parques solares Ticul A y Ticul B. Estas anomalías incluso han sido corroboradas por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidad para los Derechos Humanos (ONU-DH).

En rueda de prensa, el ejidatario Wilberth Abraham Chi Domínguez de Muna, localidad ubicada al sur de Yucatán, indicó que esta granja solar es una amenaza, ya que se deforestarían más de mil hectáreas de selva media caducifolia para en su lugar colocar un millón 200 mil paneles.

Dijo que no sólo se van a quedar sin árboles, sino que generará una fuerte ola de calor, dejará sin hábitat a animales de la zona, como el rascadorcito y el jaguar, acabará con plantas medicinales y perturbará la polinización de las abejas.

“Y posiblemente, con la deforestación, el diámetro de afectación sería de cinco mil hectáreas, es decir, tres veces el tamaño de Muna. Al pueblo no se le ha informado de esto, no tiene idea de lo que viene, nos desespera el daño que ocasionarán al medioambiente. Este proyecto no tiene nada de energía limpia, no puede ser limpia si van a deforestar mil hectáreas, si van a acabar con el monte”, lamentó Chi Domínguez.

Las empresas que impulsan desde hace más de dos años los parques solares Ticul A y Ticul B son Sun Power, Vega Solar 1 y Vega Solar 2, las cuales, como ocurren en este tipo de megaproyectos, realizaron Manifiestos de Impacto Ambiental (MIA) en su propio beneficio, ignorando las afectaciones que habrá en el entorno.

Además, cuando intentaron apoderarse de 362 hectáreas de los ejidatarios de la comunidad San José Tipceh del mencionado municipio, contrataron a un intermediario de nombre Ignacio Salomón Isaac, quien pagó cuatro millones de pesos, sólo que en ese momento mintió diciendo que en esas tierras sembrarían estevia y cítricos.

Cuando las y los pobladores se dieron cuenta del engaño, se firmó un nuevo convenio con las compañías, a través de asambleas ejidales amañadas, por un usufructo de 30 años de las tierras, para ahí levantar los parque solares, acordando pagar 20 mil pesos anuales por hectárea, más cuatro millones, a la comunidad por concepto de beneficios sociales compartidos.

Consultas indígenas, llenas de irregularidades. 

Uno de los ejidatarios inconformes, Aurelio Mugarte Xool de San José Tipceh, indicó que, posteriormente,  con el aval de dependencias federales y estatales, se llevaron a cabo consultas indígenas para saber si la población está a favor o en contra de los parques solares, pero éstas no fueron previas, libres ni informadas. 

Incluso, las empresas pagaron a las y los habitantes y a gente de otras localidades para que se manifiesten a favor del proyecto en esas reuniones, las cuales catalogó de ilegales.

Fue por eso que solicitaron el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para que fungiera como observador de dichas consultas realizadas por la Secretaría de Energía (Sener). En total, participaron en siete en dicha comunidad y encontraron diversas inconsistencias.

Entre estas, destaca que se realizaron contratos de arrendamiento y pagos antes de que se realizaran las consultas y se obtuviera el consentimiento, lo que habría violado el carácter de previo. Además, la población no tuvo una participación significativa en la elaboración de los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental.

También se denunció una fuerte presión para la finalización de la consulta para otorgar el consentimiento del proyecto, cuando los estándares internacionales establecen que no debe haber intimidación, coacción, manipulación y hostigamiento.

De igual forma, detectaron que muchas personas expresaron no contar información completa y clara de la obra y de sus derechos. Por si fuera poco, el ejercicio no fue culturalmente adecuado, pues no contaron con una traducción e interpretación completa de su lengua maya.

Ante estas observaciones, la ONU-DH incluyó una serie de observaciones, entregadas en agosto pasado a la Sener, al gobierno de Yucatán, a dependencias federales y estatales y a las propias empresas, para solventar estas irregularidades.

Aurelio Mugarte señaló que durante todo este proceso se han vivido fuertes conflictos sociales en San José Tipceh, al grado de que quienes se oponen a los parques Ticual A y Ticul B son constantemente amenazados de ser “machetados o balaceados”.

Pagan miseria a ejidatarios

Sobre este conflicto, la investigadora del CIESAS-Peninsular, Gabriela Torres-Mazuera, señaló que las y los pobladores no sólo están en riesgo de perder recursos ambientales, que son los más valiosos, sino que los megaproyectos provocan una mayor desigualdad social.

Explicó que en el caso de San José Tipceh se le pagó a los ejidatarios 1.3 pesos el metro cuadrado, cuando se intentó comprarlas de manera amañada la primera vez. “Imagínense cuánto va a ganar el empresario con la adquisición de esos terrenos con esa cantidad que pagan, de lo contrario, no sería negocio… sólo es negocio cuando pagas una miseria a los ejidatarios”, recalcó.

Además, indicó que ahora que se pretende rentar esas mismas tierras por 30 años, se les regresarán, luego de ese lapso, totalmente desgastadas e impactadas, por lo que no alcanzará el dinero recibido para cubrir el daño.

Torres-Mazuera también señaló que los pagos por las tierras se hacen de manera individualizada, por lo que los ejidatarios se gastan el dinero en poco tiempo y no se utiliza el recurso a favor del patrimonio comunitario, cuando ese es el sentido de los ejidos. 

De igual forma, recordó que cuando se llevan a cabo este tipo de megaproyectos, los empresarios suelen pagarle a personas externas de las comunidades para desestabilizar las asambleas ejidales o para movilizarlos en protestas, con el único objetivo de quedarse con sus terrenos.