Colectivos aseguran que el riesgo radica en los antecedentes del juez que lleva el caso, quién ha desechado otros amparos similares.

Por Paloma Reyes

Mérida, Yucatán, 7 de diciembre de 2022.-El colectivo “La Esperanza de Sitilpech” advirtió que está en riesgo de ser desechado el amparo en contra de diversas autoridades por la operación de una megagranja que afecta al medio ambiente de su comunidad, toda vez que la empresa ya interpuso un recurso de queja al respecto y el caso está ahora en manos de un juez que ha desechado amparos similares.

A través de un comunicado, la agrupación recordó que presentó una demanda de amparo en contra de diversas autoridades municipales, estatales y federales por el incumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos frente a la operación de una megafábrica de más de 48 mil cerdos en el pueblo maya de Sitilpech, ubicado en Izamal, Yucatán.

Ante la presentación de la demanda de amparo, radicado bajo el expediente 887/2021 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, la empresa porcícola “Productos Pecuarios para Consumo” decidió interponer un recurso de queja cuestionando al Juez por admitir la demanda de los pobladores. Dicho recurso se encuentra actualmente bajo el Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa en el estado de Yucatán.

Por ello, el colectivo recalcó que de resolverse el recurso a favor de la empresa porcícola, el juicio de amparo sería desechado, lo que dejaría en estado de indefensión total al pueblo de Sitilpech para hacer valer sus derechos ambientales y de libre determinación frente a la operación de tales industrias extractivas del territorio maya.

Cabe señalar que el magistrado que realizó el proyecto de resolución es Jorge Enrique Eden Wynter, quien en una ocasión ha resuelto un recurso similar en el caso de la granja porcícola de Chapab. En dicho caso, el magistrado decidió desechar el juicio de amparo al señalar que los habitantes habían demandado “extemporáneamente” la contaminación ambiental, como si hubiera un plazo fijo para demandar tales actos u omisiones que provocan la devastación, incomodidad y daños ambientales en general.

La lógica del magistrado fue considerada como un retroceso total en el acceso a la justicia ambiental, puesto que abre la posibilidad de que los daños ambientales, tales como la contaminación al agua y el aire que provocan las granjas porcícolas, puedan ser “consentidas tácitamente” al no ser demandadas desde el inicio de operaciones de una empresa. Es decir, que los pueblos originarios estarían “conformes” con la contaminación si no lo demandan bajo los plazos establecidos en la ley de amparo.

En ese sentido, “La Esperanza de Sitilpech”, en conjunto con Kanan Derechos Humanos, indicó que dicho criterio hace inefectivo al juicio de amparo frente a daños ambientales, e impide que grupos en situación de vulnerabilidad como en el caso de los pueblos originarios puedan acceder a la justicia ambiental.

Finalmente, se adelantó que este 8 de diciembre, el mismo Magistrado propondrá a sus colegas del Tribunal Colegiado Penal y Administrativo en el Estado de Yucatán un proyecto de resolución, por lo que se espera que sea acorde a la protección más amplia y eficaz de los derechos ambientales y sociales del pueblo maya de Sitilpech. (Foto de archivo)