Ya que se quitó el candado al artículo 94 de la Constitución, por lo que se tiene que modificar el Código de forma integral e incluso garantizar otros derechos a las parejas LGBT+, como la adopción de hijas e hijos.

Por Claudia Arriaga.

Mérida, Yucatán, 30 de agosto del 2021.- La aprobación del dictamen que permitirá el matrimonio igualitario es apenas un primer paso para el reconocimiento de los derechos de la comunidad de personas Lesbianas, Gays, ​ Bisexuales y Trans (LGBT+) en Yucatán. Falta asegurar que tengan acceso a los mismos beneficios que las parejas heterosexuales, como la adopción de hijas e hijos. 

Así lo señaló la coordinadora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse), Amelia Sosa Ojeda, quien explicó que con la modificación del artículo 94 de la Constitución de Yucatán, -que antes del 25 de agosto solo permitía el matrimonio entre una mujer y hombre-, las diputadas y los diputados ya podrán reformar el Código de Familia. 

“Lo que tienen que entender las diputadas y los diputados de la próxima legislatura es que no es solo modificar el concepto de matrimonio y concubinato en el Código de Familia. Les tocará hacer una modificación integral de todo el Código para garantizar todos los derechos correlacionados con el ejercicio de derechos en la pareja. Es un paso importante porque sin la remoción del artículo 94 no se podía modificar el Código de Familia”, detalló. 

Amelia Ojeda recordó que en el 2009 se aprobó en el Congreso del Estado el candado que durante años no permitió la unión legal y el reconocimiento de concubinato entre parejas del mismo sexo. Se trató de una iniciativa “popular ciudadana” en respuesta a que, en el 2007, agrupaciones como Indignación y Oasis San Juan de Dios, dirigida por Carlos Méndez Benavides, buscaron impulsar el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT+.

“En el 2008 buscaron impulsar el cambio para garantizar los derechos de la comunidad LGBT+. La respuesta de los grupos antiderechos, la iglesia y el Gobierno del Estado, en complicidad, dieron como resultado una iniciativa popular ciudadana que no se debió de votar solo porque era ciudadana, también debieron analizar que era discriminatoria”, comentó. 

Amelia Ojeda detalló que el Gobierno en turno –que encabezaba Ivonne Ortega Pacheco- tenía la facultad de vetar esta reforma, ya que vulneraba los derechos humanos de otras personas, sin embargo, no lo hizo.  

Fue a partir del 2013 que Unasse empezó a colaborar con Indignación con estrategias de juicios de amparo para permitir que las parejas del mismo sexo puedan acceder al matrimonio y a otros derechos como la adopción, pensión de viudez y la identidad sexogenérica. 

“Por ejemplo, una pareja de mujeres decidió ejercer su derecho reproductivo, se casó, tuvieron un hijo y lo querían registrar, pero se lo negaron; se ampararon y en el 2015 fue el primer caso en que se logró registrar a un menor con los apellidos de sus mamás. También se acompañaron casos de pensión de viudez. En el 2014, Indignación acompañó un caso para acreditar el concubinato de una pareja de hombres, se llevó en Motul y fue favorable”, comentó Amelia. 

Es importante mencionar que sin la modificación al Código de Familia en los conceptos matrimonio y concubinato, aún no se podrían realizar las uniones entre personas del mismo sexo. Sin embargo, si el Gobierno del Estado quiere garantizar los derechos humanos de la comunidad LGBT+, podría ordenar mediante un acuerdo al Registro Civil realizar los matrimonios igualitarios, aún sin reformar el mencionado Código.

“Una vez publicada la modificación al artículo 94 en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, si el Gobierno del Estado tiene la visión de derechos humanos podría ordenar mediante un acuerdo al Registro Civil realizar los matrimonios igualitarios de una vez”, apuntó Amelia.