Las y los diputados de Yucatán están ante la oportunidad de aprobar la iniciativa de ley a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

 Por Herbeth Escalante.

Mérida, Yucatán, 15 de noviembre de 2018.- A pesar de tratarse de un asunto de derechos humanos, pareciera que las diferentes legislaturas locales no han tenido la voluntad política para discutir, ni mucho menos aprobar, los matrimonios entre personas del mismo sexo en Yucatán. Sin embargo, desde hace casi una década la sociedad civil organizada no ha dejado de exigir que se aborde esta demanda.

En el Congreso del Estado se han presentado al menos tres iniciativas de ley para reformar el Código Civil y Familiar con el objetivo de permitir estas uniones, las cuales han terminado en la congeladora; mientras, en 2009, se aprobaron, con 24 votos a favor y uno en contra, decretos “para proteger a la familia” encaminados a que el matrimonio sólo esté conformado por una mujer y un hombre, además de que se penalizó con cárcel el aborto.

El primer cambio excluyó por completo que dos personas del mismo sexo pudieran casarse por la vía legal en la entidad. Se trató, pues, de un candado promovido por la Red Pro Yucatán que, según dijo en su momento la dirigente de dicho grupo de orientación conservadora, Ivette Laviada Arce, “fue un triunfo de la sociedad que quiere preservar los valores familiares”.

Desde entonces, activistas han presionado por distintas vías para echar atrás estas trabas legales, las cuales consideran como discriminatorias y violadoras de los derechos humanos.

En 2012, la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó la primera propuesta para garantizar trato igualitario a quienes deseen casarse, independiente de su preferencia sexual.

“Los derechos de las personas están por encima de cualquier moral”, señaló esa vez Bayardo Ojeda Marrufo, representante de dicho partido. Pese a estos esfuerzos, el proyecto no prosperó y ni siquiera se discutió en Comisiones, pero sí sirvió para generar un fuerte movimiento jurídico de la ciudadanía que llegó hasta el Tribunal Constitucional de Yucatán.

Las asociaciones Indignación, Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (Unasse) y Oasis San Juan de Dios promovieron un recurso denominado omisión legislativa; en específico, buscaban que se resolviera que las y los diputados habían sido omisos y les “obligaran” a discutir la iniciativa perredista.

En marzo de 2014, con el voto de siete de los 11 integrantes del Tribunal, se dictaminó como improcedente esta acción. Quienes se pronunciaron por sobreseer el asunto, argumentaron que en la Constitución estatal no existe una obligación expresa para crear una norma que contemple que el matrimonio y el concubinato pueden verificarse entre personas del mismo sexo.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Marcos Celis Quintal, sí se manifestó a favor de la omisión, recordando que la reforma constitucional de 2013 señala que se le tiene que obligar a la o él legislador a no discriminar, ya que tiene que acabar con toda disposición que pueda dar un trato desigual a las personas. Sus argumentos no fueron suficientes para convencer a la mayoría colegiada.

Pero mientras las magistradas, magistrados, diputadas y diputados de la entidad se oponían a abordar esta demanda, en agosto de 2013 Javier Carrillo Esquivel y Ricardo Góngora Zaldívar contrajeron matrimonio legal tras ganar un amparo federal, bajo el principio de que en México no se puede discriminar a nadie y la universalidad de los derechos. De esta forma, decenas de parejas han seguido el mismo camino que obliga al Registro Civil a casarles.

Foto de Lorenzo Hernández

 Que ahora sí legislarán

 Al inicio de legislatura pasada, el perredista David Barrera Zavala, presentó otra iniciativa a favor del tema, la cual se olvidó con el pasar del tiempo. Pareciera que a las y los representantes populares no les importó la “ley anti congeladora”, aprobada por ellos mismos, que plantea que todas las propuestas tienen que ser analizadas.

Quien fuera la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, la priista Celia Rivas Rodríguez, se excusó diciendo que no hubo el consenso suficiente para que avanzara la reforma, es decir, dejó entrever que no se alcanzarían los 17 votos de las y los parlamentarios para aprobarla.

Sin embargo, 15 días antes de finalizar ese periodo de tres años, en agosto de 2018, se recibió en sesión a puerta cerrada, un nuevo proyecto en la materia, esta vez del exgobernador Rolando Zapata Bello, presionado por las recomendaciones que había emitido la administración federal con la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Yucatán.

De nuevo, faltó voluntad política, ya que la propuesta sólo se turnó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia y Seguridad Pública, sin que se distribuyera entre quienes las conforman. Además, para esas fechas ya había terminado el último periodo Ordinario de Sesiones y no se convocó a ninguna asamblea extraordinaria; fueron dos semanas de incertidumbre, hasta que las curules se vaciaron.

Lo extraño es que el documento fue firmado por Zapata Bello el 31 de enero del 2018, pero en el sello de recibido de la Secretaría General del Poder Legislativo se exhibe que en realidad llegó el 15 de marzo, es decir, estuvo “guardado” cinco meses.Los grupos activistas catalogaron el hecho como una simulación, lamentando que las y los diputados se hayan lavado las manos y heredaran esta controvertida iniciativa a la nueva legislatura, que entró en funciones en septiembre.

Ahora el panorama es diferente, pues al menos se han escuchado voces en el Congreso que abiertamente dicen que sí están dispuestas a discutir esta última propuesta e incluso han prometido que esta vez no desecharán el tema.

El propio presidente de la Mesa Directiva, Enrique Castillo Ruz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), declaró que en breve la abordarán porque los derechos de todas y todos los ciudadanos tienen que reconocerse. Agregó que la intención es garantizar que las parejas de personas del mismo sexo accedan a servicios como salud o que sus patrimonios estén protegidos.

De igual manera, su compañera de bancada y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Karla Franco Blanco, aseguró que no existe ningún tipo de miedo para discutirla. También negó que los intereses conservadores les estén presionando para rechazarla, de hecho, dijo que coincide en que se trata de un asunto de reconocimiento de derechos humanos.

La ex directora del Registro Civil añadió que la iniciativa de Zapata Bello será distribuida dentro de poco tiempo y que la enriquecerán con aportaciones de asociaciones civiles que trabajan a favor de la comunidad de la diversidad sexual. No obstante, no dio fecha: dijo que sí pero no precisó cuándo.

Quien resultó más enfática fue Milagros Romero Bastarrachea, de Movimiento Ciudadano (MC), quien en Tribuna  sostuvo que es deber de las y los legisladores disminuir la brecha de discriminación para crear una mayor inclusión en la sociedad, por lo que pidió que se conforme una Comisión Única para tratar el asunto.

También se fue en contra del arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, quien recientemente expresó  que “Dios juzgará a los diputados que aprueben los matrimonios entre personas del mismo sexo”. Romero Bastarrachea le recordó que vivimos en un Estado laico.

Quien no está en la misma sintonía es el perredista Alejandro Cuevas Mena, quien, a pesar de que su partido presentó iniciativas en las dos últimas legislaturas, recalcó que ese tema no será su prioridad en el Congreso “pues es más importante impulsar leyes para combatir la corrupción, acabar con la pobreza y sacar al campo del abandono”.

Lo que sí es un hecho es que, hasta el momento, el Poder Legislativo de Yucatán no ha querido afrontar esta demanda de un sector de la sociedad a la que se le siguen violentando sus derechos humanos. Pareciera que se están ignorando todos los precedentes nacionales e internacionales,  así como las sentencias de los tribunales que recalcan que no se le puede seguir discriminando.

Tal es el caso de la Recomendación General 23/2015 que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), dirigida a los Ejecutivos y Congresos de todos los estados del país para que adecúen su marco normativo en materia civil o familiar a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Este organismo enfatizó que la orientación sexual no puede ser un criterio relevante para diferenciar el acceso al casamiento.

Asimismo, hace tres años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en Jurisprudencia que las leyes estatales que impiden el matrimonio entre personas del mismo sexo son inconstitucionales.

Las condiciones políticas y jurídicas están dadas para que los diputados de la LXII Legislatura en Yucatán, ahora sí, se decidan a discutir esta exigencia, sobre todo porque la ciudadanía demanda constantemente el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, sin importar que se trate de minorías o de mayorías.