Hace tres años se interpuso la denuncia, pero la Fiscalía no hizo las diligencias adecuadas, por lo que el niño y su madre permanecen en un estado de indefensión. Por su parte, el presunto violador continúa dando clases en la Facultad de Antropología.

Por Claudia Arriaga

Mérida, Yucatán, 14 de junio del 2021.- Cuando Iván regresó a casa después de pasar el día con su padre Alberto P. R., se quejó de un dolor excesivo en sus partes íntimas. Tenía apenas 2 años y 11 meses de edad. Su madre lo llevó a revisión médica y la pediatra determinó que tenía lesiones y fisuras en la zona anal, por lo que de inmediato se dio parte a las autoridades. Este lamentable hecho ocurrió en el 2018 y hasta el momento no se ha castigado al agresor. 

A tres años de la denuncia, el presunto violador, quien es profesor en la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), no ha sido vinculado a proceso por retrasos en la debida diligencia.

El niño en reiteradas ocasiones describió las agresiones de las que fue víctima a una perito en psicología, en grabaciones de audio y video. Sin embargo, durante al menos un año, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) determinó que aún no era apto para declarar. 

Para lograr avanzar con la denuncia, en los meses de marzo y abril de este año, el asesor de la familia, René Ramírez Benítez y su equipo jurídico, solicitaron diversos controles judiciales y después de varias audiencias, un juez ordenó a la Fiscalía General del Estado realizar en 15 días todas las diligencias que no se han hecho, debido a que el menor y su madre permanecían en un estado de indefensión. 

“La Fiscalía había vulnerado la debida diligencia y acceso a la justicia del niño y su madre, por lo que el juez determinó que después de dejar pasar tres años tenía 15 días para resolver si efectivamente se ejercía la acción penal o no se ejercía, ello en contra del padre del menor, acusado de dicho delito”, relató el abogado.

Es importante mencionar que, en el 2017, Alberto se divorció de su esposa y fue acusado por violencia familiar, hecho que la propia FGE probó que era verdadero. Pero hoy, a tres años de una denuncia por violación en su contra aún no logran vincularlo a proceso. 

Otra de las violencias que ejerció este sujeto en contra de su exesposa fue la psicológica y emocional, e incluso se insolventó en sus propiedades para pagar lo mínimo de pensión y dejar sin casa a su hijo. La custodia del menor permanece en manos de su madre, pero nunca se le prohibió la convivencia y visitas con su padre.

Sobre la agresión sexual, Iván tiene secuelas emocionales, psicológicas y físicas.  En los dos colegios en donde estudió se dieron cuenta de los cambios de comportamiento. De hecho, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lo remitió a psiquiatría infantil, en donde una vez más el menor detalló lo que vivió. 

Por tal razón, el asesor legal del pequeño Iván y su madre exhortaron a las autoridades a trabajar priorizando el interés superior del menor y con un enfoque de derechos humanos.

“Tuvimos varias complicaciones en términos de debida diligencia, la autoridad debe actuar con prontitud porque está involucrado un niño menor de edad y en este caso no lo hicieron, no fue efectiva. Una de las cosas lamentables es que no es un caso aislado, pues hay otros en los que no hay una debida diligencia en las actuaciones de la Fiscalía. Vamos a esperar y trabajar para el bienestar del infante”, sentenció René Ramírez. 

Por cierto,  el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (O.C.N.F) documentó al menos un caso de abuso sexual denunciado por una estudiante de la UADY, que fue atacada por este profesor. Temen que existan otras víctimas que por miedo no lo denunciaron.

*El nombre del menor fue modificado para cuidar de su identidad, y el de la madre se mantiene en reserva debido al proceso legal en curso. El profesor continúa dando clases en la UADY.