Juzgado de Distrito otorgó suspensión contra la desaparición de fideicomisos a periodista y víctimas que han sufrido agresiones, por lo que continuarán con las medidas del Mecanismo de Protección.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 15 de enero de 2021.- El Juzgado Tercero de Distrito en Mérida, concedió una suspensión a favor de los periodistas yucatecos Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman, respecto al Decreto legislativo mediante el cual se determinó desaparecer diversos fideicomisos, entre ellos el relativo a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

El juzgado determinó que los periodistas continúen con las medidas de protección con las cuentan por parte del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, sin que se vean afectados por dicho Decreto, el cual, como se recordará, fue impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y los partidos de la Cuarta Transformación.

La decisión del juzgado se logró a partir de un juicio de amparo promovido por los mismos periodistas, con acompañamiento de la agrupación Artículo 19 en contra del Decreto publicado el 06 de noviembre de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, con el cual se extinguieron 109 fideicomisos públicos, incluyendo la eliminación de los recursos del Fondo de Ayuda, Atención y Reparación Integral (FAARI) a Víctimas y del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, entre otros destinados a la protección ambiental, ciencia, academia, arte y deporte.

Los periodistas Bartolomé Canché, Edwin Canché y Félix Bigman se encuentran incorporados al Mecanismo de protección y cuentan con medidas otorgadas para hacer frente a múltiples agresiones que han sufrido con motivo de su labor informativa. Como parte del acompañamiento y representación de dichos periodistas, Artículo 19 y Equipo Indignación han abierto procesos penales en contra de particulares y servidores públicos que han participado en dichas agresiones.

En los tres casos, se han logrado diversas vinculaciones a proceso y sentencias a favor de los periodistas como víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, las agresiones vinculadas con su labor periodística no han cesado. Así como ellos, son muchas las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que cada día enfrentan un elevado riesgo por ejercer su derecho a defender derechos humanos y de libertad de expresión. Por tal motivo, muchas de ellas se encuentran incorporadas al Mecanismo de Protección y cuentan con medidas para salvaguardar su vida, libertad e integridad.

Respecto a la suspensión en beneficio de los periodistas, cabe señalar que si bien se ordena judicialmente el mantenimiento de las medidas de protección que tienen actualmente, no se estableció su alcance respecto a los recursos que precisamente son destinados para implementar dichas medidas a periodistas y personas defensoras, los cuales se verían afectados por el Decreto referido.

El Juzgado de Distrito también tendrá bajo trámite y análisis el juicio de amparo en el cual resultará fundamental el estudio a fondo que realice con el objeto de otorgar una mayor protección a los periodistas, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras, en un país como México donde las agresiones en su contra forman parte de lo cotidiano.

En un comunicado, Artículo 19 insta al Juzgado Tercero de Distrito en Mérida  y al Poder Judicial a que realicen el estudio a fondo del juicio de amparo promovido por los periodistas, con el objeto de otorgar una mayor protección, declarando la inconstitucionalidad de dicho Decreto y ordenando que el Estado mantenga en todo momento los recursos disponibles, idóneos y suficientes para una efectiva protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

También exige a la Secretaría de Gobernación a informar de manera proactiva, clara, abierta y transparente un plan para garantizar durante el 2021 la implementación de medidas de protección para personas defensoras y periodistas, así como una atención integral a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos del país.

Finalmente, se llama al Poder Legislativo para frenar leyes que puedan resultar restrictivas al ejercicio de derechos humanos y por el contrario, impulsar normativas que permitan resarcir una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con miles de víctimas en el país y prevenir que se sigan generando más.