“¡En esta casa crecí, me casé y nacieron mis hijos! Tengo 63 años y siempre he vivido aquí”, sostuvo Guadalupe Cáceres, quien junto con otras 300 familias de Campeche son presionadas por el Gobierno Federal a una desplazamiento interno.

Por Claudia Arriaga

Campeche, 3 de junio de 2020.- “¡En esta casa crecí, me casé y nacieron mis hijos! Tengo 63 años y siempre he vivido aquí”.  Guadalupe Cáceres  está preocupada, además de cuidarse del Covid-19 teme que el  Gobierno Federal la obligue a dejar el lugar donde vive desde pequeña, en el barrio de Santa Lucía en Campeche. Por sus terrenos pasará el Tren Maya.

En agosto del 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este megaproyecto, pero nunca mencionó que habría personas obligadas al desplazamiento interno forzado. Y tampoco ordenó hacer estudios de impacto ambiental que determinen el daño que podría ocasionar. 

Tiempo después, el Fondo Nacional de Fomento Turístico (Fonatur), encargada del proyecto, reconoció que reubicarían a decenas de personas que se encuentran en asentamientos humanos irregulares cerca de las antiguas vías ferroviarias. La dependencia prometió que al reubicarlos,  tendrán una propiedad y un terreno escriturado, pero en la realidad, estos pobladores se sienten aun más vulnerables. 

El caso de doña Guadalupe no es el único. Hay 300 familias que viven en los barrios de Santa Lucía, La Ermita, Camino Real y Estación Antigua que pertenecen a la ciudad de San Francisco de Campeche, y que serán desalojadas para ampliar el derecho de vía del ferrocarril. 

La noticia la recibieron el 30 de enero, en la primera reunión con la delegada del Gobierno Federal en Campeche, Katia Meave Ferniza y con el enlace del Tren Maya, Xavier García Romero. 

En este encuentro les indicaron que ONU-Hábitat sería el organismo encargado de realizar un censo de las viviendas localizadas en las inmediaciones del tendido férreo. Al principio pensaron que la presencia del organismo internacional les garantizaría seguridad en el proceso, en cambio fueron hostigados.

“¿Por qué este organismo internacional nos hace esto? Ellos dicen que van a defender que sea consensuado, pero yo creo es un desalojo forzado. Dicen que van a ver por los derechos de los que quieran irse ¿Pero a las personas que no queremos nos dejan a nuestra suerte?”, lamentó Guadalupe.

Con ONU- Hábitat tuvieron juntas el 17 de febrero y 28 de marzo. En esta última les dijeron que por la crisis sanitaria no había una fecha para iniciar el censo.Pero dos días después se publicó un comunicado en la que este organismo afirmaba que los vecinos estaban de acuerdo con el proyecto y la reubicación. Era mentira. 

En abril, los vecinos documentaron una serie de acciones y arbitrariedades en su contra. Con las evidencias en la mano, lograron que la justicia ordene detener las actividades del Tren Maya mientras dure la crisis sanitaria, pues esto representaba un riesgo de contagio para sus familias.

Por ejemplo, el 7 de abril vieron a la responsable de Gestión Social de ONU-Hábitat, Martha Uc Espadas, recorriendo las calles de Camino Real sin usar cubrebocas en plena contingencia sanitaria. 

Y una vecina, Merly Pacheco, del barrio de Santa Lucía, aseguró ser interrogada para limitar su derecho a libertad de reunión, pues las autoridades querían saber en dónde se veían los que se oponen al megaproyecto y quiénes eran los líderes.

Además, la señora María Guillermina Montejo Arceo aseguró que personal de Fonatur intimidó a los vecinos del barrio del Camino Real para que acceden a la relocalización de sus viviendas.

No somos invasores, llegamos antes que el tren

A la lucha de Guadalupe y su familia por conservar su hogar la respaldan más de cien años de historia. “Hemos sido descalificados e insultados por los tres órdenes de gobierno que nos tachan de invasores”, dijo.

Los vecinos de los barrios que serán desalojados reiteraron que no son invasores,llegaron antes que el tren. “Tengo un documento por el registro público de la propiedad que data de 1893, quiere decir que hace 128 años que estamos aquí, son cinco generaciones”, detalló Guadalupe Cáceres.

Cuando el ferrocarril se introdujo al estado de Campeche llegaba a la Estación Antigua, pero en 1938 el presidente Lázaro Cárdenas inició los trabajos para hacer un entronque del tren que venía de Mérida con el que va a la capital.

“Mi abuela donó a la fuerza el derecho de vía, decía que le tumbaron una casa que acababa de construir, nunca recibió ningún pago”, relató Guadalupe.

Hay otro caso, como el de la familia Caamal del barrio de la Ermita, que posee un documento de 1940 en el que Lázaro Cárdenas les agradece por donar una parte de su terreno para la construcción del tendido férreo.

Tren Maya, el banderazo de la humillación

Al presidente Andrés Manuel López Obrador ni la pandemia que ha dejado más de 9 mil muertes y 90 mil contagios en México le impidió reanudar sus actividades el primero de junio para dar el banderazo de inicio a los trabajos del megaproyecto en la península de Yucatán.

Para la Asamblea de Defensores del Territoria Maya Múuch´Xíinbal, la visita del mandatario es un banderazo de humillación a los mayas,  de una obra hecha en su nombre, pero que no los representa. 

En esta ocasión no hubo manifestaciones y tampoco quieren ser criminalizados una vez más por defender lo suyo. 

Tampoco comprenden la intención de López Obrador de iniciar la construcción durante una crisis sanitaria que los deja en desventaja para defenderse. “La gente no puede salir porque los pueblos tienen sus filtros y se ha restringido el paso de los pueblos circunvecinos”, lamentó el representante de la Asamblea, Pedro Uc.