Fue despedido injustificadamente al inicio del Gobierno de Mauricio Vila y a pesar de que el Tribunal le dio la razón, hasta el momento se niegan a pagarle e ignoran sus peticiones en redes sociales.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 29 de marzo de 2022.- Durante cinco años, Fernando Sanginés trabajó como músico en el “Escuadrón de la Prevención”del Centro de Prevención Social del Delito de Yucatán (Cepredey), pero al llegar el Gobierno de Mauricio Vila Dosal fue despedido injustificadamente, por lo que procedió a demandar. Un Tribunal dictó el laudo a su favor por 448 mil 396 pesos y, hasta el momento, las autoridades se niegan a cumplir con ese pago.

Junto con sus compañeros del Escuadrón ofreció más de 5 mil funciones artísticas para llevar mensajes sobre prácticas saludables y prevención del delito a niñas, niñas y adolescentes en todos los municipios del estado. Con el cambio de la administración estatal se acabó el proyecto y aproximadamente 30 integrantes –entre actores, músicos y artistas visuales- fueron despedidos.

“Antes de corrernos nos hicieron cumplir horarios de ocho horas sin hacer nada en el auditorio del Cepredey. Nos hacían llegar a firmar y teníamos que permanecer sentados ahí, esperando a que se restablecieran las actividades. Así estuvimos durante 24 días, hasta que nos despidieron y no nos pagaron esas semanas”, recordó Fernando.

Él ganaba 10 mil pesos al mes y estaba catalogado por el Gobierno anterior como “voluntario”. Es decir, no se encontraba en la nómina oficial ni tenía prestaciones, por lo que le pagaban en efectivo. Durante todo este tiempo trabajó en la incertidumbre y para colmo, en el Gobierno de Vila, lo corrieron injustificadamente.

Por tal razón, a finales de noviembre del 2018 presentó su demanda ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, la cual quedó asentada en el expediente 741-2018 y en el que presentó todos los elementos de prueba de las irregularidades que el Cepredey cometió en su contra.

El 15 de julio del 2021, tras un proceso lento y varios amparos para tratar de agilizar la justicia, el Tribunal dictó un laudo a favor de Fernando, por lo que la dependencia está obligada a pagarle 448 mil 396 pesos. Esta cantidad incluye salarios caídos, horas extras que le debían, vacaciones, indemnización, entre otros.

Su asesor legal, Luis Hau Salgado, informó que el Cepredey contrató un despacho de abogados externo para contestar en este proceso legal, el cual tramitó un amparo para tratar de evitar el pago. Sin embargo, el laudo quedó firme en noviembre del año pasado y se estableció como fecha límite para cumplir con su ejecución el 8 de marzo.

“Llegamos ese día a las instalaciones del Cepredey con el actuario, pero la directora Joana Briceño Ascencio no salió a recibirnos, a pesar de que nos dijeron que sí estaba en su oficina, y bueno, no se cumplió con el pago requerido”, agregó el abogado, quien dijo que incluso llegaron con un apercibimiento de multa de hasta 3 mil pesos para dicha funcionaria.

El asesor indicó que semanas atrás el Tribunal estableció un plazo para que la dependencia pagara el laudo voluntariamente, pero las autoridades y los abogados nunca se comunicaron con el demandante y no mostraron disposición de cumplirlo, por eso mismo solicitaron el requerimiento de pago.

“Es increíble que no hay la intención de pagar una deuda que ya tiene el Gobierno del Estado y pareciera no interesarle en lo absoluto; a pesar de que las autoridades actuales son insistentes en cobrar las contribuciones estatales, ahora que les toca pagar no hay apertura”, criticó Luis Hau.

Lo dejan en visto

Fernando Sanginés declaró que la directora Joana Briceño “no dio la cara” cuando acudió a cobrar el laudo y que ahora el Cepredey ignora todos los mensajes que envía a través de redes sociales en los que pregunta cuándo le van a pagar.

“Me preocupa que a pesar de que un Tribunal ya dictó un fallo y estableció una fecha límite, a este Gobierno no le importa. Prácticamente este Gobierno no cumple con la Ley de Trabajo”, sostuvo.

En los últimos días, el afectado ha estado enviando mensajes vía Facebook y Twitter tanto al Cepredey como al propio gobernador Mauricio Vila para exigir una explicación a esta ilegalidad, pero lo dejan en visto. En la cuenta oficial del mandatario bloquean o eliminan sus comentarios.

“No hacen caso, no les importa nada. Si un servidor público no respeta la ley, no nos sirven de nada”, finalizó Fernando, quien señaló que la directora de la mencionada dependencia tendría que ser despedida por esta arbitrariedad.