En un informe de Elementa DDHH se constata que en la entidad prevalece una política de intolerancia selectiva atravesada por la discriminación, que incluye el uso indebido de la fuerza policial.

El 91% de las personas encuestadas consideró que la discriminación fue un factor determinante para su detención.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 2 de junio de 2022.- En su más reciente informe, la asociación Elementa Derechos Humanos señaló que en Yucatán prevalece una política de intolerancia selectiva atravesada por la discriminación, por medio del cual ocurren detenciones arbitrarias y el uso indebido de la fuerza policial.

En el documento presentado este día, llamado Intolerancia selectiva: historias de detención arbitraria y abuso policial en Yucatán,  se informó que el modelo de seguridad implementado en Yucatán a raíz de la mal llamada “guerra contra el narcotráfico” ha sido el escenario perfecto para justificar detenciones arbitrarias y uso indebido de la fuerza por parte de las corporaciones policiacas.

Se detalle que en Yucatán la presencia policial y militar ha ido en aumento desde 2010. En ese entonces existían 3 mil 762 cuerpos policiales desplegados, los cuales aumentaron a 4 mil 932 para 2016 y a 5 mil 290 en 2020. Esta cifra lo posiciona como el tercer estado con la tasa más alta de elementos de la policía preventiva de las instituciones de seguridad pública estatal por cada 100 mil habitantes.

“La estrategia de prevención del delito ha colocado en el centro a militares y policías, además de establecer medidas de vigilancia y control que vulneran derechos humanos. Aunque se implementó en la entidad desde décadas atrás, en 2019 adoptó el nombre de Yucatán Seguro”, sostuvo Elementa al hacer referencia al programa del gobernador Mauricio Vila Dosal.

Dicha asociación indicó que para realizar este informe  documentó 24 testimonios de detenciones arbitrarias y abusos policiales que ocurrieron entre 2011 y 2021. Las historias visibilizan las violaciones a derechos humanos que ocurren en el marco de dicha estrategia y evidencian patrones de discriminación contra ciertas personas por parecer “sospechosas”.

Para 2020, Yucatán fue el estado que más personas puso a disposición ante un juez o ministerio público con 194 mil 438 casos, de las cuales, el 74.3%fue por presunta comisión de una falta cívica. La mayoría tuvieron lugar en Mérida y se registraron en vía pública. El registro de información realizado por la SSP presenta graves deficiencias pues no detallan el tipo de faltas y/o delitos por los que fueron puestas a disposición. “Esto nos da una idea del amplio nivel de arbitrariedad con que puede detener la policía y poner a disposición a una persona”, recalcó la asociación.

Además, el informe expone la relación que existe entre las detenciones arbitrarias y la discriminación en la entidad, pues el 91% de las personas encuestadas consideró que la discriminación fue un factor determinante para su detención.

“La discriminación por motivos de género, raza, etnia, clase, preferencia sexual, vestimenta es el móvil de las detenciones y el criterio principal de la policía para establecer qué persona es sospechosa en ciertos espacios. Esto configura una intolerancia selectiva bajo la cual opera la política de seguridad en Yucatán, lo que ha resultado en prácticas discriminatorias y vulneraciones a derechos humanos”, recalcó Elementa.