Del 2018 a la fecha, al menos 10 personas perdieron la vida en las cárceles municipales. Como sucedió en la de Teya, la mayoría se suicidó. 

Los decesos ocurren por la omisión de las autoridades que tienen la custodia de esas personas, es decir, no cumplen con los parámetros adecuados para su cuidado ni se preocupan por garantizar sus derechos humanos. 

Por Herbeth Escalante 

Mérida, Yucatán, 28 de enero de 2020.- El caso de un hombre que fue encontrado sin vida en la cárcel pública de Teya el pasado fin de semana, expone la irresponsabilidad de las autoridades municipales de no garantizar seguridad ni respetar los derechos humanos de las personas que son arrestadas por cometer faltas administrativas.

El poblador, de unos 41 años de edad, fue detenido por la Policía Municipal luego de que fue acusado por su esposa de escandalizar en la casa familiar, a donde llegó en estado de ebriedad. Como sucede en este tipo de hechos, fue trasladado a los separos.

Los uniformados lo encerraron entre los barrotes y todo parece indicar que no hubo la vigilancia adecuada, pues al día siguiente lo encontraron muerto. La versión oficial es que el hombre se suicidó usando su propia ropa.

Del 2018 a la fecha, al menos 10 personas fallecieron en las cárceles municipales de Yucatán, de acuerdo al seguimiento que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), instancia que ha enfatizado que la mayoría de estos sitios no cuentan con las condiciones para garantizar la seguridad de las y los detenidos.

De hecho, en un comunicado oficial, dicho organismo informó que abrió una queja de oficio por el deceso del mencionado hombre en la cárcel de Teya. Explicó que todo ciudadano arrestado queda bajo responsabilidad de las autoridades, por lo que en todo momento deben tener vigilancia a fin de evitar que cometan algún acto que atente contra la integridad de otro detenido o intente privarse de la vida.

En la realidad, esto no sucede en los separos de las localidades del interior del estado. Por ejemplo, en agosto pasado un hombre apareció muerto en las celdas de la cárcel de Oxkutzcab y, de acuerdo con el ayuntamiento, se trató de un suicidio. 

Sin embargo, tanto pobladores como la familia del occiso no creyeron en el informe oficial, pues aseguraron que los abusos de la autoridad policial son constantes en esa comunidad y la cárcel pública no es un lugar seguro.

Como se recordará, el hecho desató una fuerte protesta por parte de la población de Oxkutzcab. Todo se salió de control, pues incluso hubo quienes prendieron fuego al interior del palacio municipal y destrozaron tres patrullas. 

Las cárceles públicas no son seguras.

De los 10 casos de personas que fallecieron en estos lugares, los ocurridos en las celdas de Baca, Umán, Tahmek, Teabo, Oxkutzcab y Teya, fueron reportados como suicidios. Todos se encuentran en proceso de investigación.

En algunos de los otros hechos, de acuerdo con las autopsias de la Fiscalía General del Estado, los encarcelados perdieron la vida a causa de enfermedades que padecían al momento de su detención, como cirrosis hepática.

En reiteradas ocasiones, el presidente de la Codhey, Óscar Sabido Santana, ha dicho que ninguna persona que es detenida y recluida en estas cárceles municipales tendría porqué morir o privarse de la vida bajo ninguna circunstancia, pues es obligación de las autoridades encargarse de su resguardo y protección.

Y es que en muchos de los casos, los decesos ocurren por la omisión de las autoridades que tienen la custodia de esas personas, es decir, no cumplen con los parámetros adecuados para su cuidado ni se preocupan por garantizar sus derechos humanos. 

 Ante estas irregularidades sistemáticas, en 2014 la Codhey emitió la Recomendación General Número 6 a los ayuntamientos yucatecos sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales, en el que se pidió a las alcaldesas y alcaldes priorizar la vigilancia a fin de garantizar la seguridad de dichas personas durante el tiempo que estén bajo su resguardo y responsabilidad. Han pasado más de cinco años desde entonces y los detenidos siguen muriendo en esos lugares.

Y es que durante la investigación que realizó dicho organismo previo a la recomendación, encontraron que en la mayoría de las cárceles no se llevan a cabo revisiones médicas a los arrestados al momento de su ingreso; tampoco  existe un criterio de separación ni áreas especificas para las distintas clases de detenidos.

En diversas cárceles inspeccionadas, no se contaba en la comandancia con un registro íntegro de ingresos, egresos, pertenencias resguardadas y ni siquiera un registro de visitas.  Además, por no contar con teléfonos  fijos en la comandancia o por simple arbitrariedad de los elementos de seguridad, no se permitía la realización de llamadas a familiares. 

También detectaron falta de higiene en las instalaciones carcelarias y los sanitarios son indignos, pues en algunas se acondicionaron hoyos en el suelo como letrinas.

Otro factor que constató la Codhey fue precisamente que no se toman medidas adecuadas para evitar que los detenidos se suiciden. Por ejemplo, el personal municipal no se encargaba de resguardar objetos peligrosos, o no habían los elementos suficientes para la vigilancia interior ni  establecieron patrones de guardia continua en los establecimientos carcelarios. 

El último informe de este instituto arrojó que el 68 por ciento de las 106 cárceles municipales de Yucatán no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención, tanto en infraestructura como en procedimientos, dejando de satisfacer los derechos de las personas detenidas.

Y como sucede cada vez que alguna personas muere en esos lugares, la Comisión volvió a lanzar el mismo exhorto de siempre: priorizar la vigilancia de las personas que se encuentran en las cárceles a fin de garantizar su seguridad durante el tiempo que estén bajo su resguardo y responsabilidad.

Pero de nada sirven esos exhortos, porque los pobladores de estas comunidades siguen velando y enterrando  a sus familiares, entre la indignación y las dudas de una muerte que no debió ocurrir.