A pesar de que se acreditó que dicho sitio almacenaba clandestinamente cerros de excremento de vacas en los montes y que operaba sin permisos, no recibirá castigo.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 24 de enero de 2021.-El Juzgado Segundo de Distrito decidió no pronunciarse sobre el juicio promovido por la comunidad maya de San Antonio Chel en contra de la megagranja que contamina sus cenotes y lo dejó por concluido. La población lamentó que este caso quedó impune y que con esta decisión la granja podría reiniciar sus actividades contaminantes.

Como se hizo público, en marzo de 2019 la comunidad de San Antonio Chel  y avecindados presentaron un juicio de amparo en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado de Yucatán (SDS), el Municipio de Hunucmá y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por permitir que la granja de Yuca Agroalimentos opere sin permisos y a sabiendas de que vertía desechos de ganado a los ríos subterraneos que se encuentran bajo sus instalaciones.

Tal y como se acreditó durante el juicio, el complejo de mil vacas almacenaba clandestinamente cerros de excremento en los montes.

El 11 de octubre de ese año, el Juzgado Segundo concluyó que existía “un alto riesgo de que el medio ambiente de la comunidad pueda verse afectado” por lo que ordenó como medida cautelar que las autoridades interviniesen y realicen inspecciones a las actividades de la granja. Como resultado de la orden judicial, la SDS ordenó el cierre de la granja.

Por su parte, el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Conagua no realizó la inspección y concedió en un solo acto todos los permisos de perforación de pozos y descargas a la empresa, a pesar de no cumplir con los requisitos.

Para colmo, el pasado 15 de diciembre de 2020 el Juzgado decidió sobreseer el caso, lo que significa que lo da por concluido sin pronunciarse acerca de si las autoridades violaron o no los derechos humanos de los pobladores. En su decisión, argumentó que las violaciones habían cesado porque la granja se encontraba cerrada.

La decisión generó inconformidad entre los pobladores debido a que los permisos de Conagua siguen vigentes y la granja podría intentar el reinicio de sus operaciones.

“Al sobreseer el juicio, el Juzgado no se pronuncia sobre las violaciones a derechos, ni considera los daños ya ocasionados que deben de repararse”, indicó el abogado Kalycho Escoffié, quien asesora legalmente a la comunidad. Dijo que es absurda la decisión porque si la granja está cerrada es porque el juzgado otorgó la suspensión como medida cautelar, pero sin el juicio esa medida se pierde.

Guillermo Solís, también abogado de la comunidad, indicó que presentaron un recurso de revisión para revertir la resolución, el cual sería resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Yucatán.

“Los casos de violaciones al medio ambiente no se resuelven solo parando las actividades, sino también evaluando los daños ocasionados y ordenando a las autoridades que establezcan las sanciones que correspondan”, señaló.

Los habitantes de San Antonio Chel reportan que aunque la granja está cerrada el olor a excremento en el agua regresa durante las lluvias, por lo que temen que el agua que utilizan siga contaminada.

“Se han ido las vacas, pero el problema sigue, por eso seguiremos con la lucha hasta que se cancelen todos los permisos y se repare el daño que han hecho”, indicó Cecilio Bacab, vecino de la comunidad.