Especialistas apuntan a un alarmante incremento de casos de violencia sexual en el estado, el cual no se ve reflejado en las cifras de denuncias por distintas razones, entre ellas, los complicados procesos burocráticos y el cierre de dependencias durante la pandemia de COVID-19.

Por Lilia Balam

Mérida, Yucatán, 30 de noviembre del 2020.-La mañana del 9 de noviembre, Julia se levantó pensando que sería un día como cualquiera. Comenzó las tareas de limpieza en su hogar, localizada en una comisaría de Valladolid. Fue por unos artículos a casa de su suegra, situada a un lado. Se quitó los zapatos y de manera silenciosa entró a una habitación. Ahí encontró a la pareja de su cuñada agrediendo sexualmente a Ana, su hija de 11 años. 

La mujer no daba crédito a la escena. “Le pregunté qué le había hecho a mi niña. Luego, de la impresión, empezó a dolerme la cabeza, creo que se me bajó la presión, porque comencé a temblar y tengo recuerdos borrosos”, relató. El sujeto se fue del lugar. Doña Elidé, abuela de la menor, aconsejó a Julia llevar a la pequeña al módulo de salud de la localidad.

Al principio no quería ir, pues desconocía el proceso y tenía miedo de dar parte a las autoridades. Sin embargo, se armó de valor y fue con la enfermera del pueblo. Al comprobar que la niña presentaba sangrado, la profesionista le explicó a la madre que debían acudir a la agencia del Ministerio Público en la cabecera municipal a denunciar. 

“Dijo que hay mamás a quienes les da pena ir, por las habladurías. Pero a mí no me importan los chismes, no podía dejar al tipo en libertad, porque después podría lastimar a otra niña. Yo estoy enferma, no veo ni camino bien, y le dije a mi nuera que ella debía estar dispuesta a seguir todo el proceso. Y las dos se fueron a Valladolid”, narró Elidé. 

Julia y su hija pasaron nueve horas en la agencia. Aparentemente, no era la primera vez que el sujeto atacaba a la niña. Tras levantar la denuncia, regresaron a su domicilio, con la promesa de que el personal realizaría un peritaje en el lugar ese mismo día. Pero nadie acudió. 

La familia de Ana comenzó a desesperarse, pues temía que el agresor se fugara. Sus parientes llamaron varias veces a un número telefónico proporcionado en el Ministerio con la esperanza de tener respuesta y recibir información sobre el caso, pero no fue así. 

A los dos días se presentó el personal de la dependencia y realizó las diligencias. Tres días después el hombre fue detenido, pero las autoridades le dijeron a la familia que lo liberarían. Eso no ocurrió: el pasado 20 de noviembre la Fiscalía General del Estado (FGE) le imputó el cargo de violación equiparada y el Juez Primero de Control del Quinto Distrito le impuso prisión preventiva mientras concluye el proceso. Seis días después fue vinculado a proceso.

Ahora la madre y la abuela de Ana están batallando con las deudas adquiridas para realizar los trámites de la denuncia: a duras penas pueden costear el transporte para que la pequeña acuda a la terapia psicológica proporcionada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

“Nos quedamos con muchas deudas, porque no teníamos dinero para ir a Valladolid a poner la denuncia, tuvimos que pedir prestado. Para cuando llegó el día de llevar a la niña a su primera cita, no teníamos nada. Pasaron varios días hasta que la maestra Candelaria May Novelo, nos apoyó con transporte y pudo ir a terapia”, explicó Elidé.

Los días posteriores a la agresión, Ana no dormía ni jugaba, solo lloraba. No tenía apetito y lo poco que consumía, lo vomitaba. Poco a poco ha ido recuperando los ánimos, con el apoyo de su abuela y su mamá, quienes ahora tienen la esperanza de que las autoridades apliquen una sanción ejemplar al agresor. 

“Yo le abrí las puertas de mi casa desde hace dos años, lo quise como un hijo. Él me traicionó, se aprovechó de la confianza que le di. Lastimó a quien más amo. Confío en que se haga justicia, porque si no, todos van a cometer los mismos errores, porque con un poco de dinero podrán pisotear la dignidad de la gente”, expresó Elidé.

¿Cifras a a baja, pero casos de violencia sexual al alza?

En los últimos años, diversas voces han señalado que en Yucatán son alarmantes las cifras de violencia sexual. Pero en un primer vistazo a las estadísticas oficiales, el panorama podría parecer menos sombrío.

A través de una solicitud de información realizada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), la Fiscalía indicó que desde el 2011 han ido a la baja las denuncias por violación y abuso sexual, como se puede ver en la gráfica a continuación:

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, este año las cifras de esos ilícitos habrían caído drásticamente, con 29 denuncias de violación y 61 de abuso sexual hasta el mes de octubre. 

Sin embargo, especialistas no confían en esa “calma” aparente. La sexóloga y psicóloga clínica infantil, Varenka Cogordan Mendizábal, aseguró que en general, en Yucatán hay muchos más casos de violencia sexual que los denunciados y resulta preocupante la frecuencia con la cual los delitos suelen ser cometidos por familiares de las víctimas. Además, durante la pandemia de COVID-19 habrían aumentado exponencialmente esos ilícitos, agregó. 

¿Por qué las violaciones y abusos sexuales no se denuncian? Una de las razones es porque en el estado, esos delitos generalmente son cometidos por parientes o personas conocidas por las víctimas, en el afán de ejercer poder o control sobre ellas. Además suelen estar acompañados de amenazas. 

“Es frecuente que el agresor amenace a la víctima con dañar a quienes quiere si habla. O le repita que, si dice algo destruirá a su familia, o no le creerán, pues está acusando a un familiar o persona cercana”, señaló Cogordan Mendizábal. 

Además, la violencia sexual está silenciada en la sociedad yucateca, lo cual se relaciona con la poca o nula educación sexual integral existente en la entidad. La experta explicó que las personas, sobre todo menores de edad, no suelen contar con herramientas para saber si están siendo víctimas de alguno de esos crímenes, o qué hacer cuando les agreden. 

Esto último es un grave problema, señaló una de las asesoras jurídicas de la Red de Abogadas Violeta, Teresa Carballo Díaz: las personas violentadas generalmente no conocen cuáles son sus derechos, ni los procedimientos para denunciar los delitos. 

Por ejemplo, no saben que tienen derecho a una o un abogado gratuito, que pueden pedir medidas de protección, exigir una copia de la denuncia y ser inscritas en el Registro Estatal de Víctimas para acceder al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y conseguir recursos para enfrentar las consecuencias del delito.  

Aunado a lo mencionado, están los problemas estructurales del sistema de justicia local: no hay suficiente personal ni los medios tecnológicos para atender los casos de manera eficaz y rápida. No todo el personal está capacitado para atender casos de violencia sexual, y no en todas las agencias del Ministerio Público hay peritos traductores para brindar atención a la población mayahablante, coincidieron Carballo  Díaz y Candelaria May Novelo, activista y directora del Centro Cultural y de Derechos Humanos “Casa Colibrí”.

Además, los niveles de impunidad en el país también han hecho pensar a la sociedad que los trámites no servirán para castigar al agresor, apuntó Carballo Díaz. Este punto se puede ilustrar comparando las cifras de denuncias por violencia sexual y las estadísticas de las carpetas que fueron judicializadas, es decir, fueron enviadas al Poder Judicial en los últimos cinco años, según la FGE. 

Por si todo esto fuera poco, las condiciones empeoraron durante la contingencia sanitaria, pues algunas dependencias mantenían un horario irregular, con personal de guardia. Y debido al confinamiento, muchas víctimas se vieron obligadas a convivir todos los días con sus agresores.

Por ello, las especialistas indicaron que urgen varias modificaciones en las dependencias para garantizar la justicia en los casos de violación y abuso sexual denunciados. La más urgente, es implementar medidas para dar a conocer a la población cuáles son sus derechos y cómo son los procesos de denuncia; así como contratar y capacitar mayor cantidad de personal. (Foto de archivo de Lorenzo Hernández)

*Los nombres fueron cambiados para proteger la identidad de la menor.