Otorgó la suspensión provisional para que ya no introduzcan más cerdos a la fábrica, por el riesgo que representa a los derechos de la infancia y al medioambiente.

Por Redacción

Mérida, Yucatán, 14 de diciembre de 2023.-El Instituto Federal de Defensoría Pública informó que una Jueza federal otorgó una suspensión provisional tras el amparo presentado por 30 niñas, niños y adolescentes, por lo que se determinó la inmediata paralización de operaciones de la granja porcícola que contamina a la comisaría meridana de Santa María Chi.

Con esta medida cautelar, dictada por la Jueza del Cuarto Distrito de Mérida, dicha fábrica ya no podrá introducir más cerdos.

La Defensoría Pública, que acompaña jurídicamente a la comunidad de Santa María Chi en su lucha contra la megagranja, indicó que el  pasado 28 de noviembre niñas, niños y adolescentes de Santa María Chi presentaran una demanda de amparo en contra de la Semarnat, Profepa, Conagua, el gobernador de Yucatán,  la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), el Alcalde de Mérida y la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento, por la operación y funcionamiento de la granja de cerdos denominada «Granja Porcícola Santa María» que alberga aproximadamente 42 mil cerdos desde hace 30 años.

La jueza admitió la demanda y concedió la suspensión provisional para que las autoridades responsables ordenen la inmediata paralización de operaciones de la citada granja, lo que incluye detener la introducción de más cerdos al lugar.

También se llamó a juicio como terceras interesadas a las empresas «Pecuaria Peninsular S.P.R de R.L de C.V.», «Chumoxil, S.A de C.V.» y a «Grupo Porcícola San Gerardo», cuyos representantes legales son Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz, quienes son los encargados de que opere y funcione la citada granja.

Como se sabe, Santa María Chi pertenece a Mérida y forma parte de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes, la cual es la más importante de aguas subterráneas a nivel internacional; además, alrededor de dicha comunidad se ubican otros lugares ecosistémicos que brindan diversos servicios ambientales, tal es el caso de la aguada de Sitpach, el cenote Xpuchil y el cenote el Altillo, los cuales se han visto afectados por la operación de la granja porcícola.

En la demanda de amparo se reclaman violaciones al derecho a la salud, al agua, al medio ambiente sano y a los principios en los que se fundamenta este derecho, como lo son: el principio de prevención, el principio de precaución, el principio in dubio pro natura, el principio de participación ciudadana, el principio de no regresión y el principio de equidad intergeneracional; así como también, el derecho a la consulta indígena y al consentimiento previo, libre e informado y los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, todos estos derechos relacionados fundamentalmente con el principio del interés superior de la infancia y adolescencia.

En ese sentido, en la suspensión concedida, la Jueza Federal reconoció «el interés legítimo de los niños, niñas y adolescentes para reclamar la operación de la granja porcícola, ya que esta afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico».

Aunado a lo anterior, la Jueza fue enfática en señalar que existe un peligro inminente de que, “al continuar ejecutándose el acto reclamado, se provoquen perjuicios de difícil reparación para los quejosos, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles».

Asimismo, la juzgadora reconoció que es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, lo que indica la presunción de que existe un riesgo inminente de afectación al medio ambiente y desequilibrio ecológico grave.

Dicha determinación provisional fue confirmada por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito el pasado 6 de diciembre, en la que además ordenó que las autoridades responsables deben realizar las visitas a la granja aludida para verificar el cumplimiento de la suspensión provisional y remitir a la juzgadora federal las constancias que acrediten esa situación.

Por cierto, el próximo 18 de diciembre se llevará a cabo la audiencia incidental en donde la Jueza definirá si mantiene la suspensión definitiva mientras se resuelve el amparo presentado, por el riesgo que representa la operación de la granja a los derechos de la infancia de Santa María Chi.

Como hemos dado seguimiento, pobladoras y pobladores de esta comisaría llevan varios meses protestando en contra de la operación de esta granja de cerdos, debido a los malos olores que genera y porque contamina su agua y al medioambiente, además de que provoca problemas de salud.