La titular del Juzgado Tercero de Distrito, Karla Alexandra Domínguez, concedió una suspensión provisional para proteger a 16 mujeres que se dedican al trabajo sexual y que presentaron un juicio de amparo en contra de la Policía de Mérida.

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 24 de agosto de 2020.- La jueza federal Karla Alexandra Domínguez Aguilar otorgó una suspensión provisional para que la Policía de Mérida no pueda detener a trabajadoras sexuales del Centro Histórico, en cuanto se resuelva un juicio de amparo que presentaron 16 mujeres que han sufrido hostigamientos por parte de los uniformados.

Con esta medida, la titular del Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán estableció que no se aplique el articulo 15 del Reglamento Municipal de Policía y Buen Gobierno de Mérida, modificado el año pasado, el cual prohíbe el trabajo sexual en la vía pública.

“Con esta suspensión, la Policía Municipal ya no podrá realizar detenciones arbitrarias de las trabajadoras sexuales y tendrán que parar los operativos en contra de ellas, que han estado realizando desde hace varios días”, explicó el abogado del Equipo Indignación, Jorge Fernández Mendiburu, quien junto con la asociación Unasse  está acompañando a estas mujeres en el proceso jurídico.

El activista explicó que presentaron un juicio de amparo –el cual ya fue aceptado por la jueza Domínguez- para reclamar las acciones de la Policía de Mérida en contra de las trabajadoras sexuales, en especifico porque las detienen arbitrariamente, persiguen, hostigan, extorsionan, además de que hay reportes de robo y abuso sexual. Estos casos han sido documentados por Haz Ruidoen diversas notas periodísticas. 

El recurso también impugna el articulo 15 fracción VI del mencionado reglamento, el cual criminaliza la prostitución, y del cual se basan los policías para detener a dichas mujeres. 

En cuanto se resuelve el juicio, la jueza concedió la suspensión provisional, por lo que la corporación ya no podrá detenerlas. “Y es un mandato judicial, a diferencia de las medidas cautelares, no queda a libre albedrío de los policías, es decir, están obligados a obedecerlo. De no hacerlo, estarían cometiendo un delito”, precisó Fernández.

El abogado adelantó que entregarán las copias de esta suspensión a las 16 mujeres que presentaron el recurso, para que puedan trabajar sin problemas y en su caso, se las muestren a los policías si las vuelvan a amenazar. 

El mismo documento ya fue entregado al Ayuntamiento de Mérida, a la Policía Municipal y a su comandante Mario Arturo Romero Escalante, así como al alcalde Renán Barrera Concha.

“En la suspensión, la jueza hace aseveraciones importantes, pues recalca que las mujeres acuden a efecto de defender su derecho a un trabajo lícito, el cual desarrollan de forma personal y voluntario  a cambio de una remuneración económica. Es decir, da validez al ejercicio del trabajo sexual, lo reconoce como un trabajo que tiene que ser respetado”, explicó Fernández Mendiburu.

Agregó que se trata de un mandato clarísimo a la Policía de Mérida para que no pueda detener a las trabajadoras sexuales en aplicación del controvertido reglamento, y se demuestra que sus operativos se realizaron desde la ilegalidad.