La Asamblea Múuch’ Xíinbal recalcó que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio

Por Herbeth Escalante

Mérida, Yucatán, 27 de octubre de 2021.- Luego de que el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, declaró en el Senado que tienen identificadas a las personas y asociaciones detrás de los amparos en contra del Tren Maya, la Asamblea Múuch’ Xíinbal advirtió que sus dichos suenan a amenazas siniestras y criminales que de nuevo los pone en una situación del vulnerabilidad.

Como se sabe, durante su comparecencia ante senadoras y senadores, dicho funcionario federal dijo que 327 personas han interpuesto 25 amparos contra el proyecto y señaló que 49 personas físicas y morales se repiten en todos los amparos. Incluso enfatizó que se tienen identificadas a seis organizaciones de la sociedad civil detrás de estos.

Al respecto,  Múuch’ Xíinbal indicó que la sombra del “sospechosismo” aflora en cada palabra de Jiménez Pons y que suena siniestro. Recalcó que una vez más se demostró que el Gobierno federal diariamente ejerce descalificación y amedrentamiento en contra de quienes luchan por la defensa de su territorio.

“Responsabilizamos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su subordinado y patético director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, de cualquier amenaza, percance o daño físico que pudiera ocurrirle a cualquier integrante de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal, pues otra vez sus declaraciones nos ponen –con toda intención criminal– en una situación vulnerable”, sostuvo la agrupación en un comunicado.

La Asamblea recordó que ha recurrido a la defensa legal de su territorio y de sus derechos con los mecanismos y herramientas que la misma ley y el sistema de justicia les otorga. Por eso mismo han solicitado la protección del amparo y pidieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares, pues se enfrentan a la imposición y presión de dicho megaproyecto.

Y una vez más exigió la cancelación Tren Maya porque es un proyecto mal concebido, mal diseñado, mal ejecutado –técnica, política, socialmente–, corrupto, corruptor y transgresor de los convenios internacionales contra el etnocidio.